Los terremotos de septiembre de 2017
no sólo cobraron vidas humanas y derrumbaron edificios: también dejaron
numerosos daños al patrimonio cultural, principalmente en inmuebles y
esculturas. Para reparar adecuadamente estos daños, el Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH) cuenta con personal especializado que hoy, sin
embargo, corre el riesgo de ser despedido.
El nuevo
gobierno federal a cargo de Andrés Manuel López Obrador decidió recortar los recursos destinados al sector cultural en su
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, así como el gasto en la
administración pública, como parte de su política de austeridad gubernamental.
Con esta bandera, inició un proceso de eliminación de plazas presuntamente
innecesarias, con lo que cientos de burócratas se han quedado sin empleo.
Este recorte ha alcanzado también a
los profesionistas del INAH, que están padeciendo lo que consideran un “despido
a destajo”: el cese masivo de los contratos de cientos de trabajadores
eventuales sin una revisión de sus funciones, aunque estas son indispensables
no sólo para la restauración después de los sismos, sino para la conservación
del patrimonio.
“Nos dijeron que habrá un despido de
20%, y que después se va a poner más difícil. Este recorte sí afecta
sustancialmente las actividades del Instituto”, denunciaron trabajadoras de la
Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH, entrevistadas por Animal Político.
Si bien las labores de rescate y
conservación también son realizadas por el personal de base del Instituto, este
es insuficiente por el tipo y la cantidad de trabajo, explicó Juan Manuel
Hernández, secretario general del Sindicato Nacional Democrático de
Trabajadores de la Secretaría de Cultura, dependencia a la que pertenece el
INAH.
Los terremotos dañaron más de dos mil
300 monumentos arqueológicos y a la fecha sólo han sido restaurados 700,
puntualizó Hernández. Para el resto, dijo, se requiere a corto, mediano y largo
plazo un proyecto de mantenimiento, que no será posible sin los trabajadores
eventuales que están en riesgo de perder su empleo.
El
presupuesto 2019 que la Secretaría de Hacienda asignó a los trabajadores
eventuales del INAH es de 53 millones 31
mil 439 pesos, 10 millones menos que en 2018, cuando se les asignaron 63
millones 118 mil 951 pesos. Y de acuerdo con el secretario general del
sindicato, en todo el Instituto sólo 40% de los 10 mil trabajadores son de
base: el resto está compuesto de eventuales, personal de confianza y otras
modalidades de contratación, como el capítulo 3000 del Presupuesto federal,
relativo a Servicios.
De acuerdo
con las trabajadoras –que solicitaron el anonimato- tan solo en la Coordinación el 65% de los 222 empleados son eventuales
o están contratados bajo el capítulo 3000. “Si no contamos con el apoyo de los
compañeros eventuales y de capítulo 3000, sería imposible realizar todas las
tareas que hacemos a nivel nacional”, sentenció una restauradora que sí cuenta
con base.
Los que están contratados bajo la
modalidad de Capítulo 3000 también sufrieron un recorte en el PEF 2019: se les
asignaron 38 millones 383 mil 418 pesos, cuatro millones menos que su
presupuesto 2018, que fue de 42 millones 756 mil 815 pesos. Con la decisión del
presidente López Obrador de recortar las plazas no basificadas, están en riesgo
de despido mil 700 trabajadores que están bajo el capítulo 3000, así como
maestros de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía
(ENCRyM) que tampoco han recibido contrato ni pago por lo que han trabajado
durante el presente año, puntualizó el secretario general del sindicato.
“Estamos en la incertidumbre porque
acaban de dar contratos de dos meses que terminan en febrero, en marzo quién
sabe qué va a pasar. Además se pidió también por Hacienda que el capítulo 3000
desapareciera”, relató una de las restauradoras. A principios de febrero sus
empleadores directos pidieron a 17 de los trabajadores por capítulo 3000 que ya
no se presentaran porque no habría contratos; unos días después los llamaron de
nuevo y les dieron contratos anuales a algunos, pero no a todos, agregó una de
las 17 afectadas iniciales. “Todo es incierto, nadie sabe qué va a pasar”, dijo a este medio.
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