Dolores
Padierna.
No hay ninguna exageración cuando se
dice que la reforma laboral –aprobada en la Cámara de Diputados y pronto en el
Senado– es una de las más importantes de los últimos años. El contenido de los
cambios implicará un cambio de fondo en las relaciones laborales y apuesta por
la modernización de la justicia laboral.
La reforma
impactará en muchos ámbitos.
El sindicalismo democrático ha dado
una larga lucha para poner fin a los contratos de protección (se calcula que
nueve de cada diez contratos se firman a espaldas de los trabajadores). El
proyecto que espera turno en la Cámara de Senadores plantea que los
trabajadores tendrán el derecho de votar de manera individual, libre, secreta y
directa, tanto el contrato inicial como las revisiones bianuales a los contratos.
Este avance es resultado,
ciertamente, de la presión internacional, pero también de las luchas de miles
que durante décadas enfrentaron a los sindicatos charros o blancos.
Uno de los saldos negativos de los
gobiernos de la alternancia es que fallaron en demoler los pilares del antiguo
régimen. En el caso del mundo del trabajo, no tocaron al sindicalismo
corporativo y corrupto.
En la
reforma hay además puntos que son
resultado de la voluntad política del actual gobierno y de las fuerzas
políticas mayoritarias en el Congreso. Tal es el caso del voto directo en los
procesos centrales del mundo laboral, como la elección de dirigentes y la
aprobación de contratos. Estos avances no están contenidos en los acuerdos
comerciales que obligan a la modernización de las relaciones laborales.
Un avance crucial es la desaparición
de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, órganos históricamente controlados
por el Poder Ejecutivo. Conviene recordar que los gobernadores, en muchos
casos, decidían a cuáles sindicatos se otorgaba el registro o la titularidad de
un contrato.
Esta
reforma, que es sin duda histórica, otorga
al Poder Judicial las funciones de justicia en el ámbito laboral, como ocurre
en cualquier régimen sustentado en la división de poderes.
La reforma, que espera el reto de la
realidad que exigirá responsabilidad y fin de las simulaciones, es un primer
paso para la contratación colectiva auténtica, para el fortalecimiento de la
estabilidad en el empleo y la justicia tutelar.
En lo que
toca a la libertad sindical, establece
reglas a tono con los convenios internacionales, crea un organismo autónomo
para el registro de sindicatos y contratos colectivos (el Centro Federal de
Conciliación y Registro Laboral, cuyo titular será designado por el Senado a
propuesta del Ejecutivo). Cabe señalar, en este punto, que se rechazó la
intención de sectores patronales y del sindicalismo tradicional para que este
órgano fuese tripartita. La autonomía del citado organismo es fundamental para
modernizar las relaciones laborales.
La reforma se
funda en la reforma constitucional de 2017, en convenios internacionales de la
OIT, así como en la Ley General de Transparencia. En su hechura participaron
numerosas voces, de actores y expertos en el mundo laboral.
Al tratarse de una reforma
reglamentaria de la Constitución, y dada la complejidad en la construcción de
acuerdos, quedaron fuera algunos temas que tendrán que atenderse en un futuro
cercano, como es el caso del outsourcing, que se ha convertido en un verdadero
cáncer del mundo laboral, pero que no formó parte de la reforma constitucional
ni de los acuerdos en el marco del T-MEC.
Aunque el outsourcing es un tema de
difícil solución, en la reforma se avanza en la dirección correcta cuando se
prohíben los actos jurídicos simulados que tengan como fin evadir obligaciones
laborales o de seguridad social, o bien registrar al trabajador con un salario
menor al que realmente recibe.
Todos sabemos que las leyes no
necesariamente logran una aplicación plena en la realidad. Para que sea así, es
preciso que se trate de buenas leyes, que exista voluntad política para
aplicarlas y que sus destinatarios tengan poder para vigilar su cumplimiento.
En el caso de la reforma laboral, se cumplen las primeras dos condiciones y
dependerá de todos los actores que se cumpla la tercera condición.
Igualmente, es necesario que desde el gobierno se creen
las condiciones presupuestales adecuadas y se promueva la colaboración de los
gobiernos estatales y los poderes judiciales locales.
La reforma
laboral, con toda su importancia histórica, es el primer paso.
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