Por Patricia
Mayorga.
El gobierno de Chihuahua reconoció
ante Amnistía Internacional (AI) su incapacidad para actuar contra delincuentes
en la Sierra Tarahumara señaló Rodrigo Sales, investigador para las Américas
del organismo.
Durante la presentación del informe
“Entre Balas y Olvido, ausencia de protección a personas defensoras del
territorio en la Sierra Tarahumara”, que generó cinco recomendaciones a las
autoridades estatales y federales para atender la problemática de violencia en
la Tarahumara y disminuir los índices de impunidad, Sales apuntó:
“El gobernador y el fiscal (de Chihuahua) han
informado a Amnistía Internacional que no tienen la capacidad para hacerle
frente al crimen organizado con los recursos que tienen. (Javier Corral) Ha
reconocido que por temas de poca capacidad financiera y de recursos humanos
tiene una presencia limitada en la zona. También ha señalado la ausencia del
gobierno federal”.
El informe
presentado en Chihuahua se enfoca en el
seguimiento del homicidio del defensor rarámuri Julián Carrillo Martínez,
ocurrido el 25 de octubre del año pasado en la comunidad Coloradas de la
Virgen, en el municipio de Guadalupe y Calvo.
El caso es relevante porque la
víctima tenía medidas cautelares para proteger su vida, así como su comunidad,
y en varios espacios nacionales e internacionales denunció las constantes
amenazas, despojos y homicidios por defender el territorio.
Con el análisis del caso de Julián
Carrillo y el contexto de su comunidad, AI exigió al Estado mexicano que tome
las medidas necesarias para resolver la desatención en la Sierra Tarahumara.
“El Estado debe cumplir con sus
obligaciones internacionales y ofrecer protección a las personas y comunidades
defensoras de derechos humanos en Chihuahua. En el caso de Coloradas de la
Virgen significa adoptar un plan de protección colectiva que atienda a las
raíces estructurales de la violencia en Coloradas, lo que implicaría, por
ejemplo, dotar a la comunidad de servicios básicos, establecer una estrategia
para combatir el crimen organizado en la zona y erradicar la impunidad en las
amenazas y asesinatos en Coloradas”.
En
entrevista con Apro, Rodrigo Sales
subrayó: “México no puede excusarse de sus responsabilidades en materia de
prevención y protección de personas defensoras y debe buscar los recursos
necesarios para que las personas defensoras puedan ejercer su labor, libre de
ataques”.
Sobre la incapacidad del gobierno de
Chihuahua para resolver la violencia en la Tarahumara, puso como ejemplo el
caso de Carrillo:
“Amnistía Internacional pudo revisar
el expediente relacionado con la investigación de Julián Carrillo y observó que
la Fiscalía ha tomado acciones para obtener justicia en el caso. La Fiscalía
tiene ubicados a dos autores materiales del caso y ha librado las debidas
órdenes de captura. Sin embargo, no ha sido capaz de ejecutarlas por no tener
el control de la zona.
“Amnistía internacional considera que
el Estado debe tomar las medidas necesarias para cesar la impunidad en el
presente y tomar las medidas necesarias para cumplir con las órdenes de captura
de los autores materiales y avanzar en la investigación para encontrar
responsables intelectuales”, advirtió.
Sales mencionó que para el organismo es sumamente
importante que se retomen las reuniones de la Alerta Temprana que tiene
Chihuahua para la protección de personas defensoras de derechos humanos y
periodistas, con el fin de generar políticas públicas de prevención y
protección para evitar que hechos como el de Julián se repitan en Chihuahua.
En su
informe, AI reconoce que México es uno
de los países más peligrosos para los defensores de derechos ambientales, y
llama la atención sobre la incapacidad reconocida por las autoridades
chihuahuenses para el combate del crimen organizado, que ya no sólo siembra
droga (mariguana y amapola), sino que lucha por la destrucción del territorio
con la tala ilegal, entre otros.
Según el
activista, en la entidad fronteriza no existen medidas o estrategia para
combatir la raíz estructural del problema.
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