Hasta que no se prohíba en la
legislación, el fracking seguirá vigente en México, pese a que el presidente
Andrés Manuel López Obrador se comprometió a no permitir más esa técnica,
advirtió la Alianza Mexicana contra el Fracking.
Eso incluye la vigencia de los
lineamientos emitidos en 2017 por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente
(ASEA) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que regulan el uso de la
técnica en hidrocarburos no convencionales, puntualizó en un comunicado la
organización no gubernamental (ONG).
Para ilustrar la dimensión del uso de
la técnica, la organización civil Cartocrítica presentó una nueva investigación
que incluye un mapa dinámico que permite identificar la intensidad con la que
ha sido aplicado el fracking en México. La información muestra que son 7 mil
879 pozos los que han sido fracturados, con lo que suman 36 mil 159
fracturaciones.
De igual
manera, detalló que en materia de
contratos y asignaciones vigentes para la exploración y extracción de hidrocarburos
no convencionales, existen 26 bloques ya adjudicados, 25 de los cuales son
asignaciones a Petróleos Mexicanos (Pemex).
El otro es un contrato otorgado bajo
la modalidad de licencia firmado en noviembre de 2018 por la Comisión Nacional
de Hidrocarburos (CNH), Pemex Exploración y Producción y la empresa Operadora
de Campos DWF, S.A. de C.V., para la exploración y extracción de recursos no
convencionales entre los estados de Veracruz y Puebla, con una superficie de
140.88 kilómetros cuadrados.
En caso de cumplirse el compromiso
del presidente Andrés Manuel López Obrador, ninguno de estos bloques podrá ser
fracturado nuevamente.
La Alianza
Mexicana contra el Fracking destacó las
críticas que hizo Roberto Ochandio –experto argentino en materia de extracción
de hidrocarburos y los impactos del fracking– a los lineamientos emitidos por
la ASEA en 2017, al señalar que “el documento describe las obligaciones de los
Regulados, pero no indica cómo se hará para asegurarse que se cumplan estas
obligaciones, qué métodos legales se usarán para prevenir daños, o qué
consecuencias tendrá el incumplimiento de estas obligaciones.
“Queda todo en manos de los
Regulados: monitoreo de operaciones, informe de los eventuales daños,
protección del medio ambiente, impactos en la salud y el medio ambiente. En
ningún momento se indica cuáles serán las medidas en caso de incumplimiento,
penalidades, proscripciones, publicación de estos daños, o compensación a
poblaciones afectadas”, puntualizó.
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