Por Dolia
Estévez.
La explosiva revelación de que
Enrique Peña Nieto presuntamente recibió un multimillonario soborno de Joaquín
El Chapo Guzmán, no causó gran sorpresa en este lado de la frontera. El impacto
mediático que tuvo pronto se desinfló. El autor de la grave imputación, un
testigo que colabora con el gobierno de Estados Unidos en el juicio de El Chapo
en Nueva York, dijo que en realidad la versión era de oídas y que no había
pruebas. Los fiscales del gobierno estadounidense intercedieron para censurar
nuevas revelaciones que “pudieran perjudicar relaciones diplomáticas” con otros
países. Peña Nieto guardó silencio.
Lo que Estados Unidos sí tiene es un
enorme acervo de archivos secretos sobre personajes presuntamente corruptos. Un
diplomático estadounidense me dijo que en el sexenio de Peña Nieto la Embajada
en México recibió “diversas dosis de información” que comprometían la
reputación de los procuradores José Murillo Karam, Raúl Cervantes Andrade, “el
del Ferrari”, y Alberto Elías Beltrán. “A veces era información detallada de
confiada veracidad, pero no necesariamente acompañada de pruebas sustentables
en los tribunales”, aclaró.
Incriminar a funcionarios mexicanos
sospechosos de corrupción no es ni ha sido prioridad de la política exterior
estadounidense. Es poco probable que los mexicanos que han sido embarrados en
el juicio del Chapo vayan a ser indagados en Estados Unidos. Menos ahora con un Presidente que
está siendo investigado por corrupción y abuso de poder con fines de lucro como
es el caso de Donald Trump.
“Estados Unidos salió del armario
como uno de los principales impulsores de la cleptocracia”, me dijo Sarah
Chayes, reconocida especialista sobre corrupción y autora de “Ladrones de
Estado” (Thieves of State, Norton & Company, 2015). Chayes sostiene que la
tendencia de Estados Unidos no sólo es ignorar la corrupción a nivel mundial
sino acrecentarla. “En tanto Washington promueva implícita o explícitamente la
corrupción, no podemos ilusionarnos demasiado de que cruzadas contra la
corrupción como la emprendida por [Andrés Manuel López] Obrador vayan a tener
total éxito”. Para
Chayes, la corrupción es “como un gas
inodoro” que se desliza sigilosamente.
Históricamente,
Estados Unidos ha asumido una actitud
pontificadora ante el problema de la corrupción en México. Sólo ha visto la
paja en el ojo ajeno. Ha usado listas de presuntos corruptos, elaboradas por la
CIA, la DEA y el FBI, para ejercer presión política. Amplio es el registro de
los marcados a lo largo de los años: procuradores generales, secretarios de
Estado, militares de alto rango, jefes policiacos y gobernadores estatales. Sin
embargo, ninguno ha sido investigado a fondo o enjuiciado. El sospechosísimo
como arma diplomática.
Casi siempre ha correspondido al
Embajador de Estados Unidos entregar esos listados de sospechosos al Presidente
mexicano en turno, con la obvia recomendación de que los marcados no fueran invitados
al gabinete. A manera de golpe preventivo, hubo presidentes que tomaron la
iniciativa de inquirir sobre la reputación de posibles aspirantes a puestos
públicos.
El rito, que se daba al inicio de
cada sexenio, seguramente se interrumpió con la llegada a la presidencia de
López Obrador. O porque no hay mensajero que cumpla con la practica (la
Embajada de Estados Unidos está acéfala desde mayo pasado) o porque esta vez
simplemente no hay lista negra de corruptos.
John Gavin, Embajador en México en los 1980s, quien
murió el año pasado, me dijo que trató de darle su lista de narco-políticos a
Miguel de la Madrid pero que éste la rechazó indignado. Años después, el
Embajador Jim Jones entregó a Ernesto Zedillo una lista de 10 a 15 nombres de
personas que el gobierno de Bill Clinton no quería ver en puestos de alto
nivel. Sólo quedó uno, según me dijo, aunque no en el gabinete (EL EMBAJADOR,
Temas de Hoy 2013).
Carlos Salinas de Gortari se
entrevistó con el Embajador Charles Pilliod para pedirle pruebas de narco-corrupción
que Washington decía tener contra Enrique Álvarez del Castillo y Fernando
Gutiérrez Barrios. El golpe contra La Quina impresionó a Pilliod. Informó al
Departamento de Estado que a diferencia de José López Portillo y de De la
Madrid, Salinas sí estaba decidido a combatir la corrupción (Ambassador meeting with President
Salinas, cable confidencial de la Embajada, 11/01/1989).
Los diplomáticos estadounidenses
también se fueron de bruces con Vicente Fox. Tras atribuir la victoria del
panista a su promesa de “acabar con la corrupción oficial”, el Embajador
Jeffrey Davidow informó a sus superiores que durante 50 años los candidatos
presidenciales han prometido limpiar la corrupción, “pero Fox es el primer
Presidente que tiene buena oportunidad de tener éxito” (Law Enforcement Corruption in
Mexico, cable confidencial de la Embajada, 12/02/2001).
El Banco Mundial cataloga a México
como uno de los países más corruptos del mundo. Académicos y activistas
sostienen que es un mal que, como la viruela, eventualmente será erradicado.
Pero la realidad desmiente los pronósticos sobre su desaparición. Lo cierto es
que la corrupción empeora en casi todos los países. Pocos han logrado
combatirla con efectividad. Estados Unidos y Rusia, las dos grandes ex rivales,
están gobernados por cleptócratas.
En algunos países, como Estados
Unidos, hay servicios que alientan y solapan la corrupción. Sólo así se
explican los cientos de miles de millones de dólares invertidos por extranjeros
anónimos en inmuebles de lujo en Nueva York, Miami y Houston. La corrupción es
un negocio altamente redituable. No será fácil ni rápido acabar con ella. Puede
tomar varios sexenios. Con todo, es un compromiso que corresponde
exclusivamente a los mexicanos. Estados Unidos puede quedarse con sus listas
tendenciosas y poses pontificadoras.
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