Por Jesusa
Cervantes.
Luego de aprobada la Guardia Nacional
y a días de que se discuta la presencia permanente de militares en tarea de
seguridad, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis
Raúl González Pérez, la calificó de “una apuesta riesgosa”.
Al rendir su informe de labores 2018
ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el defensor
de los derechos humanos alertó sobre la Guardia Nacional y sostuvo que aún con
mando civil “sigue siendo una respuesta parcial, incompleta y sesgada”.
Dijo que “por graves y apremiantes”
que sean las condiciones de inseguridad, no se debe renunciar a la
“institucionalidad civil… Expandir la esfera de influencia de las Fuerzas
Armadas a la seguridad pública y concederles potestad, como se ha llegado a
anunciar para que asuman tareas de desarrolladores inmobiliarios, constructores
de obra pública, adquirir bienes y contratar servicios, …es una apuesta
riesgosa para la democracia y la institucionalidad civil”.
González
Pérez advirtió: “Si se les concede poder
económico, se afianza su poder político”.
Y más grave
aún, alertó que si a las Fuerzas Armadas
“se les deposita como potestad esencial el monopolio estatal del uso de la
fuerza, existe el riesgo de que, en la práctica, dejen de existir incentivos
reales para que una vez superados los estados de emergencia, renuncien a tales
potestades a favor de la autoridad civil”.
Luego de
presentar su numeralia de cuáles dependencias federales han recibido más quejas
o de cuántos expedientes por quejas abrió durante 2018, el presidente de la
CNDH se refirió a la reforma para la creación de la Guardia Nacional.
México, dijo el ómbudsman ante los
legisladores, necesita “mayor y mejor seguridad, pero no a cualquier costo y no
de cualquier tipo. Requerimos la seguridad propia de un Estado democrático de
derecho…”.
Para González Pérez dicha ampliación
de delitos “no garantizaría que el ministerio público cumpla con su obligación
de investigar cada caso de manera objetiva, integral y eficiente”.
Y todavía
más, dice, ello puede implicar que el
problema de que los imputados, aun siendo responsables del delito, pudieran
obtener su libertad al término del procedimiento penal como consecuencia de una
investigación deficiente, o bien, que gente injustamente imputada permaneciera
privada de su libertad indebidamente”.
El artículo
19 se abordará en la sesión del periodo ordinario de sesiones del 5 de febrero.
También, el presidente de la CNDH
habló sobre los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en
Iguala, Guerrero, donde 43 jóvenes fueron desaparecidos, 42 heridos y 6
asesinadas.
Consideró necesario que 41 piezas
óseas encontradas en el río de Cocula se envíen a laboratorios para sus
estudios de ADN, “dejemos que la ciencia hable”.
Además, dijo que su último informe sobre el caso
podrá servir de guía para los trabajos de la Comisión de la Verdad que se
constituyó a nivel federal y que depende de la Secretaría de Gobernación.
Como parte
de su informe anual, González Pérez presentó
los números sobre quejas en contra de dependencias federales, y destaca, por
ejemplo, que respecto al año 2017 las denuncias contra la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena), disminuyeron, en tanto que contra la Marina (Semar),
aumentaron.
En 2017, la Sedena tuvo 415
denuncias, y el 2018, 382; Semar pasó de 259 a 284.
Los números
de González Pérez establecen que el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibió 2,532 quejas; le siguió el
ISSSTE con 1,215; SEP, 746; el Instituto Nacional de Migración (INM), 587;
Sedena, 382; la Procuraduría General de la República, 375; la Policía Federal,
356; la Sedesol, 311; Semar, 284, y el Infonavit, 212 casos.
De acuerdo a
las cifras ofrecidas por González Pérez, el
sector salud es el que recibió más quejas, con 4,043; le siguió el de
seguridad, con 1,734; el educativo, con 892, y el social, con 328 denuncias.
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