Por Adela
Navarro Bello.
El 21 de diciembre de 2018 acompañada
de una fotografía que nos permite ver el atardecer de Santa Rosalía, Baja
California Sur, el periodista Rafael Murúa Manríquez publicó en su cuenta de
Facebook esta frase: “I LOVE this Job”. Etiquetó en su pensamiento público a Radio Kashana FM.
“Yo amo este trabajo” fue una de las
últimas publicaciones del periodista asesinado la madrugada del domingo 20 de
enero de 2019. El próximo diez de marzo Rafael cumpliría 34 años. Era
periodista y director de una radio comunitaria en su natal Santa Rosalía,
precisamente la que etiquetó en su publicación en redes sociales.
Antes de matarle de dos tiros en la
cabeza, Rafael Murúa fue herido con un arma punzocortante en el pecho. Cerca
del corazón una herida. Menos de dos meses atrás había denunciado amenazas.
Realizó las denuncias pertinentes y le fue concedido el beneficio del mecanismo
de protección. De nada le sirvió. Cerca de las 11:40 de la noche del sábado sus
familiares le perdieron la presencia, y a la madrigada siguiente fue asesinado.
Precavido, hace poco pidió al
reportero de ZETA en la península sudcaliforniana no publicar las condiciones
en las que vivía bajo amenaza. No quería encontrar más problemas. Ya había
perdido la tranquilidad en su trabajo y en su hogar,
También se había referido
públicamente Rafael Murua sobre la actitud del alcalde de Mulegé, José Felipe
Prado Bautista. Escribió en noviembre 14 un texto que tituló “censura por
adelantado en Mulegé”. Y aseveró: “En cincuenta y dos días de gobierno de
Felipe Prado he vivido más agresiones y abuso de autoridad que en los seis años
anteriores desde que ejerzo el periodismo en mi ciudad natal, Santa Rosalía.
“…Por primera vez el expresarme sobre
un tema de política causó agresiones a mi persona, familia, y patrimonio. Cabe
señalar que me expresé solamente en mi cuenta personal de facebook, no en la de
Radiokashana FM, tampoco en nuestro sitio web o radio.
“Publiqué el 29 de octubre pasado a
las 16:17 horas “La Seguridad Pública no le importa a Felipe Prado. Prefiere
que los funcionarios le preparen su fiesta de cumpleaños que cumplir con
acuerdos entre Gobierno del Estado y Municipio “son convenios con otro
Ayuntamiento, no con este” contestó. El Presidente sigue en campaña, poniendo
en riesgo equipo de cientos de miles de pesos que usa la Policía Estatal y
Municipal, así como Protección Civil.”
“…Esa misma noche me estaban
advirtiendo que pronto iban a asesinarme. Casualmente la información venía de
la casa de uno de los funcionarios de la actual administración municipal, con
puesto de coordinador”.
A esa amenaza siguieron otras.
Ataques a su casa, un balazo en una ventana. Pero el joven no bajó la guardia.
Periodista, se comprometió con sus radioescuchas y lectores a mantener los
micrófonos abiertos para denunciar los abusos de autoridad. El tema de la
inseguridad y los ataques armados no estaban en su agenda editorial. Pero
Rafael terminaría siendo víctima de ese contexto de violencia que en México
arrebata la vida a miles de personas cada año.
Aun sin conocérsela la cifra total de
homicidios dolosos en 2018, la cuenta hasta octubre de ese año sumaba más de
150 mil ejecutados en el sexenio que fue de Enrique Peña Nieto. Y la ola de
violencia no ha sido detenida. De acuerdo a información de la Secretaría de
Gobernación, en diciembre del año pasado, el primero del gobierno del
presidente Andrés Manuel López Obrador, se contabilizaron 2 mil 440 homicidios.
Mayormente esas ejecuciones se
originan en el ambiente del narcotráfico y el crimen organizado. También
principalmente son realizadas con arma de fuego.
Sin dar a conocer aún una estrategia
integral de combate al narcotráfico, al crimen organizado, que tenga por objeto
no solo erradicar el tráfico de drogas y el lavado de dinero en el país, sino
aminorar la suma de homicidios dolosos producto de rencillas, vendettas y
ajustes entre criminales organizados y narcomenudistas, los mexicanos todos
están vulnerados.
El periodista Rafael Murúa Enríquez
sumaba aparte amenazas. De acuerdo a sus escritos lo amenazaron desde el poder
político. Frecuentemente así viven los periodistas, entre dos fuegos. Entre la
amenaza y la inseguridad del narcotráfico impune, y la presión y la afrenta de
la clase política gobernante.
La radio comunitaria de Baja
California Sur ha perdido una importante voz. Murúa no sólo abría los
micrófonos a los ciudadanos de aquella entidad para dar realce a sus voces,
para hacer escuchar sus denuncias, aparte era un promotor de la apertura de
espacios de comunicación que dieran a las comunidades ese escaparate necesario
para salir de la opacidad del abuso y la represión.
Amaba su trabajo, y hoy Rafael Murúa
Enríquez es recordado por ser “el primer periodista asesinado en el gobierno de
López Obrador”. La cuenta no se detiene. Los periodistas no se salvan ni con
mecanismo de protección. Como los mexicanos todos, son vulnerables a la
inseguridad que impera en este país donde las políticas públicas de combate a
la violencia y la inseguridad han fallado de manera sistemática durante los
últimos tres sexenios, sin contar aún al que apenas inicia.
Una voz menos en México, una voz
menos en la radio comunitaria. Una periodista menos. Un amante de su trabajo
menos, en un país en el cual lo que hace falta es compromiso y amor al trabajo,
para el beneficio de todos.
Una pena lo de Rafael. Lamentable.
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