El Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI) instruyó a la
Procuraduría General de la República (PGR) asumir competencia, buscar y
difundir la información sobre 12 causas penales, el nombre de las 15 personas
sobre quiénes la autoridad jurisdiccional ejerció facultades y decretó una
sentencia condenatoria irrevocable por el delito de operaciones con recursos de
procedencia ilícita, entre 2007 y 2015.
Al presentar
el asunto ante el pleno, el comisionado Oscar Guerra Ford destacó que es incuestionable que la PGR conoce las sentencias del
Poder Judicial de la Federación, ya que la Ley establece que ningún veredicto
se puede ejecutar sin que sea notificada la PGR.
Un
particular a través de la solicitud 0001700100818 pidió conocer el nombre de las personas sentenciadas por el delito de
operaciones con recursos de procedencia ilícita, argumentando que fueron
encontradas culpables y condenadas, por lo que no se actualiza la protección de
sus datos personales.
La PGR
respondió a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de
Delincuencia Organizada (SEIDO), que
está imposibilitado para proporcionar los datos requeridos, por tratarse de
información contenida en resoluciones o laudos de procedimientos seguidos en
forma de juicio, procesos de los que sólo formó parte y no actuó como
autoridad. Sugirió presentar la solicitud ante el Consejo de la Judicatura
Federal.
La
particular interpuso un recurso de revisión ante el INAI, en el que manifestó
que, si bien la información sobre sentencias
está a cargo de los órganos jurisdiccionales, a la PGR le corresponde conocer
de lo requerido, ya que se trata de personas sentenciadas que formaron parte,
primero de una carpeta de investigación y después se les consignó ante la
autoridad judicial.
“En el
análisis del caso, a cargo del comisionado Oscar Guerra Ford, se encontró que el sujeto obligado sí tiene
conocimiento de las resoluciones o sentencias que dicte el órgano
jurisdiccional, ya que para que éstas causen estado y se ejecuten, siempre se
le deben notificar al Ministerio Público o a quien corresponda. Además, entre
otros datos, contienen el nombre y apellidos del acusado”, expresó el INAI.
La propia PGR respondió a la
solicitud diversa 0001700100818 que a 15 personas se les impuso una sanción
condenatoria irrevocable por el delito de operaciones de recursos de
procedencia ilícita, la causa penal, el juzgado que llevó el proceso penal, el
circuito, el cartel al que pertenecían, la fecha en que se les emitió sentencia
(2007-2015) y las penas impuestas.
El INAI determinó que no resulta procedente
clasificar por confidencialidad el nombre de las personas sentenciadas en cada
una de las causas penales, toda vez que la autoridad determinó la culpabilidad
de la comisión de un delito, que es irrevocable y ya causó estado.
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