Las reformas constitucionales para
crear la Guardia Nacional y ampliar el número de delitos que ameritan prisión
preventiva automática llegan a una fase clave. Esta semana las cámaras de
Diputados y de Senadores entran en la recta final del análisis y debate de los
dictámenes que previamente ya les mandaron sus contrapartes, con miras a la
votación y aprobación. No obstante se prevén varias modificaciones.
En el caso
de la Guardia Nacional —señalaron
legisladores que participan en el proceso— existe inconformidad de los
senadores del grupo mayoritario y también de partidos de oposición respecto a
varios puntos del dictamen aprobado en enero en la Cámara de Diputados, por lo
que buscarán modificarlo para luego regresarlo a San Lázaro.
En cuanto a
la prisión automática, la minuta que en
diciembre aprobó el Senado fue modificada por los diputados en comisión, la
cual redujo de 12 a 4 los nuevos delitos contemplados. Esto rompió el consenso
que había en la cámara baja y ahora se busca dar marcha atrás a estas
modificaciones o buscar otras para que la minuta avance.
Paralelamente la oposición trabaja
con organizaciones ciudadanas dos propuestas alternas a la reforma de prisión
oficiosa. Hoy arrancan una serie de cinco audiencias públicas en San Lázaro
para analizar el tema.
Cabe señalar que al tratarse, en
ambos casos, de reformas constitucionales se requiere de la aprobación de dos
terceras partes de los senadores y diputados para su aprobación. Por este
motivo Morena y sus aliados (impulsores de las reformas) necesitan el apoyo de
alguna de las principales fuerzas de oposición para que transiten.
A
continuación se detalla lo que sigue en la ruta de ambas reformas, entre ellos
los cambios que se prevén, los procedimientos, y las audiencias. Esto de
acuerdo con la información proporcionada por legisladores de ambas cámaras
consultados por Animal Político.
Reforma de
Guardia Nacional.
Situación
actual.
Luego de
múltiples revisiones, la Cámara de
Diputados aprobó el pasado 16 de enero el dictamen en materia de Guardia
Nacional y envió la minuta al Senado. Pero tanto el presidente Andrés Manuel
López Obrador, así como legisladores de diversos partidos han expresado su
inconformidad con el proyecto y la necesidad de hacer cambios.
El 1 de
febrero, la Comisión de Puntos
Constitucionales del Senado realizó una reunión extraordinaria con los
secretarios de Defensa, Marina y Seguridad quienes insistieron en la necesidad
de crear la Guardia Nacional como un cuerpo de policía civil pero con formación
y disciplina militar.
Los cambios
que vienen.
Diversos
legisladores que conforman la comisión que revisa el dictamen de Guardia
Nacional adelantaron modificaciones,
como la relacionada con la facultad de investigación de la Guardia Nacional.
Algunos
senadores han expresado que la redacción
no deja en claro que esta nueva fuerza debe estar sujeta a la dirección del Ministerio
Público en tareas de investigación, por lo que analizan cambios en el tema.
Además, Morena busca que se incluya en el dictamen
la capacidad que tendrán las Fuerzas Armadas de continuar colaborando de forma
temporal en seguridad pública, mientras se culmina con la conformación completa
de la Guardia Nacional. Esto estaba plasmado en un artículo transitorio que fue
eliminado en la versión final del dictamen aprobado por los diputados.
También se analizan cambios en la redacción del
artículo 21 en el apartado donde se establece que la Guardia tendrá doble
adscripción a las dependencias de Seguridad y Defensa, así como una junta de
jefes militares y civiles. Esto, debido a que algunos legisladores advierten
que no quedan claras las competencias.
Leyes
faltantes.
La reforma propuesta establece que
para que esta nueva fuerza de seguridad funcione, se requieren tres leyes
secundarias: la Ley de la Guardia Nacional que debe expedirse en un plazo de 90
días, y las leyes de Uso de la Fuerza y de Registro de Detenciones que deben
aprobarse en un plazo máximo de 120 días.
Lo que se propondrá primero es
acortar el tiempo que hay que esperar para que se expidan estas leyes, e
incluso se busca que se publiciten lo más rápido posible los borradores de
dichas iniciativas para conocer sus alcances.
Además, en la sesión extraordinaria del pasado 1 de
febrero en la Comisión de Puntos Constitucionales, el secretario de Seguridad
Alfonso Durazo dijo que ya tienen listo un borrador de la iniciativa sobre uso
de la fuerza.
La ruta.
La Comisión de Puntos
Constitucionales del Senado será la responsable de elaborar un dictamen sobre
la minuta que enviaron los diputados. Se prevé que desde aquí se incluyan
modificaciones. Si la comisión aprueba por mayoría simple el dictamen, pasará
al pleno donde tendrá que ser avalado por mayoría calificada (2/3 partes).
Como se prevén cambios a la minuta
enviada por los diputados, el dictamen que los senadores aprueben tendrá que
regresar a la Cámara Baja para ser nuevamente estudiada y en su caso aprobada.
Solo hasta ese punto podrá enviarse a los congresos locales para que estos a su
vez lo analicen y aprueben.
Reforma de
Prisión oficiosa.
Situación
actual.
En diciembre
pasado, los senadores aprobaron la
reforma al artículo 19 constitucional para ampliar de 6 a 18 el catálogo de
delitos que ameritan prisión oficiosa, es decir, prisión preventiva automática
para los probables responsables de cometer esos ilícitos. La minuta fue enviada
a la Cámara de Diputados para su análisis. Ello con el objetivo de que fuera
ratificada por la cámara baja en el periodo extraordinario convocado en enero.
Sin embargo,
la Comisión de Puntos Constitucionales
modificó la minuta y aprobó un dictamen que solo ampliaba la prisión automática
a cuatro delitos: robo de hidrocarburos, enriquecimiento ilícito, ejercicio
abusivo de funciones y uso ilegal de programas con fines electorales. Quedaron
fuera ilícitos como feminicidio, desaparición forzada, robo a casa habitación y
de transporte, entre otros.
Esto generó
divisiones entre los grupos parlamentarios y el dictamen modificado no pudo ser
aprobado en el periodo extraordinario.
Los cambios
que vienen:
De acuerdo
con los legisladores consultados, hay
dos escenarios probables. Uno de ellos, impulsado por Morena, es dar marcha atrás
al dictamen aprobado en comisiones y se mantenga el catálogo de nuevos ilícitos
que ya habían aprobado los senadores en su minuta o, por lo menos, la mayoría
de los contemplados originalmente como feminicidio.
El otro escenario es el impulsado por
diputados de oposición y colectivos ciudadanos, el cual plantea que no se
amplíen los delitos de prisión preventiva automática. En su lugar se plantean
dos alternativas:
La primera es que en lugar de
modificar el artículo 19 de la Constitución se reforme el 16, para obligar al
Ministerio Público a no liberar a personas detenidas por cierto tipo de
ilícitos hasta que no se investigue y se les consigne.
La otra
opción es no hacer reforma
constitucional alguna, sino una modificación al Código Penal Federal para que
se tipifique con penalidades más graves los 12 delitos que el Senado mencionó
en su minuta, y que ello se tome en cuenta para las medidas cautelares que
dicte un juez. Ello incrementaría la probabilidad de que se dicte prisión
preventiva pero sin que sea automático.
Las
audiencias públicas.
Como parte
del proceso de debate en torno a este tema, la Cámara de Diputados anunció la realización de cuatro audiencias
públicas que arrancan este 6 de febrero y culminarán el 8. En ellas
participarán expertos, académicos, funcionarios y activistas, con el objetivo
de que aporten propuestas en torno a la ampliación de la prisión preventiva.
La primera
audiencia fue titulada “Fundamento
Constitucional de la Prisión Preventiva Oficiosa”, y se llevará a cabo a las 16
horas; la segunda denominada “Seguridad, Justicia y Prisión Preventiva” está
programada para el 7 de febrero a las 16hrs; mientras que la tercera, “Prisión
Preventiva Oficiosa y Sistema de Justicia Penal”, será el 8 de febrero a las 11
horas y la cuarta titulada “Prisión Preventiva, libertades e investigación” se
convocó para el mismo viernes a las 4 de la tarde.
La ruta.
Se prevé que la próxima semana, una
vez concluidas las audiencias públicas convocadas, el pleno de la Cámara de
Diputados aborde el dictamen de prisión oficiosa. Si se consigue aprobar lo que
el Senado había mandado originalmente, la iniciativa quedaría lista para
mandarse a los congresos estatales y buscar la aprobación de al menos 17 de
ellos para que pueda ser promulgada.
En caso de que se apruebe un dictamen
modificado al que mandó el Senado o alguna otra reforma distinta, esta tendría
que regresar al Senado para que dicha cámara realice un nuevo análisis y
votación de la misma.
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