En un mundo en el que 250 millones de
personas consumen alguna droga, la regulación es una estrategia de las naciones
para administrar el riesgo que representa la ilegalidad. De acuerdo con
Comisión Global de Política de Drogas, este tipo de estrategias reducen los
daños que pueden causar tanto en los consumidores como los productores, y es
una potencial herramienta para debilitar al crimen organizado.
El estudio
“Regulación: El control responsable de las drogas”, recomienda que las naciones reconozcan los peligros que la ilegalidad
de las drogas representan en las personas y aceptar que poner en marcha una
estrategia de regulación “no implica admitir una derrota ni condonar el uso de
drogas”.
La prohibición de las drogas en
México ha generado más violencia, además de la criminalización y represión de
los consumidores. De
acuerdo al informe de la Comisión cualquier reforma de la política de drogas
debe tener al sector salud como protagonista.
Estos son 5
puntos a favor de la regulación, según los especialistas:
Escrutinio
de producto, venta y acceso.
Una regulación de la droga podría
llevar a un escrutinio de los productores y de la misma sustancia: los precios,
la potencia, el empaquetado y la preparación de productos, dice el informe.
Así, los productores pueden recibir
concesiones, ser monitoreados y entrenados, mientras que se puede establecer un
orden para la comercialización, promoción, ubicación, presentación y las horas
de venta.
“El acceso y la disponibilidad pueden
regularse, obviamente en términos de control de la edad, pero también
incluyendo opciones como licencias de compradores o esquemas de membresías para
clubes, y modelos de prescripción médica”, detalla el texto.
Reducción de
daños al consumidor.
El informe señala que las drogas con
potencias desconocidas se venden y consumen en un ambiente criminal sin ningún
control de calidad. Además, algunas veces se anuncian como cosas que no son y
están desprovistas de información básica.
Por ello,
detalla el texto, el poner a los
gobiernos y las agencias regulatorias de vuelta en control de este mercado
puede reducir significativamente los riesgos para los consumidores.
Debilitar al
crimen organizado.
La prohibición ha puesto a las
organizaciones criminales en control del comercio ilegal de drogas, y el
retomar el control de este mercado para desempoderar al crimen organizado sigue
siendo una motivación central para la regulación, según los especialistas.
Esto significa restringir una de las
más amplias y accesibles oportunidades criminales, que se traduce no solo a los
criminales existentes, sino significativamente a las generaciones criminales
futuras.
“Terminar con la prohibición brinda
la posibilidad de desviar a millones de potenciales productores de drogas,
jóvenes traficantes y comerciantes de un estilo de vida criminal peligroso y
destructivo”.
El mercado
ilegal alimenta la corrupción y la violencia.
La producción y el tráfico ilegal de
drogas, añade el informe, están despiadadamente motivados por las ganancias,
pero una parte fundamental es la falta de restricciones, la rendición de
cuentas y las instituciones que guían a las economías legales.
“Las organizaciones delictivas
flexibles y oportunistas se sienten naturalmente atraídas por las comunidades
empobrecidas, los estados frágiles o los países sensibles a la corrupción. Aquí
las amenazas a su negocio por parte del estado se pueden mantener más
fácilmente al límite, se minimizan los costos de producción o tránsito y se
maximizan los beneficios”, añade.
Menos
violencia y abusos contra derechos humanos.
Para los
especialistas, la intensificación de la
aplicación de políticas prohibicionistas solo sirve para desplazar la actividad
ilegal, aumentar la criminalización y el encarcelamiento y, “en particular
cuando está militarizado, aumentar los niveles de violencia relacionada con las
drogas y abusos contra los derechos humanos”.
Actualmente, dice el informe, las
personas involucradas a pequeña escala en actividades no violentas relacionadas
con la producción, el tránsito y la venta de sustancias psicoactivas “sufren
sentencias extremadamente desproporcionadas” y
pueden correr el riesgo de la pena capital o penas de prisión más largas
que las que se otorgan por crímenes violentos.
“El disfrute de los derechos humanos,
el desarrollo sostenible y la cohesión social exigen sentencias proporcionales,
alternativas al encarcelamiento o amnistía, especialmente cuando se establecen
medidas políticas y económicas para permitir que estos delincuentes se unan al
mercado laboral legal”, añade.
México
siguió una “política equivocada”
Durante la
presentación del informe, el expresidente mexicano Ernesto Zedillo admitió que
durante su gobierno, de 1994 a 2000, siguió una “política equivocada” al optar
por la prohibición de las drogas en lugar de la regulación.
Zedillo dijo
que las políticas prohibicionistas basadas en la represión y la criminalización
dejaron un “resultado devastador” en muchos países.
“Estas
políticas han fracasado rotundamente y prácticamente en todos los lugares en
los que se han aplicado”, dijo y añadió que se incrementaron los problemas de
salud pública y violaciones de derechos humanos”.
De acuerdo al estudio, la prohibición
de las drogas en México ha tenido efectos devastadores en México: “Como
política, ha fracasado para proteger la salud pública o individual y en cambio
ha socavado las instituciones del Estado”.
Uno de los principales problemas es
que las personas que usan drogas son tratados como delincuentes. Aunque el uso
de sustancias prohibidas no es un delito, la posesión sí lo es.
“Esto significa que, en la práctica,
las personas que las consumen son criminalizadas”, detalla el análisis.
La Ley de Salud de México señala que
la posesión de hasta 5 gramos de marihuana, 0.5 gramos de cocaína, 50
miligramos de heroína, 40 miligramos de metanfetaminas o 2 gramos de opio, es
un delito que debe ser llevado al ministerio público, esto es “la excusa para llevar a los usuarios al
sistema penal”, dice
el informe.
¿A quiénes
ha afectado la prohibición?
En México, la política de la prohibición afecta más
a ciertos grupos: mujeres, hombres jóvenes de las zonas suburbanas pobres y los
campesinos, son los que más han sufrido la criminalización. Esto, dice el
estudio, “tiene efectos devastadores en sus familias y comunidades, pero hace
poca diferencia en el mercado ilegal”.
En el caso de los campesinos, el
análisis detalla que las comunidades agrícolas dedicadas al cultivo de la
amapola y la marihuana generalmente se encuentran en regiones rurales muy
pobres del país, por lo que los cultivos ilícitos son una forma de obtener ingresos.
“La erradicación de estos cultivos se
realiza con el uso de pesticidas peligrosos que contaminan las fuentes de agua,
los animales y, a veces incluso los cultivos legales, causando daño a las
fuentes de alimentos de esas comunidades”, explica.
Qué debe
incluir una política de drogas para México.
La reforma de la política de drogas
debe buscar resolver los problemas que ha provocado la prohibición: violencia,
violaciones sistemáticas de los derechos humanos, desplazamientos forzados y
criminalización de las personas que usan drogas. Además de prevenir y atender
los daños a la salud resultado del uso problemático de las drogas.
“Los derechos humanos y la salud
pública deben ser los dos pilares esenciales del nuevo paradigma. La
prohibición debe ser descartada y reemplazada por la regulación”, recomienda el informe.
Debe cubrir
seis puntos:
Derecho a la
salud: El Estado tiene la obligación de
proporcionar tratamiento seguro y voluntario para los casos de uso
problemático, así como un marco regulatorio que permita a las personas que usan
drogas tengan un acceso a las mismas informado y seguro.
“Los daños a la salud que resultan de
la violencia que conlleva la prohibición superan con creces los causados por el
uso de drogas ilícitas, especialmente cuando se adoptan medidas más estrictas
para hacer cumplir la prohibición”, detalla el informe.
El derecho al libre desarrollo de la
personalidad: La protección de la decisión individual de usar drogas debe ser
un principio básico que guíe la política de drogas. Se debe sustituir la
prohibición por la regulación. Además de proporcionar condiciones para que las
personas puedan tomar decisiones informadas sobre el uso de drogas, así como
mecanismos para tener acceso seguro a ellas.
Políticas adaptadas por y para las
comunidades locales: La regulación de las drogas debe adaptarse a las
necesidades específicas de cada comunidad, además de que la comunidad participe
en la definición de esas necesidades e intervenciones.
Acceso efectivo a la información,
medicinas y tratamiento: El Estado debe ofrecer estos servicios que deben ser
de uso voluntario, gratuitos, laicos y de acceso universal.
Diversificación y revisión de las
leyes y políticas públicas: Sustituir la prohibición, criminalización,
penalización y uso de la fuerza por la regulación, debe comprender una
supervisión independiente y estricta, así como la evaluación periódica de los
resultados de las nuevas intervenciones.
Regulación y derecho internacional:
Pese a que México ha firmado las convenciones prohibicionistas de la ONU, la
regulación de las drogas es una obligación constitucional en México. La
política de drogas de México debe basarse, ante todo, en los derechos humanos.
El informe concluye que la educación y la prevención
deben ser el centro de la política de drogas, además de proporcionar
información sobre los riesgos de su consumo.
“La opinión pública necesita
considerar el uso de drogas como un problema de salud pública, no penal. El
gobierno debe promover una campaña de desestigmatización para que las personas
que usan drogas no sean criminalizadas o rechazadas”, recomiendan los expertos en el
informe.
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