Por Adela Navarro Bello.
El martes 15 de enero de 2019 el abogado Jeffrey Litchman incluyó el nombre de su defendido, Joaquín
Guzmán Loera “El Chapo” en la lista de testigos a ser llamados en el juicio que
en una corte de Nueva York se le sigue al capo mexicano. Esto significa que el
sinaloense podría subir al estrado y dar su versión sobre las acusaciones que
le formula la fiscalía, las cuáles han sido reforzadas en aquel sistema legal
con declaraciones de otros narcotraficantes detenidos y protegidos.
La inclusión del nombre
de Guzmán Loera como potencial testigo de su juicio sucedió el mismo día que el
abogado defensor del capo, el señor Litchman, hizo una directísima pregunta al
testigo identificado como Alex Cifuentes Villa: ¿El señor Guzmán pagó un
soborno de 100 millones de dólares al presidente Peña Nieto? La respuesta de
quien fuera un notorio mafioso colombiano además de colaborador criminal de “El
Chapo”, fue un lacónico “sí”.
El narcotraficante colombiano detenido en México en 2013 y
extraditado a los Estados Unidos en 2016,
agregaría detalles, como que fue Peña Nieto siendo presidente electo a finales
de 2012, quien buscó un acercamiento con el narcotraficante para pedir 250 millones
de dólares a cambio de cancelar la búsqueda nacional del capo. La contraoferta
de Guzmán fue la entrega de 100 millones de dólares.
Una vez más en el juicio contra Joaquín Guzmán
que se realiza en una Corte de Distrito de Brooklyn lo que se está evidenciando es la corrupción del sistema político y de
gobierno mexicano. Particularmente en el concluido sexenio de Enrique Peña
Nieto.
Tanto la pregunta de la
defensa de “El Chapo” como la respuesta del narcotraficante detenido en los
Estados Unidos, fueron anotadas y liberadas al público por los reporteros que
se encuentran en la sala de justicia de Nueva York. Por supuesto, tal versión y
la posibilidad que el mismo Joaquín Guzmán declare y ofrezca mayores detalles
de su trajinar por el crimen organizado y los cárteles de la droga en México,
llegaron a las primeras planas de medios de comunicación tradicionales y
digitales. Sobre ello escribió el reportero Alan Feuer para The New York Times:
“El testimonio del señor Guzmán sería un impresionante desarrollo. Mientras sus
lugartenientes han compartido detalles acerca de la operación del Cártel de
Sinaloa, el capo de la droga podría ofrecer información más íntima, como la
forma en que él posiblemente sobornó a un presidente de México”.
A diferencia de una ocasión anterior en que otro testigo en
el mismo juicio refirió un pago ilícito a Peña Nieto, el martes 15 de enero ni el ex mandatario ni Eduardo Sánchez, quien
fuera vocero de la presidencia del mexiquense, salieron a decir en redes
sociales que tal información es falsa. Los periodistas que han intentado
localizar al ex presidente en busca de una declaración, no han corrido con
suerte. Aunque ya entrada la noche del martes, Francisco Guzmán, quien hacía de
jefe de la oficina de la presidencia en el sexenio anterior, utilizó Twitter
para argumentar: “Son falsas, difamatorias y absurdas las declaraciones del
narcotraficante colombiano en Nueva York. El gobierno de EPN fue el que
localizó, detuvo y extraditó a Joaquín Guzmán Loera. Desde el inicio de la administración,
fue objetivo prioritario del gabinete de seguridad”.
A pesar de que fue
interés nacional e internacional y portada de medios, la delación del
narcotraficante colombiano no despertó el interés de ninguna de las autoridades
mexicanas; ahora integrantes todos de la cuarta transformación promovida por el
presidente Andrés Manuel López Obrador, ningún miembro de esa administración
federal se ha posicionado al respecto de los dichos en la Corte de Distrito de
Nueva York. Tal vez ni falta hace, el tabasqueño ya ha dicho en sobradas
ocasiones que no investigará a Peña, aun cuando ha prometido una de sus
consultas populares para que sea la población mexicana quien decida si se debe
o no indagar a los ex mandatarios mexicanos.
Sin embargo, si a
propósito de las declaraciones en la corte estadounidense se presentara una
denuncia para que en nuestro país sea investigado el ex presidente, la
autoridad, particularmente la Procuraduría General de la República, estaría
obligada a dar seguimiento e investigar al último mandatario priísta de este
País.
Seguramente las
corporaciones antinarcóticos de los Estados Unidos tendrían información al
respecto dado que precisamente entre 2011 y 2012 acordaron con Cristian
Rodríguez, otro colombiano colaborador de Guzmán Loera en el área de
comunicaciones, que este trabajaría para ellos. De esa forma oficiales de la
DEA tuvieron oportunidad de escuchar llamadas del capo sinaloense a partir que
con la ayuda de Rodríguez, infiltraron los sistemas de comunicaciones. Por
alguna razón, el oficial que testificó en el juicio contra “El Chapo”, refirió
que las escuchas se realizan entre abril de 2011 y enero de 2012. Más de mil
500 llamadas interceptadas, 200 en las que directamente se comunicaba Guzmán
con sus secuaces.
El martes 15 de enero
cuando Alex Cifuentes refirió que el capo le entregó 100 millones de dólares al
ahora ex presidente, dijo que habría sido en los últimos meses de 2012, cuando
oportunamente en la DEA se supone que ya no estaban escuchando las llamadas del
narcotraficante. Sin embargo para 2016, año en que se le aprehendió por segunda
ocasión en el sexenio de Peña (se había fugado en 2014 del penal de máxima
seguridad El Altiplano en Almoloya de Juárez), la DEA una vez más estaba
siguiendo las comunicaciones del capo. Resulta difícil sugerir que justo en las
fechas que se sitúa el supuesto soborno al entonces presidente, las autoridades
norteamericanas no estuvieran espiando a quien catalogaron como uno de los
hombres más buscados, y uno de los criminales más ricos del orbe.
Pero de estas
estrategias e información obtenida de investigaciones en el extranjero se
enterarían las autoridades mexicanas si investigaran lo que hoy se dice en la
corte de Brooklyn. Si intentaran probar los dichos del capo, sea para deslindar
al expresidente, o para hacer justica. Pero es evidente, a Peña no lo quieren
tocar ni con el roce de una averiguación previa. De otra manera no se explica
cómo no ha sido investigado por delitos de omisión al haber permitido, de
acuerdo a las cifras del nuevo gobierno, que tan solo en 2018 se robaran
hidrocarburos por más de 66 mil millones de pesos, en una estrategia criminal,
donde incluso aseguran ahora, se construyeron ductos de Pemex para ser
explotados ilegalmente.
Eso llevaría a
investigar a Emilio Lozoya, quien fue director de Pemex en el gobierno de Peña
Nieto y a quien se acusó, también en el extranjero pero aquí sí proveyendo de
números de cuentas, bancos y transacciones, de haber recibido por lo menos diez
millones de pesos en sobornos de la compañía brasileña Odebrecth. Situación que
de investigarse, podría llegar también a quien fue su jefe.
El ex presidente Enrique
Peña Nieto no se sobresaltó con el caso Odebrecht, y ahora no ha salido, al
menos el martes 15 de enero, a defenderse de las acusaciones en el juicio de
“El Chapo” a pregunta expresa del abogado a un narcotraficante colombiano.
Cuando Peña sí se
sobresaltó y decidió emprender acciones legales fue en la investigación por el
desvío de 250 millones de pesos que se lleva a cabo en Chihuahua a un ex
colaborador de la cúpula priísta y que implica dinero de la Secretaría de
Hacienda encabezada entonces por Luis Videgaray, recursos destinados a aquel
estado cuando lo gobernaba el hoy prófugo de la justicia y amigo del ex
presidente, César Duarte. En este caso, antes de concluir su administración
Peña solicitó a través de su jurídico la protección de la justicia a la Suprema
Corte, la cual en voz y análisis del ex procurador general de la República y ex
Embajador de México en Inglaterra, Manuel Medina Mora, le fue concedida.
Entre la casa blanca,
el presumible saqueo de Los Pinos, el robo a la Nación con el huachicoleo
presuntamente consentido, los señalamientos de corrupción en secretarías como
Desarrollo Social y Desarrollo Agrario entre otras, así como las acusaciones de
aceptar sobornos de narcotraficantes que se realizan en los Estados Unidos, en
México ya hay material para denunciar y exigir se investigue al ex Presidente
Enrique Peña Nieto, quiera o no el presidente Andrés Manuel López Obrador, la
justicia prometida debe llegar en este caso… y en otro claro, pero este sería
un buen inicio. Transcurrir del desprestigio internacional ante los
señalamientos de corrupción del ex mandatario, a la justicia en el interior de
un país que está necesitado de ella.
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