Por Arturo Ángel.
La Fiscalía
General de la República (FGR) rechazó
oficialmente transparentar cualquier dato de la investigación relacionada con
la posible corrupción de funcionarios del sexenio pasado al tener vínculos con
la constructora brasileña Odebrecht. Esto pese a que existe una resolución del
INAI que así lo ordena, y a que el propio presidente Andrés Manuel López
Obrador había prometido transparencia en el caso.
Para negarse
a dar la información, la Fiscalía
General entregó a Animal Político un documento de 21 páginas en el que expone
argumentos idénticos a los que el año pasado entregó la entonces PGR del
gobierno de Enrique Peña Nieto, y que van desde el riesgo de afectar el “buen
nombre” de los involucrados, hasta que no está probado que hubiera corrupción,
y que hay una demanda de amparo interpuesta. De hecho, se trata prácticamente
del mismo documento.
No solo eso.
La FGR ha continuado con la ofensiva
jurídica que heredó de la PGR para no informar. El pasado 15 de enero obtuvo de
un juez federal una suspensión provisional para no acatar la orden del INAI, y
el pasado 23 de enero litigó y consiguió la suspensión definitiva. En dos
semanas se define si le conceden finalmente el amparo para que el caso quede en
secreto y clasificado cinco años.
El pasado 6
de diciembre el presidente André Manuel López Obrador había señalado que aun
cuando había que ser respetuosos de la ley, este caso debía transparentarse
dentro de los márgenes del debido proceso.
“No somos tapadera de nadie (…) hay
instrucciones en lo que corresponde a que se den todos los informes y estamos a
favor de la transparencia (…) lo único que se tiene que cuidar es no dar motivo
para que si la Procuraduría General de la República da información, esto sirva
a los implicados como prueba de que no se está siguiendo el debido proceso”, dijo el presidente.
Incluso el
miércoles el propio fiscal general Alejandro
Gertz Manero dijo en una reunión plenaria con legisladores de Morena – tras
exponer el supuesto desorden de investigaciones como Odebrecht – que la
“secrecía” de casos como este no debería convertirse en “encubrimiento”.
En
entrevista el comisionado del INAI, Joel
Salas, lamentó que aun cuando la nueva administración federal y distintos
funcionarios del gabinete han destacado la importancia de la transparencia en
casos como Odebrecht, el tema siga en la opacidad. Advirtió que no escatimarán
en recursos legales y, de ser necesario, buscarán llevar el tema del amparo que
busca la FGR a tribunales superiores.
La investigación por la presunta
corrupción en que incurrieron funcionarios del gobierno pasado – principalmente
Pemex – en la concesión de contratos a Odebrecht estaba prácticamente
concluida, según lo que informó desde finales de 2017 el entonces procurador
Raúl Cervantes.
Sin embargo dicha carpeta no ha sido presentada ante un
juez y ni la PGR, ni ahora la Fiscalía General, han dado a conocer algún
balance del caso o cuál es el progreso. Ante ello, y la negativa de informar,
el INAI ha ordenado en repetidas ocasiones que se den a conocer datos de un
caso que es de interés público, pero no se ha realizado.
En el
presente sexenio y ya con Gertz Manero
al frente de la Fiscalía General, Animal Político ha promovido dos solicitudes
de información y un recurso de revisión para intentar obtener distintos datos
de la investigación del caso Odebrecht, pero en todos los casos la respuesta
del órgano autónomo (como legalmente es ahora la FGR) ha sido negativa.
Este medio
promovió dos solicitudes de información dirigidas a la FGR ya en el actual
sexenio. La 0001700342018 solicitando conocer la cantidad de personas que han
declarado en torno a esta investigación así como la identidad de las mismas; y
la folio 0001700347518 en la que se pidió copia de las declaraciones
ministeriales en versión pública y una copia de la carpeta de investigación en
versión pública.
A su vez se
había promovido el recurso de revisión 6994/18 luego de la negativa de la
entonces PGR de informar del caso. Como ya se dijo, el 12 de diciembre el INAI
ordenó a la Fiscalía modificar esa
negativa y dar a conocer los datos del caso.
En sus documentos de respuesta a todo
lo anterior (el último fechado el pasado 29 de enero) la FGR expone múltiples
razones del por qué desde su punto de vista, y pese a las resoluciones del
INAI, no se puede dar a conocer dato alguno en torno a esta carpeta de
investigación.
Como ya se
dijo, dicha respuesta es prácticamente
la misma que la PGR había expuesto con anterioridad. Contiene, incluso,
párrafos idénticos y construye el mismo razonamiento.
Así, por
ejemplo, se repiten argumentos como que
“la difusión de la información solicitada no puede obedecer a la simple
curiosidad del ciudadano o del interés de un ciudadano”, o que ordenar la
publicidad del caso “es un planteamiento que atenta en perjuicio del verdadero
interés público de la sociedad sobre el esclarecimiento de los hechos”.
También se repiten razones como que revelar datos
que identifiquen a las personas investigadas “afectaría su intimidad, prestigio
y buen nombre”, que se violaría el principio de presunción de inocencia, o que
“aún no se desprenden elementos suficientes para determinar” si los delitos
cometidos en este caso “son hechos de corrupción”. Eso entre otros argumentos
ya descritos desde noviembre en esta nota.
Ofensiva
legal vs el INAI.
Otro de los argumentos expuestos y
repetidos por la PGR-FGR para no abrir el caso Odebrecht es la existencia de
una demanda de amparo promovida contra la resolución del INAI. Animal Político
revisó a través el Consejo de la Judicatura este caso, y se confirmó que se
trata de un amparo promovido por la propia Procuraduría, y al que ahora la
Fiscalía le ha dado continuidad.
La demanda se presentó desde octubre
del año pasado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa
por una agente del Ministerio Público, adscrita a la agencia Décimo Cuarta
Investigadora de la Coordinación General de Investigación, de la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de PGR.
Originalmente
el juez del caso desechó la demanda al considerar que la determinación del INAI
de proporcionar información del caso iba dirigida a la Unidad de Transparencia
de la PGR, y no a la agente que la promovió pero, a través de un recurso de
queja, la dependencia consiguió que el caso fuera reactivado.
El 15 de
enero el juez concedió la suspensión provisional para no acatar la
determinación del INAI e informar del caso. Esa fue la suspensión a la que hizo
referencia la Fiscalía en las respuestas proporcionadas.
Pero además
el pasado 23 de enero la FGR consiguió que el juez le concediera la suspensión
de forma definitiva para no informar. Será dentro de dos semanas cuando se
defina si le conceden el amparo definitivo.
Entrevistado sobre este tema, el
comisionado Joel Salas dijo que no van a escatimar en cuanto a los recursos
legales que el Instituto tiene a su disposición, y adelantó que buscarán que el
eventual amparo sea revisado por los magistrados de una Sala Superior.
Salas hizo hincapié en que los artículos 94, 95
71 y 82 de la Ley Federal de Transparencia amparan la determinación del INAI de
que el caso debe transparentarse. Señaló que el pleno del Instituto ha
determinado que por tratarse de un caso de alto impacto debe prevalecer el
interés público y la sociedad debe conocer información básica del caso.
Además Salas
explicó que este es un caso que
involucra hechos de corrupción, lo cual es razón suficiente para que no aplique
la reserva de confidencialidad en la carpeta de investigación correspondiente.
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