Por Karen
Castillo.
Felipe es
originario de Cochoapa, un municipio en la montaña de Guerrero en el que
servicios como hospitales o escuelas son escasos. Desde hace algunos años migró
al municipio de Tlapa de Comonfort donde aprendió el idioma español y pudo
concluir la secundaria. Su situación económica no le permitió continuar con sus
estudios por lo que tuvo que comenzar a trabajar en actividades de albañilería.
Como Felipe, muchas otras personas de
su comunidad se desplazan de manera continua entre la montaña para poder
estudiar o para poder recibir atención médica. Cada vez que es necesario los
habitantes de estos dos municipios invierten el poco dinero con el que cuentan
para poder atender sus enfermedades en los hospitales de Tlapa; cuando las
cosas son más difíciles tienen que ir hasta Chilpancingo, un gasto mayor que
pocos pueden sostener.
El joven establecido en Tlapa fue
sorprendido hace tres meses por familias enteras. Habitantes de Chochoapa y
Metlaltónoc, hablantes del idioma tu’un savi, habían decidido desplazarse para
abandonar las duras condiciones de vulnerabilidad en las que se encontraban:
pobreza, marginación y falta de servicios sociales que se habían agraviado en
2013, cuando las tormentas “Ingrid” y “Manuel” dejaron el territorio totalmente
dañado. Más de 200 mujeres y hombres, entre ellos más de 45 niños y niñas,
dejaron atrás su lugar de origen.
“Quedó totalmente rajado”, afirmó Felipe, quien a su vez recordó cómo después del desastre los
comuneros de Cochoapa solicitaron el apoyo de Enrique Peña Nieto, sin que él o algunas
autoridades locales les brindaran respuestas. Los habían dejado en el abandono
y el olvido.
La pobreza, la falta de apoyos
gubernamentales orientados al campo y los desastres naturales habían convertido
a los indígenas Na Savi en habitantes nómadas. Sin ninguna otra alternativa
caminaron desde la montaña para llamar la atención del nuevo gobierno.
El 20 de noviembre del 2018 se
establecieron en un terreno baldío de la colonia Las Mesas, de Tlapa de
Comonfort, sin saber saber que éste le pertenecía a alguien. A los dos días de
su llegada, Constancio Sánchez, apoderado legal del terreno, les exigió que pagaran
el precio del terreno -450 mil pesos- o de lo contrario salieran del
territorio. Sin alternativas permanecieron en el lugar.
Neil Arias, integrante del Centro de Derechos Humanos
de la Montaña Tlachinollan, afirma que
con ánimo resolutivo los habitantes de Cochoapa y Metlatónoc buscaron el apoyo
del gobierno. En noviembre sostuvieron algunas reuniones con Dionisio Pichardo,
Presidente Municipal de Tlapa, quien no pudo más que comprometerse con ellos a
no usar la fuerza pública para desalojarlos.
Sin embargo,
al no poder pagar la cuantiosa cifra, el
13 de enero, los indígenas Na Savi fueron desalojados con maquinaria pesada y
camiones de volteo. Los encargados del desalojo acabaron con sus chozas
improvisadas, además de los colchones y cobijas que habían conseguido para
dormir, y las reservas de frijol y maíz con las que contaban.
El acto fue ordenado por el supuesto
apoderado legal del terreno y observado por la policía preventiva municipal.
Los oficiales de seguridad no hicieron nada por defender a los comuneros.
Incluso, afirmó Arias, se olvidaron de brindar atención a la señora Florentina
Vázquez Martínez, quien fue golpeada hasta sufrir un desmayo y posteriormente
llevada al Hospital Regional de Tlapa
por sus propios compañeros.
Al hablar
sobre la historia del desplazamiento, Felipe
insistió una y otra vez en la necesidad de que el nuevo gobierno preste
atención a su caso. El 12 de enero tuvieron oportunidad de reunirse con el
nuevo Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien realizó una visita a Tlapa.
Los habitantes de ambas comunidades le extendieron sus necesidades. El
encuentro les dio esperanza, sin embargo, en ellos aún persiste la duda
ocasionada por el silencio.
Los comuneros están dispuestos a
cruzar todos los caminos que sean necesarios para que se les brinden los apoyos
que requieren para encontrar un sitio donde establecerse. Actualmente se
encuentran en un terreno cercano al Hospital regional de Tlapa, fueron llevados
por la organización Tlachinollan.
“Nosotros no queremos quitarle su
terreno a nadie, queremos buscar la manera de pagarle. No sabíamos que el
terreno tenía un dueño. Al Presidente [Andrés Manuel López Obrador] le
entregamos en sus manos una petición y si no recibimos respuesta vamos a ir a
México, a su oficina. Vamos a esperar a que nos diga algo”, agregó Felipe.
CAUSAS DEL
DESPLAZAMIENTO.
Los principios rectores de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) establecen que los desplazados
internos son “personas o grupos de personas que se han visto forzadas u
obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en
particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de
situaciones de violencia generalizada, de violaciones de derechos humanos o de
catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una
frontera estatal internacionalmente reconocida”.
Ramón
Martínez, experto en desplazamiento
forzado y defensor de la tierra, explicó que existe una necesidad en
diferenciar los conceptos de migración y desplazamiento forzado, teniendo en
cuenta que el segundo implica todas aquellas condiciones que ponen en riesgo la
vida de un individuo o de una comunidad.
“En México, el desplazamiento forzado
tiene como origen la violación generalizada de derechos, la violencia
generalizada o la situación de conflicto social que puede tener variantes como
el conflicto, o por el despojo territorial de comunidades para la construcción
de infraestructura gigante, para megaproyectos o para la privatización de la
tierra, con todo un conglomerado de privatización de los recursos, un modo
sistemático de despojo que por generaciones se ha producido”, afirmó el especialista.
De acuerdo
con el experto, en México el
desplazamiento forzado comenzó a repuntar en el 2012 cuando se incrementaron
los actos violentos cometidos por el crimen organizado y por el Estado, este
último ha cometido actos para destituir de sus tierra a las comunidades para construir
infraestructuras gigantes y megaproyectos. Asimismo, refirió que el fenómeno ha
persistido por una falta de voluntad política para regularlo.
“Hay falta de voluntad política,
falta de herramientas institucionales y legales y hay una falta de conciencia
socio-política de este fenómeno generalizado en México (…) La agenda
legislativa federal todavía es omisa del tema”, afirmó Martínez.
En el marco existen criterios de subjetividad, sin
embargo, la ausencia de servicios sanitarios y alimentarios pueden ser
considerados como motivos de desplazamiento al tener en cuenta que su ausencia
son una negación de derechos humanos.
Los habitantes de Cochoapa y
Metlatónoc fueron alentados a desplazarse por la negación histórica de dichos
servicios, así como por la manifestación de los efectos de dos fenómenos
naturales.
Paulino
Rodríguez, responsable de atención y
acompañamiento de jornaleros agrícolas y migrantes transfronterizos del Centro
de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, reconoce como principales
motivos para el desplazamiento de los habitantes de la montaña de Guerrero la
falta de atención que ha recaído sobre ellos:
“La población de Guerrero migra
principalmente por la falta de empleo, porque sus suelos no son fértiles para
sembrar lo más básico: maíz frijol. La marginación, la pobreza y la falta de
políticas públicas para atender estas problemáticas obliga a las familias a
migrar, principalmente a los campos agrícolas del interior del país. Un motivo
nuevo de migración también es la violencia”.
El fenómeno histórico en Guerrero se explica
al conocer las condiciones sociales de pobreza, marginación y violencia.
LA
MARGINACIÓN.
En el 2016 las mediciones de pobreza del Coneval
estimaban que el 43.6 por ciento de los mexicanos vivía en pobreza; es decir,
53.4 millones de personas enfrentaban por lo menos una carencia de los seis
indicadores: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la
seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios básicos de vivienda
y acceso a la alimentación. A su vez, otro 7.6 por ciento, 9.4 millones de
personas, tenían tres o más carencias de las seis posibles.
Los estados del sur del país
concentran los números más altos de pobreza y pobreza extrema. En estados como
Chiapas, Oaxaca y Guerrero más del 60 por ciento de su población se encuentra
en esta situación de vulnerabilidad. En este último al menos 2.31 millones de
personas son pobres y otras 868 mil 10 están en pobreza extrema.
Entre los municipios de Guerrero con
mayor porcentaje de carencias se encuentra Chochoapa el Grande, con una
estimación de 87.7 por ciento de pobreza. Es el municipio más pobre del estado,
seguido por Metlatónoc con una medición de 76.9 por ciento.
De acuerdo
con los resultados de la Encuesta Intercensal 2015 Guerrero, elaborada por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ambos municipios presentan las cifras más altas de dependencia –valor
que refleja el efecto de la fecundidad y la migración– y las carencias más
grandes en materia educativa y de salud pública.
En los rubros que se refieren a los
porcentajes de la población asistente a la escuela, ambos municipios no están
presentes por no presentar un número superior al 18 por ciento; sin embargo, en
la tasa de analfabetismo encabezan la lista con un 56.1 por ciento para
Cochoapa y un 43 por ciento para Metlatónoc.
Con un 99.1 por ciento y 98.5 por
ciento de población autodenominada indígena, ninguno de los dos municipios se
encuentra en el listado de población afiliada al sector público, esto a pesar
de que las cifras más altas de hijos nacidos de mujeres de 15 a 49 años son
para Cochoapa (de 3.3 hijos en promedio por mujer) y 3.1 para Metlatónoc. Lo
mismo ocurre con el porcentaje de fallecimientos de mujeres mayores a 12 años:
17.7 por ciento para el primero y 13.9 para el segundo.
Las indicadores de marginalidad son
aún más escandalosos cuando se comparan con el resto de la República. De
acuerdo con las cifras del Índice de Desarrollo (IDH) elaboradas por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el municipio de
Chochoapa presenta las cifras más bajas 0.362, frente a una media nacional de
0.732.
De igual
forma es el segundo municipio con peor
índice de educación, solo superado por Coicoyán de las Flores en Oaxaca y
rebasado por más de ocho centésimas por la Alcaldía de Benito Juárez en la
ciudad de México, 0.210 para el primero y 0.965 para el segundo.
El IDH calcula los niveles de vida digna,
educación y salud, y se mide siempre en fracciones menores al número uno. La
Alcaldía de Benito Juárez alcanza niveles superiores a los de Noruega, mientras
que Cochoapa el Grande casi iguala a la República Democrática del Congo y es
superado mínimamente por Liberia.
VIOLENCIA,
UNA AMENAZA LATENTE.
El último informe de desplazamiento
forzado presentado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos
Humanos (CMDPDH) destacó que en el 2017 ocurrieron 25 eventos de desplazamiento
forzado en México propiciados por la violencia.
En Guerrero se produjeron siete de
los acontecimientos y afectaron a 5 mil 948 personas. Esto lo convirtió en el
segundo estado con más episodios y en el segundo con más personas implicadas,
sólo superado por Chiapas, que expulsó a 6 mil 090 personas.
En los
últimos años, Guerrero se ha consolidado
como uno de los estados más violentos de todo México. En 2010, la relación de
muertes relacionadas con el narcotráfico había aumentado al triple, pasando de
289 eventos a 884 en un año. Las cifras fueron incrementándose con el paso de
los años. En el 2013 el Sistema Nacional de Seguridad Pública lo consideró la
entidad más violenta, con 2 mil 87 homicidios.
El 26 de
septiembre del 2014 se produjo la
desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa “Isidro
Burgos”. En el 2017 la Red TDT, organismo no gubernamental de defensa de
derechos humanos, convocó una Misión de Observación a Guerrero (MOG) que hizo
especial énfasis en la zona de Chilapa, uno de los municipios más violentos del
estado y en donde se documentaron varios casos de desaparición forzada y
desplazamiento.
En 2018, representantes nahuas, na savi, me’phaa y
mestizos de diferentes comunidades, integrantes del Consejo Indígena y Popular
de Guerrero-Emiliano Zapata, denunciaron un fuerte clima de violencia en la
montaña del estado y señalaron que la delincuencia organizada había asumido el
control total del territorio.
UN ESTADO
SOSTENIDO POR MIGRANTES.
La migración hacia territorios
agrícolas al interior y exterior del país es una forma de vida en Guerrero. De
acuerdo con las cifras del Inegi, en el estado hay una razón promedio de
dependencia de 63, sin embargo en municipios como Cochoapa el Grande y
Metlatónoc hay más de 99 dependientes por cada 100 en edad laboral (119 y 118
respectivamente).
La migración
de personas de la montaña señaló Paulino Rodríguez, comenzó a finales de los
años sesenta y desde entonces ha representado un flujo constante. Tan solo en
la última temporada alta, ubicada entre los meses de septiembre a enero, se
registraron con el Consejo de jornaleros entre 11 y 12 mil personas, pero se
estima que el número rebasa las 30 mil.
Los principales destinos señalados
por el experto son Sinaloa, Baja California, Chihuahua, Sonora, Jalisco,
Zacatecas, Michoacán y Morelos. Aunque debido a la extensión de la siembra de
chile en estados como San Luis Potosí, Guanajuato, Colima, Nayarit y Nuevo
León, estos se han convertido en destinos.
En Estados Unidos los guerrerenses
han optado por trasladarse al estado de California, Nueva York, New Jersey,
Maryland, Virginia y Carolina del Norte.
“Los cambios para la región
producidos por la migración han sido tanto positivos como negativos. Por una
parte, las remesas han elevado el nivel de vida. Las personas compran terrenos,
constituyen viviendas, crean sus propios negocios, mantienen a sus familias que
están en las comunidades de origen. Económicamente hay una potencialidad porque
las remesas rebasan a los programas gubernamentales. Pero en la parte cultural
hemos visto perderse algunas costumbres, se han retomado otros aspectos
sociales, por ejemplo, la drogadicción, el alcoholismo y el vandalismo”, añadió Paulino, quien antes de
formar parte del grupo de derechos humanos fue jornalero en diferentes campos
agrícolas, incluyendo los de Estados Unidos.
Sobre la población que más emigra
aseveró que en el caso de la migración interna se trata de familias enteras.
Los niños y sus madres son las que más padecen esta condición, sobre todo
porque estas últimas se ven forzadas a realizar labores dobles que incluyen la
razón de cuidado. En el caso de la migración a Estados Unidos ubicó a los jefes
y jefas de familia como los sujetos principales, sin embargo sostuvo que en los
últimos años ha aumentado el fenómeno entre jóvenes que van de los 13 a los 16
años.
Las cifras son inexactas, así lo
señaló el experto y dijo que se debe en gran medida a la falta de voluntad del
gobierno por prestar atención a dicho tema.
“El reto con el nuevo Gobierno
federal es que retome estas cuestiones y cree una política pública para cuidar
y proteger a las familias, principalmente jornaleros y jornaleros agrícolas. Y
desde luego garantizar más la protección de los migrantes transfronterizos”, expuso Rodríguez.
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