Representantes de organizaciones no
gubernamentales defensoras de los derechos humanos hacen un balance de las
acciones del gobierno saliente en la materia. Su conclusión es que, debido a su
intolerancia a la crítica y el afán de resolver sólo las crisis de imagen y no las
de fondo, Enrique Peña Nieto deja una herencia desastrosa.
En el ocaso
de la administración de Enrique Peña Nieto, representantes de las
organizaciones no gubernamentales Amnistía Internacional (AI) y Open Society
Justice Initiative alertan sobre su
“legado catastrófico y sangriento” en materia de derechos humanos, así como el
papel de “simulación sin precedentes” para tratar asuntos que por su gravedad
tuvieron un fuerte impacto mediático, como el caso Ayotzinapa.
La desaparición forzada de los 43
normalistas dejó un sello indeleble en el gobierno de Peña Nieto y fue tema de
una serie de videos producidos por la Presidencia para promocionar el Sexto
Informe de Gobierno, en un intento fallido de desvincular al mandatario de
cualquier responsabilidad en la nula aplicación de la justicia –prácticamente
una reedición del llamado a “superar” el dolor por la tragedia que el
presidente hizo en diciembre de 2014 en una gira por Guerrero.
Peña Nieto selló su vínculo con la desacreditada
“verdad histórica” en un video de dos minutos. En éste señala a los padres y
madres de los estudiantes desaparecidos por su “negativa y el rechazo” a
“aceptar los alcances de la investigación realizada por la Procuraduría General
de la República”, y reitera que los jóvenes fueron incinerados en el basurero
de Cocula por “un grupo delincuencial que operaba en el estado de Guerrero”.
El video, transmitido en vísperas del
Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada y a cinco días de que
representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
acudieran a la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa a presentar su informe
sobre el caso, fue considerado por los familiares de los 43 como una nueva
afrenta del gobierno saliente.
Por ese motivo emitieron comunicados
para recordar que la versión oficial ha sido desenmascarada por instancias
internacionales como la CIDH, el Equipo Argentino de Antropología Forense
(EAAF), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(ONU-DH) y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en
Reynosa, Tamaulipas.
Administración
intolerante.
En
entrevistas por separado, Ericka Guevara Rosas, directora de AI para América
Latina, e Ina Zoon, representante de Proyectos en América Latina de Open
Society Justice Initiative, coinciden en
que la transmisión del video muestra la lamentable conducción del gobierno de
Peña Nieto en materia de derechos humanos.
“Al ser un video que reafirma y
confirma lo que se conoce como ‘la verdad histórica’ de este gobierno, que ha
sido cuestionada y desafiada por múltiples organizaciones, organismos
internacionales y expertos independientes… no sólo deja sin verdad, sino sobre
todo sin justicia ni reparación, a las víctimas y a sus familias”, sostiene Guevara Rosas.
Además, advierte, el video refleja “la intolerancia
a la crítica” del gobierno federal que se hizo evidente hacia el GIEI y antes
hacia el relator sobre Tortura de la ONU, Juan Méndez. En el caso de los
expertos designados por la CIDH, señala la activista, “fueron víctimas de
campañas de desprestigio, con mecanismos de protección nulos por parte de las
autoridades, con limitaciones al ejercicio de sus funciones, que eran también
un síntoma claro de cómo este gobierno pretendía ocultar la verdad: por un
lado, la violación a derechos humanos, y por el otro, reaccionaron para manejar
la crisis mediática, pero no la crisis verdadera, que es la situación de los
derechos humanos”.
Guevara
Rosas acota que la crisis en esta
materia “sin duda venía de años atrás”, pues Peña Nieto recibió al país con un
registro de 22 mil personas desaparecidas, pero durante su mandato “lo único
que hizo fue casi duplicar esa cifra, con más de 37 mil desaparecidos en 2018…
El legado que deja el presidente Peña Nieto es catastrófico y sangriento”.
(Fragmento
del reportaje especial publicado en Proceso 2183, ya en circulación)
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