Diego López Méndez fue detenido a los
20 años, cuando se encontraba en su lugar de trabajo. La historia de su
encarcelamiento incluye una detención sin orden judicial, golpes, descargas
eléctricas, asfixia, objetos introducidos en las uñas.
“Lloraba yo de los golpes, sentía que
me iban a matar. ‘Tú fuiste’, me decían. Hasta que ya no aguanté y dije: ‘yo
creo que sí…’. Ahí dejaron de golpear”.
Lo acusan de homicidio. La única
prueba en su contra es la declaración de un compañero de trabajo, al que
detuvieron días antes y a quien, también a golpe de tortura, le pidieron diera
el nombre de “sus cómplices”. “Yo no sé por qué dio mi nombre, pero luego me
dijo que fue por los golpes, y me pidió perdón. Yo lo perdoné, porque a él
también lo torturaron mucho”.
Su ex compañero de trabajo logró
demostrar su inocencia y salió libre, pero el juez no supo cómo acomodar el
proceso contra Diego y declararlo inocente, sin reconocer que había firmado una
declaración autoinculpatoria, sin reconocer la tortura en su proceso.
En el
expediente penal 59/2017 se señala que
Diego fue detenido el 18 de julio de 2012 “por una orden de captura” expedida
por una autoridad judicial. De manera contradictoria, el expediente dice
también que Luis Abelardo Castro Cruz, primer secretario de Acuerdos, declaró
que las autoridades ministeriales detuvieron a Diego “en flagrancia”.
Como el Diego, en México y en Chiapas
se cuentan por cientos los casos documentados contra personas indígenas a las
que se les obliga a declararse culpables de delitos a través de la tortura
practicada por integrantes del aparato de justicia.
Representantes de la Organización
Mundial Contra la Tortura (OMCT), organismo donde confluyen más de 200
organizaciones de la sociedad civil, visitaron hace unos días el estado de
Chiapas, como parte de sus actividades previo a la sesión 66 del Comité Contra
la Tortura (CAT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde el
Gobierno mexicano será evaluado por 10 expertos en una audiencia de dos días
que tendrá lugar el próximo mes de abril, en Ginebra, Suiza.
La OMCT prepara un “informe sombra” o alternativo
al que presentará el Gobierno mexicano, mismo que será entregado a los expertos
de la ONU, y servirá también como instrumento para la evaluación del país.
Uno de los temas que abordará el informe
alternativo es justamente la desprotección de los pueblos indígenas frente a la
tortura.
Los
organismos que integran la OMCT aseguran
que cuando se tortura a una persona, la otra víctima es la familia.
Eso se vuelve evidente en la
comunidad Edén del Carmen, del municipio Ocosingo, ubicada a poco más de tres
horas desde la prisión de San Cristóbal de las Casas donde está encarcelado
Diego.
Ahí, Pedro López Martínez, padre de
Diego, llora y lamenta no haber tenido los 15 mil pesos que les pedía el defensor
de oficio que le asignaron a su hijo.
Con ayuda de un traductor, porque
Pedro es hablante de tsotsil, el padre de familia lamenta su pobreza, que lo
llevó a sacar a su familia del municipio San Juan Cancúc, y llevarla a Edén del
Carmen, donde compraron un pequeño lote para construir la casa de madera y piso
de tierra donde crecieron Diego y sus 5 hermanos y hermanas; y que aún habitan.
Pedro explica que Diego, el penúltimo de sus
hijos, siempre fue muy inquieto y, empecinado en estudiar, pidió que le
consiguiera una bicicleta para poder acudir a la comunidad cercana a cursar el
nivel secundaria. Pedaleaba una hora y media de ida, y una hora y media de
vuelta. Todos los días. Cuando terminó la Secundaría, Diego se marchó a
trabajar a San Cristóbal de las Casas: “para ayudarnos a sobrevivir”.
“Un día vinieron a decirnos que
estaba detenido. Yo no hablo español, por eso su hermana fue a verlo. Así
empezó la tristeza… porque él es inocente pero lo habían golpeado mucho (…)
Tuvo un abogado y después otro. Nos pidió (el abogado) 15 mil pesos para que lo
liberarán, ¿pero de dónde iba yo a sacar el dinero?”, se lamenta.
En la habitación de madera, a un lado
del fogón, Juana Méndez se sostiene constantemente la cabeza con las dos manos,
la aprieta con fuerza. Tiene dolor que no se le quita. “La tristeza por Diego
(su hijo) la empeoró. Ella se enferma por la tristeza”, explica su esposo.
Miguel y María, hermanos de Diego,
sentados en bancas de madera, escuchan a su padre. En un momento de la
conversación, Don Pedro le dice a su hijo Miguel que no quiere que él vaya a la
ciudad.
“Pero a veces tiene que salir porque
acá sólo gana 50 pesos al día. Yo le digo que se cuide mucho, que se cuide de
los policías”,
explica.
En la familia de Diego quedó sembrado
el miedo a la ciudad, a los policías, a las autoridades.
Desde el
inicio del proceso Diego denunció
haberse auto-inculpado por la tortura a que fue sometido, pero el juez
Belisario Filemón ignoró la declaración. En 2018 denunció formalmente el hecho
ante la Fiscalía Contra la Tortura. Este 12 de febrero, a 6 años y medio de su
detención, tendrá nuevamente una “audiencia de derecho”, a partir de la cual el
juez debe emitir una nueva sentencia.
“YA TE VAS LIBRE, FIRMA”
El de Diego es uno ente muchos casos
de indígenas encarcelados con base en tortura.
Mariano Pérez Velasco quedó sordo del
oído izquierdo por los golpes que recibió el 4 de febrero de 2004, cuando fue
detenido por agentes de la Procuraduría General de Justicia de Chiapas.
Entonces tenía 24 años y vivía en el municipio indígena de Mitontic.
Recuerda que lo sacaron de su casa.
“Me golpearon, me golpearon fuerte en la oreja y sangré. Me pusieron algodón
mojado en la boca y una bolsa en la cabeza, luego pusieron agua en mis pies, y
me pusieron un cable con electricidad. Me pedían que dijera que yo había
cometido el delito. Un mes me tuvieron así, golpeándome, arraigado en una casa
allá por Tuxtla (la capital de Chiapas). Luego me dijeron, ‘ya te vas libre,
firma’. Yo no quería firmar pero me agarraron la mano y me hicieron que firmara
unas hojas (donde se declara culpable del delito). Yo tenía tapada la cabeza
para que no los viera a los que me golpeaban… en ese entonces no hablaba la
castilla (español)”.
Mariano supo después que lo acusaban
de secuestro.
“Nunca dije que yo lo cometí el delito
porque no lo hice. Yo no decía nada, el juez miraba que yo no sabía hablar
(español) y decía ‘qué van a saber estos indios’”.
El 4 de
febrero cumplió 15 años de que lo
detuvieron. Ahora habla español con fluidez, aunque tiene que inclinar
constantemente la cabeza hacia sus interlocutores, porque un zumbido persiste
en el oído que los policías le reventaron a golpes, y se le dificulta escuchar.
Mariano ha intentado impugnar el
proceso penal que lo mantiene en prisión, pero en el juzgado donde se lleva su
caso, que depende del Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas, le dijeron
que su expediente “está perdido”. Por lo tanto, el proceso en su contra está
“congelado”. Hace pocos meses demandó a sus victimarios ante la Fiscalía Contra
la Tortura, creada apenas en marzo de 2018.
Mariano comparte la prisión con poco más de 200
presos recluidos en el Centro de Readaptación Social número 5, de San Cristóbal
de las Casas. En este lugar, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray
Bartolomé de las Casas (Frayba), hay al menos 15 indígenas tseltales, tsotsiles
y tojolabales que fueron detenidos sin una orden de aprehensión en su contra,
sometidos con base en tortura, y obligados a firmar documentos donde se
declaran culpables.
“ME LLEGÓ A
PEDIR PERDÓN”
A Adrián Gómez Jiménez, indígena
tsotsil de San Juan Chamula, no hay quien lo acuse. El 3 de febrero de 2004
acudió con un compañero de trabajo a buscar un curandero de la comunidad
Saclamantón, para que tratara a su madre enferma. Tomaron un taxi. Por esa
fecha se había cometido un secuestro y el coche de la víctima había sido
localizado en esa misma comunidad.
“Cuando ya veníamos de regreso nos
cerró el paso un coche plateado, se bajaron policías. Nos detuvieron porque el
taxi en el que íbamos no tenía placas. Nos dijeron que nosotros habíamos
cometido el delito pero nosotros dijimos que no. Como yo dije que soy inocente
me pusieron una bolsa de plástico en la cabeza, me pusieron Tehuacán (refresco
gasificado) con chile en la nariz, me daban golpes. Así me tuvieron 3 días.
Como ya no aguantaba, firmé los papeles que me decían. Me tenían con los ojos
tapados, agarraron mi mano y me hicieron firmar como siete hojas”.
Adrián fue llevado ante el juez. No
así la parte acusadora. Ni los familiares del secuestrado ni un testigo, nadie.
“El juez dijo: ‘vámonos por
peritajes’. El Ministerio Público tenía que presentar pruebas de por qué me
acusaba, de por qué me detuvieron, pero tampoco tienen las pruebas, sólo lo que
me obligaron a firmar. Mi primer expediente fue el número 54, luego me
cambiaron al número 174/2009, actualmente es el número 250/2015, porque no
saben qué hacer con mi caso”.
Han pasado 15 años desde que fue
encarcelado y no ha recibido sentencia. El tiempo promedio que marca la Ley
para dictarla es de un año. El 29 de febrero Adrián tiene una nueva audiencia
ante el juez, y con ella revive la esperanza de ser declarado inocente.
Adrián no vio el rostro de sus
victimarios, pero recuerda el rechinido de los pasos de uno de ellos.
“Un día, cuando estaba ya en prisión,
escuché que pasó porque rechinaba igual sus zapatos. Le dije: ‘tú fuiste’. Al
principio lo negó pero después me llegó a pedir perdón”.
Estos 15 años en prisión no han
borrado en Adrián el brillo en sus ojos y su voz amable. O quizá hayan afinado
su caminar pausado y el trato suave con el que se dirige a los demás. En esta
prisión, donde apenas cuenta con una litera para dormir y un par de metros para
tender el bastidor donde teje hamacas para ganar algunos pesos, Adrián ha
perdido la prisa. Reconoce que lo que más le duele es la soledad: sus padres
murieron cuando él tenía 17 años, y desde su detención nadie de su familia lo
ha visitado. Desconoce qué ha sido de ellos.
TORTURADORES
INVESTIGAN LA TORTURA.
En 2014, el entonces relator de la
ONU contra la tortura, Juan Méndez, documentó que la tortura en México es
sistemática. Encontró que en el sistema de justicia es cotidiano para obligar a
los detenidos a inculparse, por lo que las cárceles están llenas de personas
víctimas de tortura.
Luego del
informe de Méndez, México tuvo que responder con acciones. Creó la Ley general
para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanas o degradantes, que entró en vigor en junio de 2017 sin ser
implementada.
“Tiene
cláusulas transitorias que ordenan al Estado mexicano tomar medidas, como un
programa de prevención, revisar sentencias y casos de personas que han sido
condenadas con evidencias producto de la tortura, tiene plazos que no se han
cumplido”, explica en entrevista Helena Solá, coordinadora del Programa para
América Latina de la OMCT.
Detalla que pese a haber centenares
de recomendaciones por parte de organismos nacionales e internacionales al
respecto, no se está tomando una postura pública y firme para revertirlo.
“Sigue siendo muy grave. Sigue
habiendo personas que llevan 10, 15 años detenidas en procesos fraudulentos,
siempre con la presencia de la tortura (…) Nos preocupa el trato y la
invisibilización de la tortura en pueblos y grupos más vulnerables, como las
comunidades indígenas”.
Gilberto, abogado del Centro Frayba, explica que han
documentado al menos 60 casos de presos encarcelados con base en tortura y por
tanto, según la Ley, los jueces están obligados a analizar de nuevo los casos y
emitir una nueva sentencia.
“De los 15 casos que hemos
documentado en personas indígenas, todas han presentado denuncia penal por
estos hechos (ante la Fiscalía Contra la Tortura del estado de Chiapas). Hasta
el momento no hay un solo caso que se haya judicializado, ni mucho menos que se
haya llevado a sentencia (porque) varios de los fiscales que están llevando a
cabo procesos de investigación están a su vez involucrados como perpetradores
de esos mismos actos. Esto hace que la investigación se distorsione”.
Al laborar en ese nueva Fiscalía,
“los torturadores son ahora quienes investigan la tortura”, explica.
Las evidencias de esta situación
serán parte del informe que presenten las organizaciones de la sociedad civil,
en el examen de México ante el CAT, en abril próximo.
“Será el primer examen importante de
la nueva administración de México ante la comunidad internacional. Lo que se
espera es que el Estado mexicano muestre su compromiso firme para la
erradicación absoluta de la tortura y para la reparación de sus miles y miles
de víctimas en el país”, señala Helena Solá.
“DEJEN DE
ANDAR DENUNCIANDO”
Una semana después que Helena Solá
acudiera al penal de San Cristóbal de las Casas, los presos con los que dialogó
fueron desalojados de un espacio de aproximadamente seis metros cuadrados, en
el que realizan actividades culturales, educativas y de análisis sobre el
funcionamiento del sistema de justicia penal
Antes de ser desalojados del lugar
que ocupaban desde más de seis años atrás –como parte de los colectivos
“Solidario de la Voz del Amate” y “La Voz de Indígenas en Resistencia”–, el
director del penal, Juan José Rodríguez Ruiz, les exigió detener las denuncias.
“[La mañana del 7 de febrero]
aproximadamente 30 custodios entraron en el área de la población,
posteriormente entró el director del penal, quien nos pidió que ya no sigamos
sacando denuncias”, documenta una carta hecha llegar al gobierno de Chiapas por
parte del Centro Frayba.
Después de
ello, un grupo de internos que forman
parte del sistema de autogobierno que existe en el reclusorio rompió las mesas
y destruyeron los muebles del grupo de presos indígenas organizados.
Esta no es la primera vez que los
castigan, a finales de 2018 el vocero de los reclusos, Alejandro Díaz Sántiz,
fue trasladado a otra prisión.
A pesar de ello, señala De la Cruz,
originario de San Juan Chamula, torturado y sentenciado a 30 años de prisión,
“vamos a seguir denunciando, se tiene que saber lo que nos está pasando”.
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