Salvador
Camarena.
El reportaje conocido como La Estafa
Maestra no vio la luz en el mejor momento. Luego de meses de preparación, se
publicó a principios de septiembre de 2017. Un par de días después un terremoto
destruía cientos de casas en Chiapas y Oaxaca. Con toda razón, la atención
mediática se fue a cubrir la desgracia ocurrida en el sureste.
Pero el reportaje logró que al paso
de las semanas se siguiera hablando sobre la denuncia del engaño mediante el
cual diversos organismos públicos entregaron más de 7 mil millones de pesos a
universidades de seis estados, montos provenientes de las cuentas públicas de
2013 y 2014, que desaparecieron en subcontrataciones donde entidades fantasma o
irregulares chuparon el dinero oficial. En esa millonaria malversación, las
casas de estudios superiores fungieron como vil coyote.
Como todo en el sexenio de Peña
Nieto, ante el escándalo provocado por La Estafa Maestra, el gobierno (es un
decir) del mexiquense anunció investigaciones, pero salvo un caso menor de una
sanción a un exfuncionario del Fovissste, nadie enfrentó consecuencias.
La nueva administración ha logrado en
apenas unos cuantos días abrir la expectativa de que la Estafa Maestra podría
tener un nuevo capítulo, el que sería obligado en una democracia funcional.
La revista
Proceso y Animal Político dieron a
conocer la semana pasada que funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) que
participaron en el esquema de la Estafa Maestra colaboraban en la nueva
administración. Son tres altos cargos, entre ellos ni más ni menos que el
director de Producción y Exploración, y el gerente de operación y control
financiero.
Animal
Político, coautor de La Estafa Maestra con Mexicanos Contra la Corrupción y la
Impunidad, llevó el tema a una
conferencia mañanera; el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió 24 horas
para responder sobre el caso, al término de las cuales confirmó la información
del portal y anunció que la Secretaría de la Función Pública iniciaría una
investigación. Ayer, en el plazo prometido por AMLO, la titular de la SFP dio
un informe y justo es decir que lo que la secretaria Irma Eréndira Sandoval
dijo es digno se prestarle atención.
El informe no sólo confirma
sobrecostos, incapacidad de las empresas contratadas por las universidades y
que esos contratos rebasaron el monto de trabajo que las casas de estudio podían
ceder a terceros. El documento dado a conocer este jueves plantea una promesa
que, de ser honrada, podría marcar una diferencia con lo que se veía hasta
noviembre del año pasado.
Cito un
párrafo de lo dicho por la titular de la SFP para ilustrar lo anterior:
“La estafa fue maestra porque el
entramado a partir del cual se operó pretendió ser de perfecta legalidad,
aunque con deficiente moralidad. Sin embargo, el talón de Aquiles de esta
estrategia fue el control y los servidores públicos que tenían responsabilidad
en verificar que se cumplieran las condiciones de ley y los términos
convenidos, abdicaron su responsabilidad, y los auditores que debieron
monitorear el desempeño de los responsables administrativos fueron limitados en
el alcance de sus revisiones y omisos para fincar responsabilidades”.
Lo que dice
el párrafo anterior es el tema clave del
multimillonario fraude: no pudo haber ocurrido sin que las autoridades
superiores estuvieran al tanto, y sin que luego las mismas se encargaran de que
aquellos que debieran investigar abdicaran de su responsabilidad y fueran
omisos frente a los hechos, para usar las palabras de Sandoval.
Así, es alentador que la nueva
secretaria diga con todas sus letras que su antecesora en la SFP “no dio el
seguimiento que en su momento debió haber ofrecido el Órgano Interno de Control
a estos relevantes casos”.
Como alentador también resulta que
Sandoval anuncie “auditorías a los convenios posteriores a 2013, celebrados por
Pemex Exploración y Producción”, y que la SFP “presentará ante la Fiscalía
General de la República las denuncias correspondientes”.
Hasta aquí las buenas nuevas.
Noticias que serán realmente positivas sí, y sólo sí, los hechos consolidan las
promesas de la secretaria.
Sin embargo,
algo también destaca del informe
presentado ayer por Sandoval: su alcance es muy limitado. Porque, como se sabe,
la Estafa Maestra no fue operada sólo en Pemex, sino en una decena de
instituciones entre las que destacan Sedesol, de Rosario Robles, y Fovissste,
de Reyes Baeza.
Qué bueno que la SFP ha comenzado a
denunciar la inacción que hubo con respecto a las denuncias en Pemex. Pero se
requiere que la Función Pública muy pronto anuncie que todas las dependencias
que participaron de ese esquema, y las autoridades que lo permitieron y
abdicaron a investigar, serán llamadas a cuentas. Veremos.
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