Arturo Rodríguez García.
El pasado lunes,
Alejandro Cerezo Contreras fue detenido al llegar a Panamá para participar en
un encuentro internacional derechohumanista donde sería ponente. Lo
interrogaron durante dos horas y media, tiempo en el que le preguntaron hasta
por la militancia política de sus padres. El gobierno mexicano lo tiene
boletinado, por lo visto, después de haber evidenciado como integrante del
Comité Cerezo México, la gravedad de la represión en el período peñanietista.
Hace 17 años, el 13 de
agosto de 2001, los hermanos Alejandro, Antonio y Héctor Cerezo Contreras
fueron detenidos en su domicilio. Los acusaban de haber detonado explosivos en
sucursales bancarias, así que, sin orden de aprehensión y con una orden de
cateo viciada, los sometieron a torturas para que admitieran que pertenecían a
la guerrilla identificada como Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo.
Su defensa estaba a
cargo de Digna Ochoa (y Pilar Noriega), pero en octubre de 2001, la abogada fue
asesinada, aunque la procuraduría de justicia capitalina, en el gobierno de
López Obrador, determinó que se había suicidado de dos balazos, uno de estos
prácticamente en la nuca y así, quiso cerrar la investigación.
El primero en salir
libre fue Alejandro, por ahí de 2005. No le pudieron acreditar los delitos que
se le imputaban. Durante siete años y medio, Antonio y Héctor permanecieron
presos, en penales de alta seguridad.
Cuando fueron
detenidos, Alejandro estudiaba economía en la UNAM y sociología en la UAM. Era
el más joven de los tres, de apenas 19 años, cuando fue sometido al infierno
carcelario. Fue peor para sus hermanos, pues conforme avanzaban en sus
procesos, se les imputó ser asesores de jefes del narco en prisión. Así de
absurdo, así de abusivo fue, como en muchos otros casos, el pretexto de la
guerra contra el narco de Felipe Calderón y su continuación con Peña Nieto.
Al gobierno de Vicente Fox, no le interesaba si eran culpables o no, si eran buenos estudiantes o
no, cuando los detuvo. Héctor ha considerado que el interés del gobierno era
enviar un mensaje a quienes simpatizaban con movimientos sociales.
Los hermanos Cerezo
Contreras eran jóvenes universitarios políticamente consientes y, cuando
finalmente probaron su inocencia, se dedicaron a documentar la represión, a
acompañar casos de atropello gubernamental y a capacitar a quienes son
defensores de derechos humanos.
Integrados ahora en el Comité Cerezo México, creado cuando
buscaban su libertad, emiten un informe
anual sobre represión pocos días antes del 1 de septiembre, fecha del Informe
de Gobierno, cuando el presidente en turno suele desplegar una costosa campaña
publicitaria. Para el caso, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, esos informes
han demostrado la dimensión y gravedad de un enorme proceso represivo con
ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, encarcelamientos con
motivación política y tortura, así como miles de agresiones a defensores de
derechos humanos.
Alejandro Cerezo Contreras
fue deportado de Panamá a México, donde el gobierno lo reportó delincuente. La
noticia se perdió en la vorágine conmemorativa del 2 de octubre, pero es grave
que, siendo uno de los que han revelado la represión peñanietista y sin
denuncias conocidas en su contra, la cancillería de Luis Videgaray lo haya
boletinado, privado de asistencia consular, y sin causa fundada ni motivada,
aplique lo que a todas luces es una represalia gubernamental.
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