El inefable 'Napito'

Raymundo Riva Palacio.

Los problemas legales para Napoleón Gómez Urrutia se están incrementando. El miércoles, una pequeña manifestación en el Ángel de la Independencia precedió a una acusación formal de fraude en contra de más de dos mil mineros de Cananea ante la Fiscalía General, y una petición al presidente Andrés Manuel López Obrador para que interceda y fuerce al líder minero, apodado Napito, a que aclare qué hizo con esos recursos. La acusación es secuela de un viejo proceso por no haberlos indemnizado con los 55 millones de dólares de la venta de las acciones de la minera Mexicana Cananea. Pero lo más probable es que esta nueva denuncia corra la suerte de las anteriores: será congelada y sobreseída, mientras Napito acumula poder bajo la protección presidencial.

Napito es el líder sindical más empoderado de la cuarta transformación, que está construyendo un renovado polo de poder en el cambio de régimen propuesto por el presidente López Obrador, que podría convertirse en un problema para su proyecto de nación. Pero no es el único. En poco más de dos meses de gobierno, los sindicatos que apostaron por López Obrador están canjeando rápidamente sus respaldos. En Michoacán y en el territorio CNTE, la disidencia magisterial está respaldándose en el gobierno para cobrar los adeudos que durante meses les fueron negando. En Tamaulipas, se enfrentaron a las maquiladoras y encontraron en sus contratos colectivos la manera de incrementar sustancialmente, dentro de la ley, sus ingresos.

Gómez Urrutia, sin embargo, se maneja en estadio diferente. Acusado por el fraude de 55 millones de dólares en perjuicio de 10 mil mineros, en 2005, se fugó de México y adquirió la ciudadanía canadiense en agosto de 2013, arropado por los sindicatos mineros de Canadá y de la industria del acero de Estados Unidos. No pudo negociar con los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto su regreso a México, pero encontró la puerta del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador para su retorno triunfante. Napito fue colocado en la lista plurinominal de senadores, luego que el líder laborista del Reino Unido, James Corbyn, se lo recomendara a López Obrador. Con ese apoyo, el Tribunal Electoral desestimó que el líder minero tuviera la nacionalidad canadiense, y contra las disposiciones legales, aprovechando un hueco en la ley, aprobó su candidatura.

Desde la parte final del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto ya había resuelto la parte penal de la demanda, al exonerarlo la PGR del fraude a los mineros, quienes no se quedaron quietos. Este miércoles lo volvieron a demandar. De acuerdo con Eje Central, presentaron cuatro documentos con la firma de Napito, que se constituye como representante de los miembros del sindicato minero, cuando “no estaba facultado jurídicamente” para representar a quienes ya no eran mineros sindicalizados sino en retiro, según los quejosos. Miembros de la Comisión de Reclamantes han buscado audiencia con López Obrador desde que era presidente electo para que interceda en el esclarecimiento del destino de los recursos, que “por justicia” deben recibir los trabajadores, sin éxito hasta ahora.

No se ve tampoco que vayan a fructificar sus recursos legales. Gómez Urrutia ha ido aprovechando las contradicciones y conflictos que viven los sindicatos y el descrédito de muchos de sus líderes para ir tejiendo alianzas de las que, como lo aprecian quienes observan los movimientos en ese sector, emerja como el gran líder de todos los sindicatos, como se apreció en la huelga de maquiladoras en Matamoros, donde el sector empresarial lo acusó de estar detrás de los sindicatos que se fueron a paro para presionar por aumentos en salarios, prestaciones y bonos extraordinarios. Napito ha negado esas imputaciones, pese a que varios de quienes encabezaron el movimiento fueron vinculados a él.

La turbulencia en los sindicatos ha abierto los espacios, alimentada por la permisividad del gobierno, que no ha sido intermediario sino verdugo. El caso del dirigente petrolero Carlos Romero Deschamps es un ejemplo. El director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, le exigió que renunciara, a lo que Romero Deschamps se negó hacerlo en los términos de capitulación, como se le pidió. El resultado fue una operación de pinzas.

Por un lado, la asociación Petroleros Activos en Evolución por un México Nuevo, revivió una denuncia penal en la Fiscalía General, que presentó por los mismos delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada, en 2017. Por el otro, se empezó a circular en redes sociales nombres de posibles sustitutos e insinuaciones de investigaciones, lo que puso muy nervioso al dirigente petrolero al llevarlo a un terreno donde afloran los errores, como pedir un amparo buscador, como definen a aquellos recursos legales para saber si hay procesos en contra de uno, que alimentó la percepción de que delinquió.

El cambio de cabezas en los sindicatos, parte de la política de relevo general de López Obrador, es lo que ha aprovechado Gómez Urrutia. Tiene como alfil a Pedro Haces, quien fue colocado como senador sustituto de Germán Martínez y tomó su lugar en el Senado al pedir licencia para dirigir el Seguro Social. “Los días de la CTM están contados”, dijo Haces al relevar a Martínez. “Se acabó la era de los cacicazgos. Nunca más la imposición y el dedazo en los sindicatos”. Lo primero que hizo en esa Cámara fue forjar la relación con quien representa lo contrario, Napito.

La fortaleza de Gómez Urrutia se incrementa cada vez más. La denuncia presentada en su contra es la continuación de procesos legales que lo han perseguido por cuatro sexenios, sin que lo alcancen. Ahora, con López Obrador en la presidencia, menos. Napito va corriendo a ser el Fidel Velázquez de la cuarta transformación.