Dulce Olvera.
Durante el sexenio de Enrique Peña
Nieto, de 2013 a septiembre de 2017, la Secretaría de Economía dio 3 mil 190
concesiones mineras a empresas o prestanombres con vigencia de 50 años,
principalmente en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León,
Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Guerrero y Oaxaca,
revelan datos de su Dirección General de Minas (DGM).
En 2013 fue cuando más concesiones se entregaron:
1,052, y esto coincide con el máximo histórico alcanzado en Inversión Extranjera
Minera por 5 mil 565 millones de dólares, de acuerdo con la Cámara Minera de
México (Camimex).
Entre las
empresas extractivas que recibieron el derecho a la exploración y explotación
de los recursos minerales, de 2013 a 2017, destacan
Exploraciones Mineras Parreña y Fresnillo, de Grupo Peñoles (Alberto Baillères
González); Mineras del Norte, de Altos Hornos de México (Alonso Ancira
Elizondo), y de Grupo México (Germán Larrea Velasco), de acuerdo con una
revisión de SinEmbargo.
De todo el
territorio nacional, sólo el 30 por ciento ha sido explorado. Hasta diciembre
de 2016, hay un acumulado de concesiones de 25 mil 652, sobre todo en Sonora,
Durango, Chihuahua, Zacatecas y Coahuila, justo las entidades más productoras
de minerales, exponen cifras de la DGM.
“El
extractivismo minero en México, lejos de
acotar la brecha de la desigualdad económica y social, la hace más profunda ya
que se sostiene, en gran medida, en el ejercicio de un privilegio obtenido a
través de prácticas como la captura política [influencia de una(s) elite(s)
extractiva(s) sobre el Estado a favor de sus intereses y en detrimento del
interés general]”, expone Oxfam México en su estudio reciente “Minería y
Privilegios” que aborda las experiencias de despojo de bienes naturales a
comunidades indígenas y campesinas para instalar proyectos mineros.
“La riqueza que genera ha permitido
posicionar a tres empresarios mineros dentro de las personas más ricas del
país. Deriva de sectores privatizados y/o concesionados por el Estado, deriva
pues de bienes comunes que están siendo explotados en detrimento de la
mayoría”, agrega. Se refiere a Carlos Slim Helú (Minera
Frisco subsidiaria del Grupo Carso), Germán Larrea Velasco (Grupo México) y
Alberto Baillères (Industria Peñoles subsidiaria del Grupo BAL)”.
LOS
PRIVILEGIOS DE LA LEY MINERA.
La serie de privilegios del
extractivismo minero ha alentado la expansión de esta actividad en México,
alerta Oxfam.
La minería, a través de las
concesiones otorgadas por el Gobierno federal, ha crecido de manera acelerada
en los últimos años: de 2000 a 2010 se extrajo de México el doble de oro que a
lo largo de 300 años de conquista y coloniaje, documenta en el informe
referido.
“En México, esta industria se
favorece de la existencia de actos de corrupción en el sector minero mexicano,
abusos de autoridad, falta de inclusión de las comunidades y sus pueblos indígenas,
conflictos sociales, pérdidas del erario público y del patrimonio nacional, así
como capital humano en riesgo y mal remunerado”, advierte “Minería y Privilegios”.
La
organización alerta sobre el denominado
“mercado de concesiones”, el cual vulnera el derecho de los pobladores al
decidir sobre el futuro de los territorios que habitan. En la lista de
concesiones otorgadas por la Secretaría de Economía, además de empresas,
figuran cientos y cientos de nombres de particulares. Son prestanombres (de empresas)
o especuladores.
La Ley
Minera (1992) plantea que la vigencia de
una concesión es de 50 años, con la posibilidad de prorrogarla otros 50 más, y
estipula que el titular de una concesión tiene el derecho a intercambiar o
venderla a un tercero.
Esto ha generado el surgimiento de
empresas menores que se dedican a adquirir concesiones para realizar
actividades de exploración, y, una vez detectada la existencia de minerales en
una cantidad que se vuelva rentable, venden la concesión a una empresa más
grande que tiene capitales suficientes para realizar la explotación.
En 23 años, el valor de la producción minera aumentó
986 por ciento al pasar de 50 mil millones a 543 mil millones de pesos en 2016.
Pero el sector solo aporta el 4 por ciento del PIB nacional ya que hasta 2013
–antes de la reforma a la Ley Minera– no se cobró ningún tipo de impuesto o
regalía por la producción a boca de mina, y esto se tradujo en acumulación de
riqueza.
Asimismo, la Ley Minera está por encima de la
legislación ambiental y de aguas nacionales. “Esto explica que las instancias
gubernamentales toleren que empresas mineras que ocasionan desastres
socioambientales, como los casos Río Sonora, Chalchihuites, Salaverna, entre
otros, aún operen a pesar de que se considera a la minería como una actividad
que puede ocasionar desequilibrio ecológico”, dice.
De empresas
extranjeras, de la década de los 90 a la
fecha hay 947 proyectos, de los cuales casi 700 proyectos (el 76 por ciento)
son canadienses, destacan datos de la Subsecretaría de Minería. Pasaron de 21
operantes en 1990 a 2 mil 175 en 2016, un incremento de 10 mil 257 por ciento.
A nivel
mundial, por encima de Chile y Perú, el
país es el primer destino en inversión en exploración minera en América Latina,
“gracias a que las empresas encuentran las siguientes ventajas: derechos de
propiedad seguros, impuestos bajos, leyes ambientales flexibles, mano de obra
barata y procedimientos administrativos simplificados”, expone Oxfam
México.
Ocupa el primer lugar en la
producción de plata y el segundo sitio en fluorita. Las principales mineras
productoras de plata son Pan American Silver (Canadá), Grupo México y First
Majestic Silver (Canadá). Mexichem (México de Antonio del Valle Ruiz) es la
única que produce fluorita.
Respecto al oro, producen más Minera
Frisco (México de Carlos Slim Helú), Pan American Gold (Canadá) y Fresnillo
(México). Y el cobre es más producido
por Grupo México, cuya minera Buenavista del cobre protagonizó en agosto de
2014 un derrame tóxico sobre ríos de Sonora que a la fecha han causado daños a la
salud de los habitantes.
LOS GOLPES
DE LA MINERÍA.
Durante este
sexenio comunidades y organizaciones civiles e internacionales han alertado
sobre violaciones a derechos humanos y al medio ambiente –como contaminación
del agua– durante las actividades extractivas de minerales.
El 51 por ciento de la superficie
nacional es poseído por núcleos agrarios. Las comunidades campesinas e
indígenas habitan los territorios que las empresas mineras insisten en
presentar como “vacíos” o con “vocación minera”, resalta el informe de Oxfam México.
Sin embargo,
cuando los hombres y mujeres defienden
su territorio y sus bienes comunes naturales (tierra, agua, viento, bosques y
minerales) contra la amenaza de la actividad extractiva, “están defendiendo
también prácticas organizativas, significaciones colectivas, vínculos,
relaciones de interdependencia”.
La
organización enfatiza que los
testimonios de quienes se oponen a la actividad minera o de quienes viven en
territorios con extractivismo minero dan cuenta de la enorme desigualdad legal,
económica, de acceso a la información y de ejercicio de derechos como la
consulta libre, previa e informada.
Sobre el impacto ambiental de la
minería, advierte que se asocia a cada una de las fases que componen el
proyecto: exploración, explotación, procesamiento del mineral y periodo de
postcierre de la mina. Pero las empresas mineras minimizan la importancia, y
evitan el diálogo y acceso a la información con poblaciones que pueden ser
afectadas, asegura Oxfam México. Y la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa) cuenta con 300 inspectores federales, un recurso humano muy
limitado frente a las más de 25 mil concesiones.
Pese a ello,
las reformas legales adoptadas por los
países de la región facilitan el acceso y la explotación de los bienes del
territorio por actores privados, dice. En el caso de México, la reforma al
Artículo 27 constitucional de 1992 abrió la posibilidad de privatizar, vender o
rentar las tierras campesinas poseídas bajo propiedad comunal o ejidal.
Ese mismo
año, hace 26 años, también se aprobó la
Ley Minera. En su artículo 6 establece el carácter de “utilidad pública” que
convierte a esta actividad como prioritaria frente a cualquier otra que se esté
realizando sobre cierta superficie de tierra, y la Ley de Inversión Extranjera
(1993) permite realizar inversiones en México a empresas con capital 100 por
ciento extranjero.
Entre los
derechos de los titulares de concesiones mineras, además de realizar
actividades de exploración y explotación, la
Ley Minera también les permite “disponer de los terreros que se encuentren
dentro de la superficie” y obtener “constitución de servidumbre” para las operaciones,
así como derecho a “el depósito de terreros, jales, escorias y graseros”, es
decir, desechos mineros. Asimismo, la
ley mexicana les permite “aprovechar las aguas provenientes del laboreo de las
minas”, aunque hay siete usos de agua más prioritarios que el uso en la
minería.
“Estas disposiciones generan una
relación asimétrica entre los derechos de los titulares de concesiones mineras
y los derechos de los propietarios de terrenos o los usuarios de fuentes
hídricas”, analiza
el estudio.
En general,
sintetiza la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, a diferencia de lo que ocurre en otros
países como Estados Unidos, el proceso de otorgamiento de concesiones en México
no requiere en ningún momento la realización de audiencias públicas, solo la
entrega de un informe de impacto ambiental a la Secretaría del Medio Ambiente
(Semarnat).
Pero,
expone, en muchos casos las comunidades
o grupos que viven en las inmediaciones de los proyectos mineros son los
últimos en enterarse de lo que se pretende hacer; pocas veces se les informa
sobre los procesos que se llevarán a cabo y la manera en que pueden afectar su
salud, sus actividades y sus bienes, y las autorizaciones establecen que la
propia empresa realice un monitoreo para detectar posibilidad de contaminación.
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