Los
senadores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal
Ávila, Olga Sánchez Cordero y Julio Menchaca Salazar, presentarán una iniciativa para evitar que el personal de la
Procuraduría General de la República (PGR) tengan un “pase automático” a la
Fiscalía General de la República (FGR), en caso de reprobar las evaluaciones de
confianza.
Lo anterior forma parte del proyecto
de decreto para la creación de la Ley Orgánica que regirá a la nueva Fiscalía,
y que se discutirá durante la sesión del día de hoy en la Cámara Alta.
A diferencia
de la propuesta de Morena presentada hace 15 días, ésta incluye un nuevo candado para el ingreso del personal, que
buscaría atender algunas de las preocupaciones expresadas por organizaciones de
la sociedad civil.
El decreto abrogaría la actual Ley
Orgánica de la PGR y establece los términos administrativos y organizativos que
regirán al nuevo órgano de procuración de justicia.
Dentro de la
propuesta se establece que el personal
adscrito a la PGR que no apruebe los procesos de selección “dejarán de formar
parte de la Fiscalía General de la República”.
Hasta ese momento, todos los
integrantes de la plantilla conservarán sus derechos laborales adquiridos y
“tendrán derecho a participar en el proceso de selección para acceder al
Servicio Profesional de Carrera” de la Fiscalía.
Apunta que también se les garantizará “acceso a los
programas de formación, entrenamiento, fortalecimiento de capacidades y
evaluación durante el periodo de transición”.
En caso de no querer ingresar al
nuevo servicio profesional o de no pasar las pruebas, se les resguardarán sus
“condiciones dignas y apegadas a la ley para la liquidación del personal
adscrito a la PGR”.
OTRAS
DISPOSICIONES.
La propuesta
de los senadores del partido marrón mantiene
la disposición para que fiscales, policías de investigación, analistas,
auxiliares y peritos; además del personal profesional, técnico y
administrativo, sea sometido a las nuevas disposiciones.
Por otro
lado, el nuevo Fiscal contará con 180
días para nombra a los titulares de las fiscalías especializadas, se
garantizará los principios de equidad, igualdad y no discriminación entre
hombres y mujeres, y se determinará los tipos de casos que la nueva instancia
podrá investigar.
Pese a las
modificaciones, organizaciones civiles
han llamado a realizar una modificación a la Constitución para eliminar el
llamado “pase automático” de todo el personal, incluido el titular de la PGR, a
la nueva Fiscalía.
Sin embargo,
hasta el momento, Morena no ha planteado
algún cambio en la Carta Magna y sólo lo ha impulsado desde la Ley Orgánica de
la PGR.
LAS
PROPUESTAS DE AMLO.
Desde su
campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador anunció que de ganar las
elecciones, presentaría una lista de tres candidatos para ocupar el puesto de
Fiscal General.
“Los
fiscales anticorrupción y electoral van a ser gentes íntegras, de inobjetable
honestidad; lo mejor de lo mejor”, señaló López Obrador el pasado 7 de julio.
Los candidatos del ahora Presidente
electo serían: la Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
México, Eva Verónica de Gyves Zárate; el académico Juan Luis González Alcántara
Carrancá, y el ex Procurador General de Justicia del entonces Distrito Federal,
Bernardo Bátiz.
La selección, apuntó, se debió a que
son personas alejadas de la corrupción y con conocimiento de sus futuras funciones.
Sin embargo,
organizaciones civiles le han solicitado
modificar el Artículo 102 constitucional para garantizar la independencia del
Fiscal y que éste no sea designado por el Presidente de la República.
Incluso la Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex) inició la recopilación de firmas ciudadanas
para llevar una propuesta al Congreso en la cual se pide la aprobación de un
Fiscal de Transición y la garantía de las facultades necesarias para combatir
la corrupción.
Entre las modificaciones que se
buscan están la designación de un Fiscal de transición con duración de tres
años, cambios en los requisitos de las aspirantes y del proceso de selección,
así como el establecimiento de fiscalías especializadas independientes, entre
otros aspectos.
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