La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha impuesto desde diciembre de 2016 hasta
la fecha sanciones por más de mil 86 millones de pesos y mantiene en revisión
la evolución patrimonial de 14 funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex)
relacionados con el caso Odebrecht.
La SFP, a través de sus redes sociales, hizo un balance de ese caso desde que “se tuvo conocimiento de la
investigación a la empresa brasileña, a partir de una resolución de la Comisión
de Cambios y Seguridad de Estados Unidos” (SEC, por sus siglas en inglés).
Recordó que se enteró del asunto el 22 de diciembre de 2016 y
desde entonces se inició una auditoría transversal en la Administración Pública
Federal para identificar a las filiales de la compañía brasileña en México y
revisar los contratos de ésta con Pemex.
Como parte de la auditoría se identificaron 21 filiales de
Odebrecht que han operado en México, cuatro de las cuales fueron inhabilitadas,
al igual que dos de sus representantes de Pemex, además de que se emitieron dos
sanciones contra un funcionario de esta empresa productiva del Estado por pagos
excesivos.
Detalló que “con las
inhabilitaciones, las filiales de Odebrecht están impedidas para participar en
cualquier procedimiento de contratación pública en México” y el país es el
primero en inhabilitar a la compañía.
Sin embargo, la
dependencia federal admitió que el embargo de bienes y derechos de cobro contra
Odebrecht que solicitó al Servicio de Administración Tributaria sigue en
litigio.
De acuerdo con la SFP,
aún están en desahogo dos procedimientos de responsabilidad que se prevé
concluyan, dentro de los márgenes de la ley, antes del 30 de noviembre.
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