Georgina
Morett.
Para la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco), la importancia de la educación en el siglo XXI será todavía más
significativa en regiones y países marcados por la desigualdad, la pobreza, la
falta de justicia y la exclusión social.
Y, de
acuerdo con la Agenda de Educación Mundial 2030, los países de la Unesco deben
garantizar educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje permanente para todos.
Sin embargo, en México, el constante
conflicto magisterial ha impedido a los niños de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y
Michoacán, entre otros, mantener completos sus ciclos escolares, ya que al
parecer los maestros prefieren vivir en el plantón, con todas las prebendas que
por ello consiguen.
Ahora, integrantes de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen desde hace 15 días
bloqueos en las vías férreas de Michoacán, lo que, de acuerdo con medios
locales, ha afectado a 180 trenes, 8 mil 600 contenedores y provocado pérdidas
por más de 10 mil millones de pesos.
Sin duda éste es un grave problema
para el país, independientemente de las culpas que se echen entre el gobierno
federal y el estatal, pero, sobre todo, es un grave problema para la niñez de
esos estados que son precisamente los que tienen menor desarrollo.
De acuerdo
con un texto de Luis Hernández Navarro, de La Jornada, la Coordinadora acordó tres grandes ejes de acción que guían su lucha:
democratizar el sindicato, democratizar la educación y democratizar el país.
Obvio, estos tres ejes significan una
lucha muy válida y necesaria, pero en el fondo de todo esto, lo que realmente
ha sucedido, sobre todo a partir de 1989, que fue cuando empezaron las
movilizaciones de la CNTE, es que los niños han perdido meses de clases y, por
lo tanto, de una educación que les permita enfrentar los retos del siglo XXI.
De acuerdo con el Informe de
Desigualdades 2018 de El Colegio de México, en nuestro país la movilidad social
es apenas de 2.1 por ciento, lo que implica que no se tiene un sistema efectivo
para igualar las oportunidades de acceso de los ciudadanos a bienes y servicios
cruciales.
Al contrario, nos demuestra que el
origen económico determina, en muy buena medida, las condiciones
socioeconómicas que experimentarán cuando sean adultos.
Además, el Informe señala que la probabilidad de
que un estudiante de una escuela urbana alcance buenos aprendizajes es entre 3
y 4 veces mayor que la de un alumno de una escuela rural.
Y que los jóvenes de hogares con
recursos económicos y culturales escasos tienen menos posibilidades y
herramientas para enfrentar las demandas materiales y simbólicas del sistema
educativo.
Y que asisten a escuelas con
condiciones de infraestructura y de formación docente deficientes, por lo que
dichos alumnos desarrollan menos habilidades educativas que sus pares con
mejores condiciones, lo cual, a su vez, incide de manera negativa en sus
posibilidades de avanzar en el sistema educativo.
Además de lo que impactan a la
educación estas desigualdades sociales, en el Informe se señala que también las
diferencias étnicas y regionales inciden en la distribución de oportunidades.
Y si a eso agregamos los constantes
paros de los maestros en los estados más pobres del país, estaremos seguros de
que su movimiento no ha permitido avances en la democratización en México.
Más bien, los maestros que aseguran
que tienen una función social y mantienen estos plantones, no se han dado
cuenta del daño que hacen a sus familias, a sus pueblos y a sus estados, por lo
que sus consignas terminan en demagogia.
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