Álvaro Augusto Pérez Juárez,
presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino, regaló 16.6 millones
de pesos a magistrados y consejeros para facilitar su posible reelección este
año, dijeron a
SinEmbargo fuentes al interior de la
máxima sede judicial de la capital del país.
El mes pasado, los 79
magistrados –incluido Pérez Juárez– que componen el pleno del Tribunal y los
siete consejeros del pleno del Consejo de la Judicatura capitalino, recibieron
193 mil pesos por cabeza. Este “bono
sorpresa” les llegó a un mes de la conclusión del mandato de Pérez y a dos de
la elección del nuevo titular del Tribunal.
“Obviamente tuvieron su
golpe certero los 193 mil pesos”, dijeron las fuentes.
La semana pasada, 42 magistrados avalaron, por medio de una votación, que el
actual presidente del Tribunal pueda participar en las próximas elecciones. Con
esta mayoría –explicaron– su reelección sería una realidad.
Le erogación del bono
implicó el uso indebido de recursos provenientes de un fideicomiso para la
salud de los trabajadores de confianza (secretarios de acuerdos, actuarios,
proyectistas, entre otros) del que magistrados y consejeros no son
beneficiarios. Un
fideicomiso alimentado por las
aportaciones de los trabajadores, creado para “nivelar” sus sueldos y darles
prestaciones adicionales a las de la Ley.
“Es ilegal. Se depositó
y punto. Tres o cuatro magistrados se opusieron y uno o dos devolvieron el
dinero. No hubo oposición, e inclusive, magistrados de ley –que sustituyen a
magistrados ausentes– también lo recibieron”, comentaron las fuentes.
Este atropello, no obstante, forma parte de una serie de irregularidades que los testigos anónimos
acusaron. Según su testimonio, el presidente magistrado solicita presupuesto y
utiliza los diferentes fideicomisos del Tribunal sin rendir cuentas o
transparentar su ejercicio.
Ello le es posible por
la falta de acciones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)
–que a partir de la promulgación y entrada en vigor de la Constitución Política
de la Ciudad de México puede exigir información al Tribunal– y a consecuencia
de la doble función de Pérez Juárez, quien además de ser presidente magistrado,
preside al órgano máximo de la administración y vigilancia del Tribunal. Es
decir, al Consejo de la Judicatura capitalino.
La doble función, en
agosto de este año, fue motivo de una controversia por parte de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que determinó que Pérez Juárez no podía
tener, al mismo tiempo, capacidades jurisdiccionales (de administración de
justicia) y administrativas. Sin embargo, el
Tribunal “chifló y aplaudió” y la controversia sigue vigente, confirmaron las
fuentes.
“Se ocultan detrás de
la falta de transparencia y rendición de cuentas por parte del Tribunal […].
Sacan dinero sin justificar qué. Y de una u otra manera, esto se refleja en
carencias de servicio a la comunidad”, porque en lugar de invertir en mejoras a
los inmuebles, en capacitación de personal, en fortalecer las condiciones operativas
y laborales de los tribunales y juzgados, “gastan miles de pesos para que los
magistrados se vayan de vacaciones”, lamentaron.
La situación no sólo
afecta al servicio. También refleja “el pensamiento de esta administración”,
que es lograr la voluntad de un individuo “aún en contra de derecho”.
Por ello, los entrevistados refirieron que reelegir al
magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez no sólo implicaría mantener la falta de
transparencia, los conflictos de interés y la ilegalidad. “Reelegirlo significaría
darle continuidad a la detención del poder para mantener a una serie de
privilegiados; [a] un grupo oscuro que quiere mantener determinadas canonjías”.
Lo que el Tribunal
necesita, en cambio, es un proceso de “democratización dentro del Poder Judicial”
que le dé voz y voto a los jueces, que hoy en día, dependen de las
determinaciones del pleno de magistrados.
“ESPURIA” REELECCIÓN.
En abril de 2017, Álvaro
Augusto Pérez Juárez fue elegido por los magistrados –con 59 votos a favor y 20
en contra– como el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia
capitalino para un periodo de poco más de un año (hasta noviembre de 2018).
Designado para concluir la administración de Edgar Elías Azar
–quien renunció a su cargo en marzo para desempeñarse como el nuevo embajador
de México en Holanda– y con el apoyo de su estructura, Pérez Juárez no tuvo
oposición ni competencia real, explicaron fuentes anónimas a SinEmbargo.
A partir de este punto,
los problemas internos del Tribunal se agravaron. Y hoy, “es el lugar donde se
imparte la justicia y donde más injusticia hay”.
Con Pérez Juárez
crecieron la opacidad, el autoritarismo, el despotismo y la “filosofía del
terror” (a quien cuestiona lo despiden). Según los entrevistados, en su
administración hay irregularidades como la repartición de puestos clave a costa
del despido de unidades administrativas completas. Y los problemas laborales,
se “recrudecieron” con su llegada.
Sin embargo, en el
marco de su reelección se respira un “ánimo exacerbado de continua perpetuación
en el poder, yendo en contra de la propia Constitución capitalina”, explicaron.
Con la entrada en vigor de la Carta Magna de la Ciudad de
México en septiembre de este año –dijeron– hubo un “parteaguas” en la capital
del país, porque “se determinó que en el
Poder Judicial no hay reelección, precisamente para evitar vicios añejos como la
prolongación excesiva de magistrados en su cargo” (como sucedió con Saturnino
Agüero Aguirre en la década de los noventa, que fue señalado de tráfico de
influencias, dedazos y corrupción).
De acuerdo con el
Artículo 35 constitucional capitalino, base 9, “las y los magistrados
integrantes del pleno del Tribunal Superior de Justicia elegirán por mayoría de
votos en sesión pública, y mediante sufragio secreto, a la persona que lo
presidirá. Quien lo presida durará en su encargo un año sin posibilidad de reelección
alguna, sea sucesiva o alternada, independientemente de la calidad con que lo
haya ostentado”.
Asimismo, según el
Artículo 30 Transitorio, “las normas del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal y los ordenamientos legales aplicables a la entidad federativa que se
encuentren vigentes a la entrada en vigor de esta Constitución, continuarán
aplicándose hasta que inicie la vigencia de aquellos que los sustituyan,
siempre que no contravengan lo establecido en ésta”.
Con estas disposiciones, señalaron los entrevistados, no debería existir la posibilidad de
reelección para Pérez Juárez. Inclusive, según las leyes vigentes, el actual
presidente magistrado no podría contender por el cargo de manera inmediata.
“El Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal durará en su cargo cuatro
años y no podrá ser reelecto para el período inmediato ni ocupar nuevamente el
cargo por motivo alguno”, establece el Artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal.
Pero con voluntades
compradas, tanto del pleno del Tribunal como del Consejo, no hay oposición que
valga más de 193 mil pesos, lamentaron las fuentes.
La nueva normatividad
se contrapone a la voluntad y los intereses de Pérez que, en agosto del año
pasado, impulsó una controversia legal en contra de los artículos 34 (que
obliga a dar respuesta a las solicitudes de información del Congreso local) y
37 (que establece, entre otras cuestiones, que el Congreso local designará a
los 11 integrantes del Concejo Judicial Ciudadano por medio de una convocatoria
pública a propuesta de instituciones académicas, civiles y sociales).
A la fecha, la
controversia no ha sido resuelta y el Tribunal Superior de Justicia capitalino
podría tener a un presidente magistrado reelecto “aún en contra de derecho”. De
este modo, la impartición de la justicia en la Ciudad de México “está en
juego”, recalcaron los entrevistados.
LA MAYOR INJUSTICIA.
Mientras que la actual
administración del Tribunal gasta “en las vacaciones de los magistrados”, la
justicia juvenil está “en pañales”; la civil y mercantil “acotada a una
determinada cuantía” y la familiar “ni tiene sala lúdica para platicar con
menores”.
“No es posible que un
capricho [de poder] pueda detener la evolución de una entidad federativa”,
acusaron las fuentes. “Cuando a un juzgado no le damos las armas para que
juzgue, no le permitimos al pueblo que acceda a una justicia digna, completa y
decorosa […]. Siguen hacinados los juzgados civiles, los juzgados familiares…”.
Para los testigos, el
mal uso de fideicomisos y la falta de inversión adecuada en los procesos
operativos es evidente día a día.
“No se ha invertido.
Los juzgados orales en materia civil y familiar requieren de unas salas de
audiencia. En materia familiar requieren de dos salas: una lúdica […] y otra
más para platicar con las partes en una junta anticipada. Y la sala de juicio
no tienen cámaras. Los jueces las han comprado o graban las audiencias con sus
celulares cuando se puede. No hay registros adecuados y estamos regalando 193
mil pesos para vacaciones de magistrados”.
Las deficiencias se
extienden a la falta de computadoras, impresoras y un servicio de Internet
suficientes para desahogar diligencias. Inclusive, el fideicomiso de
administración de justicia, que se nutre del pago de multas y del costo de
copias (simples, certificadas o cotejos) y que sirve para mejorar el servicio y
gratificar a los trabajadores, se ve perjudicado con la falta de eficiencia y
transparencia en los procesos, mencionaron.
No obstante, la serie
de grandes “contubernios” de la administración de Álvaro Augusto Pérez Juárez
se hace aún más evidente con el tema de los inmuebles y algunas adjudicaciones
relativas a ellas. En este escenario, la “mayor injusticia” no es sólo para los
trabajadores, sino también, para la ciudadanía que no puede acceder a mejores
servicios por el capricho de unos cuantos magistrados.
Las fuentes
comentaron, por ejemplo, que a partir de los sismos del 19 de septiembre de
2017, el Tribunal contrató a peritos inhabilitados para revisar los inmuebles
de juzgados que resultaron afectados.
El de los tribunales
civiles de Fray Servando 32 “quedó muy dañado” pero aun así se usó.
En el fondo, había una
“negra historia”. Según
los entrevistados, este edificio
pertenece al fideicomiso de magistrados, cuenta con persona (moral) privada y
es rentado al Tribunal. “Entonces la renta que se paga va para beneficio de los
magistrados”.
Inclusive, tres
acuerdos del Tribunal del año pasado (V-111/2017, V-112/2017 y 64-47/2017)
mencionan una “reubicación temporal” de los órganos jurisdiccionales que
albergaba el inmueble. Para enero de 2018, según el acuerdo V-01/2018, el
Tribunal ordenó la reubicación de los órganos jurisdiccionales a un edificio
ubicado en la calle de Calzada La Viga 1174, que de acuerdo con las fuentes,
está “igual de dañado” que el de Fray Servando.
Otro caso de este tipo
de irregularidades se suscitó en el edificio de Avenida Niños Héroes 150, que
es la sede del Tribunal capitalino inaugurada en septiembre de este año.
El predio habría sido
expropiado por el Gobierno local y asignado para el Tribunal. En ese entonces,
las autoridades del Tribunal iniciaron una negociación que terminó, en un
primer momento, con una licitación declarada como desierta en la que había
concursado el grupo de Carlos Slim Helú.
Más adelante, dijeron las fuentes, las autoridades –sin contar con un presupuesto para construir– llegaron
a un acuerdo: permutaron el edificio de Río de la Plata 48 –donde está la
Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos– para negociar
la construcción con el grupo de Slim.
Con ello, “se
transgreden normas de carácter inmobiliario de la Ciudad de México” porque la
propiedad de Río de la Plata “no fue desincorporado del dominio público al
privado para permuta, venta, regalo o lo que fuera […]. Además, no son
atribuciones del Tribunal sino del Gobierno capitalino”. Tampoco hubo
transparencia en cuanto a la construcción, diseño y costo de la obra.
Los caprichos —recalcaron los entrevistados— detienen el desarrollo de la impartición
de justicia en la Ciudad de México y revelan lo peor: que valen más 193 mil
pesos que la ética de los servidores que debieran responder al pueblo, en lugar
de verlo como a un cúmulo de súbditos.
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