Por Yesme
Cortés.
Entre 2006 y 2018, Tamaulipas
encabezó la lista de los estados con el mayor número de personas imputadas por
el delito de robo de hidrocarburos: durante ese periodo la Procuraduría General
de la República (PGR) registró dos mil 918 casos, es decir, 265 personas cada
año en promedio.
Tan solo en
2014, la PGR –ahora Fiscalía General de
la República (FGR)– registró 991 incidentes en dicha entidad fronteriza, aunque
ese año las autoridades solo detuvieron a una de cada cinco personas
involucradas –el 18%– y las cuatro restantes salieron libres.
Y no solo
esto: de las 316 gasolinerías que
Petróleos Mexicanos (Pemex) clausuró en 2017 tras detectar que eran usadas para
lavar dinero, 24 se encontraban en Tamaulipas, es decir, un 7.5%.
El mes
pasado, la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) informó que bloqueó la actividad de 13 empresas tamaulipecas
por la probable operación de recursos de procedencia ilícita, pue no compraron
combustible a Pemex entre 2016 y 2017: tres se encontraban en Reynosa y en
Matamoros, dos en Valle Hermoso, Río Bravo y San Fernando, y una más en
Guerrero.
Al revisar
una muestra de permisos para operar gasolinerías que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó entre 2015 y 2018, Apro
detectó que varios accionistas de estaciones de servicio incorporadas en
Tamaulipas fueron investigados por lavado de dinero o señalados por presuntos
vínculos con grupos criminales.
Abel Briones Ruiz es uno de ellos:
Según la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento
del Tesoro de Estados Unidos, el hombre es uno de los integrantes del Cártel
del Golfo, e informó en mayo de 2015 que congeló sus activos, entre los cuales
se encontraba la gasolinería Combustibles Briones, S. A. de C. V.
La agencia
de noticias AP reportó que Abel Briones
utilizaba su red de transporte para distribuir cocaína en la frontera suroeste
de Estados Unidos.
De acuerdo
con el acta constitutiva de la empresa consultada en el Registro Público de
Comercio (RPC), Briones Ruiz registró
Combustibles Briones, S.A. de C.V. en 2009, y declaró entonces que era
comerciante. En la asamblea del 2012, se registró una ampliación del capital a
4.3 millones de pesos, lo cual se justificó por la expansión y crecimiento de
los negocios de la sociedad.
José Guadalupe Herrera Bustamante,
exprocurador de Tamaulipas en la gestión de Manuel Cavazos Lerma y Eugenio
Hernández, también opera una gasolinería en Ciudad Victoria. El notario público
fue investigado en 2012 por lavado de dinero y dos de sus hermanos –Ariel y
Érick– fueron identificados como integrantes del cártel del Golfo.
Seyed Mohammad Farough Fatemi
Corcuera también fue investigado en México y Estados Unidos por lavado de
dinero durante las gestiones de Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores en
Tamaulipas, así como durante el gobierno de Roberto Borge Ángulo en Quintana
Roo.
Tanto en México como en Estados
Unidos presuntamente fungió como prestanombres de los exgobernadores
tamaulipecos y adquirió propiedades o realizaba negocios con dinero vinculado
con el narcotráfico –cártel del Golfo y Zetas–. Es accionista de la empresa
Gasolinera Agrónomos, S.A. de C.V.
Wistano Luis Orozco García adquirió
acciones de Unión de Gasolineros Las Torres, S. A. de C.V. en 2015. Este
personaje fue director de Finanzas de la Universidad Autónoma del Estado de
México, donde fue responsable de los convenios multimillonarios que dicha institución
educativa celebró con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante la
gestión de Rosario Robles Berlanga. El dinero público se esfumó en complejos
esquemas de empresas fantasmas y simulaciones de servicios, según encontró la
Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Cifras en
caída.
En la lista de los estados con mayor
número de casos por robo de hidrocarburos siguen, después de Tamaulipas, el
estado vecino de Veracruz –con 261 casos anuales en promedio– y Sinaloa, con
235 casos anuales, también en promedio. Tamaulipas y Veracruz también figuran
entre las entidades con el mayor número de estaciones de servicio: 549 en el
primero y 729 en el segundo.
De acuerdo
con datos oficiales, la mayor parte de
los casos fueron abiertos por delitos relacionados con la sustracción o
aprovechamiento de hidrocarburos, castigados con entre tres y 10 años de
prisión, y una multa de 500 a 10 mil días de salario mínimo.
Derivado de
la Reforma Energética se generó la Ley
Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia De
Hidrocarburos, que reformó y derogó parte de lo que indicaba en el código penal
en materia de robo de gasolina.
DICHA LEY
ENTRÓ EN VIGOR EN ENERO DEL 2016. Ese
año, el número de casos registrados fue de 600, cuando en los dos años previos
se superaron los seis mil 500, y menos del 30% de las personas fueron
detenidas. Para los años de 2017 y 2018 sólo hubo reporte de cinco casos o
menos.
Según cifras
del gobierno federal, el robo de
combustible genera pérdidas en el país de 60 mil millones de pesos por año.
Además de Tamaulipas, otras entidades donde se registró esa práctica destacan
Veracruz, Sinaloa, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo y el Estado de
México.
Una modificación a la ley, aprobada
en abril de 2018, endureció el castigo para la persona que sustraiga
hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos de ductos, vehículos, equipos,
instalaciones o activos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios,
contratistas, permisionarios o distribuidores: la pena se incrementó a entre 20
y 30 años de prisión.
Otro de los delitos que registró la
PGR fue la “la sustracción o alteración de equipos o instalaciones de la
industria petrolera”, castigada con entre tres y diez años de prisión y una
multa de entre 200 y mil días de salario mínimo. Hasta 2011, Veracruz y Tabasco
registraron el mayor número de incidencias de ese delito.
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