Javier Risco.
En la memoria de los escándalos de
este sexenio nos quedarán los increíbles casos de corrupción, como el del
exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y su voracidad por el dinero, que lo
llevó a desviar miles de millones de pesos a través de una cínica triangulación
con empresas fantasmas; tendremos los excesos de Roberto Borge, el exgobernador
de Quintana Roo, virrey que quiso hacer suyo cada metro cuadrado del estado, se
apropió de tierras, playas, hoteles y lo que se le pusiera enfrente; seguiremos
la investigación del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, cuyo rancho
personal era más grande que la capital del estado; se sumará a la memoria
Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora; Tomás Yarrington, exgobernador de
Tamaulipas, y varios más, pero hay uno que se ha escapado de la lupa mediática,
de la memoria nacional, que desaparece de estos recuentos de corruptos
ejemplares. Hablo del caso de Nayarit.
¿Usted recuerda el nombre del
exgobernador de este estado? ¿Recuerda la historia del fiscal? ¿Sabe dónde
están el exgobernador y el fiscal en este momento? ¿Le suena el nombre de Edgar
Veytia? Se nos ha ido de la agenda y hemos dejado de lado lo que yo considero
uno de los escándalos en el tema de seguridad más graves del sexenio que acaba.
¿Por qué nadie habla de Veytia y de
lo que dice de nuestra seguridad nacional que alguien con esas acusaciones
estuviera en el primer círculo del gobierno?
Empecemos
refrescando la memoria: Edgar Veytia es
el exfiscal del estado de Nayarit. Fue responsable de la seguridad de un millón
200 mil mexicanos desde 2013, y estuvo presente en Consejos de Seguridad de
alto nivel de manera frecuente.
Este hombre le dio la mano al
presidente de la República; diseñó estrategias contra el crimen organizado
junto al entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; se
sentó con procuradores generales; conoció planes de la Secretaría de Marina y
de la Secretaría de la Defensa Nacional; a su cargo tenía cientos de policías
estatales y manejó millones del presupuesto de seguridad.
De ese tamaño era Edgar Veytia, el
exfiscal que fue detenido el 29 de marzo de 2017 en San Diego, California, y
fue acusado por la Fiscalía General de Estados Unidos de tres cargos de
conspiración para introducir y comercializar cocaína, mariguana, metanfetaminas
y heroína en Estados Unidos, actividades que habría realizado al amparo de la
protección del cártel de Los Dámaso, una organización del Cártel de Sinaloa
Al fiscal, a
la mano derecha del gobernador de Nayarit, le llamaban El Diablo. Hoy enfrenta
un largo proceso en Estados Unidos como lo hacen miembros élite de grupos del
crimen organizado que, por más de una década, les han quitado el sueño a
millones de mexicanos.
De Roberto Sandoval hace unos días
apareció una nota perdida en los portales, así lo firma una nota de Proceso:
“Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador de Nayarit, fue inhabilitado durante
un plazo de 12 años, 10 meses y 15 días para desempeñarse en cualquier cargo
del servicio público.
“La medida fue aprobada anoche por la
sección instructora de la Comisión Especial de Gran Jurado, por incurrir en
violaciones a la Constitución estatal y por manejo indebido de recursos
públicos”.
La nota pasó
casi desapercibida en la conversación nacional, pero se trata de uno de los casos que deberían ser escándalo y que
entre tanta y tanta tragedia y tanta impunidad, quedó rebasada.
La sanción a Sandoval, gobernador que
permitió a Veytia entrar a los círculos más confidenciales de la seguridad
nacional, no implica un ejercicio de la acción penal que lo lleve a un proceso
judicial. Es sólo no
permitirle ejercer un cargo público hasta 2031. Aunque si fuera verdad la acusación del desvío de 2, 700 millones de
pesos, dudo que el desempleo sea su mayor preocupación. Y eso si tiene alguna,
porque de algo está seguro Sandoval: estando en México no será juzgado como lo
está siendo su exfiscal Veytia, porque aquí se acumulan tragedias e impunidad.
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