Un grupo de mineros de Sinaloa
pidieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador cancelar los títulos
clonados y lotes invadidos por prestanombres de funcionarios públicos, una
práctica que aseguraron, se viene haciendo desde el sexenio de Carlos Salinas
de Gortari.
Gervasio Osuna Contreras, coordinador
de Minería del Sector Social Campesino, solicitó al Jefe del Ejecutivo que se
aplique la Ley Minera y su Reglamento como estaba inicialmente. Mencionó que
que de más de 300 artículos que tenía la legislación hoy sólo cuenta con 56
porque Salinas de Gortari modificó el Artículo 27 constitucional “para
apoderarse del petróleo”.
En
conferencia de prensa, Osuna Contreras
pidió que se termine con el saqueo que ocurre en tierras de uso común donde las
empresas chinas, en contubernio con las autoridades, “despojan a los
ejidatarios de su patrimonio familiar para llevarse 200 mil toneladas mensuales
de minerales de Sonora sin pagar impuestos”.
Denunció que estas compañías, cuyos
inversionistas entran como indocumentados al igual que sus embarques en los que
trasladan el hierro, acero, oro y demás minerales que sacan de México a China,
lo hacen con la autorización de funcionarios públicos y del sector minero, y lo
trasladan por barcos o helicópteros de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango.
“Hay muchos inversionistas chinos que
entran al país de manera ilegal que quieren acabar con los 70 millones de
hectáreas donde está la riqueza minera de México, muchos lo hacen a través de
prestanombres y nadie se atreve a meter las manos”, denunció.
El
coordinador de Minería del Sector Social Campesino solicitó a López Obrador acabar con esos abusos y que se dé prioridad a
la innovación tecnológica en la investigación de las tierras raras, las cuales
fueron eliminadas de la Ley Minera en 1992.
Osuna
Contreras también pidió que se otorgue
prioridad a la minería social y no a la elitista “que está en complicidad con
la mafia de funcionarios corruptos del sector”.
En 1992, el entonces Presidente Carlos Salinas de
Gortari envió al Congreso de la Unión una iniciativa para modificar el artículo
27 constitucional. La mayoría legislativa, proveniente en ese entonces del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), la aprobó por unanimidad y el ejido
se convirtió de propiedad comunal a propiedad privada.
En esta reforma, una de las leyes
reglamentarias fue la Ley Minera, que a partir de entonces permitió que las
empresas privadas, tanto de México como de cualquier parte del mundo,
realizaran la exploración, explotación y transformación de los minerales del
subsuelo mexicano..
El Sistema
Integral sobre Economía Minera (SINEM)
reconoce que las empresas de Canadá controlan el 76 por ciento de las
explotaciones y exploraciones; las de Estados Unidos, el 13 por ciento; las de
China, el 4 por ciento; y el 7 por ciento restante se distribuye entre compañías
de México, Australia, Japón, Argentina, Italia, Perú, India, Reino Unido,
Holanda y Nueva Zelanda.
Ernesto Zedillo (1994-2000) dio 9 mil
990 títulos de concesión, lo que significó poco más de un millón de hectáreas
concedidas. Al iniciarse los gobiernos de la alternancia política con Vicente
Fox (2000-2006), fueron otorgadas más de 30 millones de hectáreas a través de
17 mil 774 títulos. Felipe Calderón (2006-2012) dio 12 mil 274 títulos que
abarcaron 34 millones 379 mil hectáreas. Durante el sexenio de Enrique Peña
Nieto (2012-2018), la Secretaría de Economía otorgó más de 3 mil concesiones
mineras que implican alrededor de 15 millones de hectáreas.
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