El gobierno de Enrique Peña Nieto,
cuyo sexenio fue marcado por sonados casos de corrupción –muchos de los cuales
permanecen impunes, como el pago de sobornos por parte de la empresa brasileña
Odebrecht–, se propuso hoy convertir a México en “un referente internacional”
para luchar contra el cohecho en el mundo.
Hace apenas
tres días, la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económico (OCDE) señaló en un informe que, en los
últimos 19 años, México no procesó ningún caso relacionado con el cohecho
internacional.
El organismo expresó su
“preocupación” ante tal inacción, “en especial por la orientación de la
economía mexicana hacia las exportaciones y porque éstas atañen a sectores
considerablemente expuestos a la corrupción, como los de industrias
extractivas, manufacturas y productos agrícolas”.
El gobierno
federal adoptó hoy el Protocolo Anti-cohecho,
que fue diseñado por cinco secretarías de Estado y el Poder Judicial, y
pretende mejorar la coordinación entre instituciones para luchar contra el pago
de sobornos internacionales a cambio del otorgamiento de contratos de obra
pública, ya sea de una persona o empresa extranjera en México, o de una persona
o empresa mexicana en otro país.
El acuerdo,
publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF), asegura que el Estado mexicano “cuenta con instituciones sólidas,
comprometidas con el combate a la corrupción, dispuestas a diseñar e
implementar estrategias para asegurar la detección, investigación, persecución
y sanción eficaz del cohecho internacional”.
Hasta la fecha, las mismas
instituciones “sólidas” y “comprometidas con el combate a la corrupción” no
esclarecen ni judicializan los sobornos millonarios que exdirectivos de
Odebrecht aseguraron haber pagado a Emilio Lozoya Austin mientras éste
coordinaba los asuntos exteriores en la campaña de Enrique Peña Nieto y
posteriormente, cuando dirigía Petróleos Mexicanos (Pemex).
Tampoco sancionaron ni informaron sobre
investigaciones a la empresa OHL, de origen español, cuyos directivos fueron
señalados en llamadas telefónicas por incurrir en conflictos de interés con
Gerardo Ruiz Esparza –el todavía secretario de Comunicaciones y Transportes–, y
con funcionarios del Estado de México.
Según la
OCDE, las autoridades mexicanas tienen
en curso cuatro investigaciones sobre cohecho internacional, por lo que el
organismo internacional urgió al gobierno a seguirlas de manera proactiva.
La Secretaría de la Función Pública
(SFP) resaltó que, para la lucha contra el cohecho, “se requiere de la
coordinación efectiva entre autoridades de procuración de justicia, de control
interno, así como de autoridades fiscales, de inteligencia y supervisión del
sector financiero, de actividades y promoción económica, y de relaciones
exteriores”.
La OCDE recordó en su informe que México “tiene el
nivel de percepción de la corrupción más alto” entre los países miembros de la
organización y que, si bien enjuició a dos mil 157 servidores públicos por el
delito de cohecho desde 2001, no procesó a ningún funcionario extranjero.
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