Por José Gil
Olmos.
La masacre en Minatitlán con 13
personas asesinadas y los ocho ataques a bares en Morelos con 20 ejecutados en
el mismo fin de semana, son apenas una muestra de la espiral de violencia que
sigue creciendo en el país y que la famosa Cuarta Transformación de Andrés
Manuel López Obrador difícilmente podrá controlar pues se trata de un problema
de raíces profundas, compuesto de múltiples factores y ligado a un sistema de
justicia que sigue sin aplicarse haciendo de la impunidad la mejor invitación
para seguir delinquiendo.
Desde el
primer trimestre del gobierno de Felipe Calderón cuando se registraron 5 mil
441 homicidios dolosos o violentos no se había tenido un nivel tan alto de
violencia delincuencial como ahora en el arranque del gobierno de López Obrador
con 7 mil 242.
López Obrador ha justificado que los
gobiernos anteriores le dejaron un cochinero en el tema de la seguridad y se
comprometió a que en seis meses habrá una mejoría notable al respecto. Confía
que, con la actuación de la Guardia Nacional y la implementación de los
programas sociales, especialmente la ayuda a los desempleados, becas a los
jóvenes estudiantes, la inseguridad disminuirá.
Al fijar un plazo para establecer una
mejoría en seguridad pública el presidente López Obrador generó una expectativa
y un compromiso que si no cumple puede convertirse en un enorme escollo y en el
fracaso de su gobierno, lo cual alimentaria a los principales detractores de su
gobierno que le apuestan a su fracaso.
En caso contrario, si logra lo que
los últimos dos gobiernos no pudieron hacer, no solo callará las voces críticas
que han denostado su particular estilo de gobernar, sino que se anotará un tanto
importante para catapultar el proyecto de gobierno que encabeza y que podría
continuar bajo otros nombres de mujeres y hombres que forman su gabinete o el
partido Morena que es su base político electoral.
En seis meses o al final de año se
tendrán que revisar los avances o retrocesos del plan de seguridad pública que
el gobierno federal ha encargado al sonorense Alfonso Durazo y al encargado de
la Guardia Nacional. Pero este lapso de tiempo se antoja muy corto para tener
resultados de uno de los principales problemas que aquejan al país y que ha
generado el rompimiento del tejido social, la muerte de miles de personas, la
desaparición de otras tantas y el desplazamiento de muchas familias.
En los
países que han tenido este tipo de problemas –Italia y Colombia, por citar
algunos–, los programas de combate al
crimen organizado y a la inseguridad pública, han tardado años en dar resultado
porque se trata de estrategias de largo plazo que van más allá del voluntarismo
y están encaminadas a atacar problemas estructurales que tienen que ver con la
corrupción, la justicia y la gobernabilidad.
El reto que se ha propuesto López
Obrador de seis meses para tener resultados es, quizá, el mayor desafío de su
gobierno porque se trata del problema más sentido y que aqueja al país, que
nunca pudieron resolver los dos anteriores gobiernos y que, a la postre, se
convirtió en una de las principales causas de su fracaso.
Por cierto… El Presupuesto de Egresos de la Federación
de este 2019 (PEF-2019) contempla un presupuesto neto para las funciones de
Seguridad Pública de 144 mil 809.7 millones de pesos (mdp); de los cuales, el
71.2% corresponden a las acciones para Justicia y el 28.8% se asignó para
atender Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior. El análisis “Recursos
destinados a Seguridad Pública en el Presupuesto de Egresos de la Federación
2019”, elaborado por la investigadora Gabriela Morales Cisneros, revela que la
previsión de gasto para las funciones de Seguridad Pública de este 2019,
implica una reducción real de 12.4% respecto a lo aprobado en 2018.
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