Uno de los involucrados de más alto
rango con presunta responsabilidad en La Estafa Maestra es el exsubsecretario
de Ordenamiento Territorial de la Sedatu, Enrique González Tiburcio. Él firmó
el convenio general con la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero en
2016, que dio origen al presunto desvío de 185 millones de pesos.
Lo anterior, a través de “simulación
de contrataciones y presentación de servicios”, comprobantes “apócrifos”,
triangulación de recursos con empresas “de papel” involucradas con otras
universidades y hasta pagos a funcionarios de 23 dependencias de gobierno.
Estas
irregularidades fueron detectadas por la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) en la auditoría forense 196-DS, por la cual interpuso una denuncia penal
ante la entonces PGR el 29 de octubre de 2018.
Este sábado,
el periódico Reforma reveló que la
Fiscalía General de la República (FGR) presentó imputaciones antes jueces
federales en contra del exsubsecretario González Tiburcio y el exdirector de
Programación y Presupuesto de la Sedatu, Francisco Javier Báez Álvarez. Pero
ambos interpusieron un amparo, previo a la fecha de sus comparecencias
previstas para el 15 de enero de 2018.
De acuerdo con el fiscal Alejandro
Gertz Manero, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu) 6 exfuncionarios fueron vinculados a proceso, y 64 más son
investigados por su probable participación en el esquema de desvío de recursos
públicos documentados en la investigación periodística La Estafa Maestra en esta
dependencia, y cuyo presunto fraude asciende a 839 millones de pesos.
El
exsubsecretario González Tiburcio fue un
funcionario cercano a Rosario Robles, la extitular de Sedesol y Sedatu, toda
vez que sus nombramientos dependían directamente de ella, según el reglamento
de ambas dependencias. En Desarrollo Social fue coordinador de asesores de la
secretaria entre el 1 de enero de 2013 y agosto de 2015. Cuando ella fue
reubicada en Desarrollo Agrario, él también se integró a su administración en
un puesto aún más alto: subsecretario, hasta noviembre pasado.
Él, junto con otros 11 funcionarios
que firmaron convenios que terminaron en el presunto desvío de recursos
públicos, trabajaron en ambas dependencias durante la administración de Rosario
Robles, como reveló Animal Político en octubre pasado.
EL CONVENIO.
El convenio
SEDATU-UPFIM/SOT/05/2016 entre la Sedatu y la universidad Francisco I. Madero firmado por González Tiburcio, obtenido por
Animal Político vía transparencia, tiene fecha del 4 de enero de 2016, cuatro
meses después de haber llegado al cargo en la dependencia.
Su objetivo
fue “la difusión y aplicación de los
conocimientos científicos y técnicos en la implementación de proyectos y
acciones en materia de ordenamiento territorial, desarrollo regional, urbano y
metropolitano, equidad de género y propiedad rural y desarrollo agrario, en
cumplimiento de sus fines institucionales”.
En el documento
se explica que para cumplir el objetivo
se firmarían convenios específicos de colaboración y anexos de ejecución. Y así
fue, el primero de ellos fue el número SEDATU/DGAPADN-UPFIM/33901.03/2016, del
2 de febrero de 2016, firmado por Armando Saldaña Flores, exdirector general de
Ordenamiento territorial y atención a zonas de riesgo, quien dependía
directamente de González Tiburcio, de acuerdo al organigrama de la dependencia
en ese año.
Además, Saldaña es otro de los funcionarios que
repitió cargo en ambas dependencias. En Sedesol fue director general adjunto de
Operación de programas, entre el 1 de enero de 2013 y septiembre de 2015, según
su declaración patrimonial en Declaranet.
La Universidad supuestamente haría el
“servicio profesional y tecnológico para el desarrollo y aplicación de
mecanismo de operación para la ejecución de los programas y acciones para el
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, en cumplimiento de sus
fines institucionales”.
En el anexo se explicaba que el monto
máximo para ello era de 224 millones de pesos. Aunque la Auditoría Superior de
la Federación detectó que sólo se gastaron 185 millones de pesos, que en su
totalidad fueron considerados como “probable daño al erario”, porque los
auditores detectaron una serie de irregularidades, y ni la Sedatu ni la
Universidad pudieron demostrar que los servicios se hicieron.
Aunque en el
anexo se advierte que la Sedatu tendría
“las más amplias facultades para supervisar la correcta ejecución del servicio”
durante la vigencia del convenio, es decir, del 2 de febrero al 31 de diciembre
de 2018, y pese a las irregularidades detectadas por los auditores
posteriormente, la Secretaría sí pagó a la universidad por los supuestos
servicios.
El funcionario de Sedatu encargado de
liberar los recursos fue Francisco Javier Báez Álvarez, entonces director
general de Programación y presupuesto, dependiente del Oficial Mayor, es decir,
de Emilio Zebadúa, quien también había sido su jefe, pues ambos tuvieron
exactamente el mismo cargo tanto en Sedesol como en Sedatu.
De acuerdo
con la información del periódico Reforma, Báez
Álvarez es el otro funcionario por el que la FGR interpuso imputaciones ante
jueces, y quien también se amparó previo a comparecer.
LAS
SIMULACIONES PARA PERDER RECURSOS PÚBLICOS.
La ASF comprobó que las empresas que recibieron
recursos de este convenio también estuvieron involucradas en otros convenios
con distintas universidades, mediante los cuales también se desviaron recursos públicos
de la Sedatu.
Ese es el caso de Asesores Contables
Administrativos VICMA, S.A. de C.V., que fue subcontratada por la Universidad
Politécnica Francisco I. Madero para cumplir con el convenio y recibió 139
millones 117 mil pesos. Si embargo, ésta transfirió recursos a compañías que
también fueron subcontratadas por el Sistema Quintanarroense de Comunicación
Social (SQCS) y Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V. (TELEMAX), también para
supuestos servicios a la Sedatu.
Además, entregó 63 millones de pesos a personas
físicas que supuestamente hicieron los trabajos, pero en el análisis de las
cuentas la Auditoría detectó que dichas personas, y otras empresas que también
recibieron dinero, lo transfirieron a la compañía Bestil, S.A. de C.V. SOFOM
ENR.
Bestil tiene la misma dirección fiscal que otras
siete empresas, de las cuales tres recibieron recursos de este convenio:
Asesores Contables Administrativos VICMA, S.A., “subcontratada” directamente
por la Universidad y que cobró 139 millones 117 mil pesos. Y las empresas
supuestamente subcontratadas por VICMA: Servicios Myla, S.A. de C.V., que
recibió 33 millones de pesos, y Acabados Constrarq, S.A. de C.V., 21 millones.
Otra irregularidad es que la
Universidad pagó 10 millones de pesos a 37 funcionarios en activo y 32
exfuncionarios públicos de distintas dependencias. Sin embargo, la Auditoría
confirmó que dichos funcionarios en servicio no pudieron haber cumplido con el
contrato, porque “hacía incompatible la prestación de los servicios por los
periodos, ubicación y horarios de ejecución de los trabajos a desarrollar,
entre los que se encuentran: directores y subdirectores de área, jefes de
departamento, asesores, administradores, policía federal, agente de migración,
auditor fiscal y verificador”.
La empresa VICMA entregó como
supuestos comprobantes el levantamiento de un padrón de usuarias de los
servicios del Centro Ciudad de las Mujeres en Tlapa de Comonfort y municipios
aledaños, supuestamente realizados del 3 de febrero al 10 de octubre de 2016. Sin embargo, estos datos tienen 98.6% de coincidencia con el entregable generado por
el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco a la Sedatu.
En tanto, en el Manual de Sistema de
Gestión y Operación de los Servicios del mismo centro de mujeres, “se observó
que su contenido es semejante al entregable generado por la Universidad
Intercultural de Sinaloa”.
Por ello, la Auditoría concluye que la aplicación
de los recursos es irregular, pues la información y documentación proporcionada
por la Universidad no sustenta ni acredita fehacientemente el ejercicio y
aplicación de los recursos públicos federales.
La segunda empresa subcontratada por
la Universidad fue Contabilidad y Soluciones INNER, S. A. de C. V. Recibió 42
millones 841 mil pesos, pero ésta entregó el dinero a otras siete empresas, que
también son supuestas proveedoras de otro convenio irregular, el de la Sedatu
con la Universidad Politécnica de Chiapas.
Al comprobar
la realización de los servicios, la
Auditoría aseguró que “aunado a la subcontratación, se detectaron
irregularidades que evidencian simulación y elaboración de información y
documentación presumiblemente apócrifa, con la que se pretendió acreditar los
servicios prestados”.
Además, aunque la empresa Contabilidad y Soluciones
INNER está legalmente constituida, cuando los auditores acudieron a la
dirección fiscal señalada ante el SAT y en las facturas, las personas
entrevistadas “desconocen su existencia, por lo que se presume que únicamente
existen en papel, sin estructura ni personal”.
La auditoría pudo ubicar a Noemí T., quien aparece como
accionista mayoritaria y administradora única de la empresa referida, y
firmante del contrato con la UPFIM, pero “manifestó no fungir como
representante legal ni administradora única de Contabilidad y Soluciones INNER,
S.A. de C.V.; negó haber tenido contacto con servidores públicos de la
universidad y, por tanto, no reconoció como suyas las firmas consignadas en el
contrato de prestación de servicios”. Por ello, interpuso una denuncia de
hechos en septiembre de 2017 ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de
México, contra quien resulte responsable por haber utilizado su nombre para
estos documentos.
La Estafa
Maestra reveló un sistema de corrupción
en el que dependencias de gobierno hicieron convenios con universidades
públicas por 7 mil millones de pesos, para evadir la obligación de hacer
licitaciones para contratar servicios. Sin embargo, las instituciones de
educación subcontrataban a empresas que resultaron ser fantasma y, por lo
tanto, los servicios no se cumplieron y el dinero desapareció.
El esquema fue repetido durante todo
el sexenio, y aunque la investigación periodística sólo se centró en los
convenios firmados entre 2013 y 2014 -entre 11 dependencias federales- se tiene
evidencia que este esquema inició desde 2011, por convenios que suman más de 30
mil millones de pesos.
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