Por Ángeles
Mariscal.
El Estado mexicano se presenta esta
semana ante el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT), en una
sesión que se celebra en Ginebra, Suiza, donde siete expertos internacionales
analizarán las acciones implementadas en años recientes para combatir este
ilícito, pero también las políticas que el nuevo gobierno aplica y que, a
juicio de organizaciones de derechos humanos, incrementan el riesgo para la
población de ser víctima de tortura.
Este es el primer examen importante
del nuevo gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ante la
Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Previamente el
CAT le envió al gobierno mexicano una lista de cuestiones en torno a áreas de
la administración donde de manera sistemática servidores públicos cometen actos
de tortura y tratos inhumanos y degradantes, como en la procuración de
justicia, seguridad pública, políticas migratorias y el caso de defensores de
derechos humanos y periodistas.
En la mesa
de los expertos están informes previos
como el que en 2014 realizó el entonces relator de la ONU contra la tortura,
Juan Méndez, y un amplio documento que este 2019 realizaron más de una centena
de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa y promoción
de los derechos humanos.
Este informe
alternativo da cuenta de la situación
que guarda México en el periodo de 2012 a la fecha, periodo que analizará el
CAT. Y es en políticas públicas de la actual administración donde las
organizaciones de la sociedad civil alertan sobre nuevos focos rojos: la
Guardia Nacional, la prisión preventiva oficiosa y algunos casos regionales
como el de Chiapas y Jalisco, donde los actuales fiscales generales están
implicados directamente en actos de tortura.
“En la actual administración (del
gobierno de Andrés Manuel López Obrador), el gobierno federal y el Congreso de
la Unión han avanzado dos propuestas que tendrían el efecto de aumentar el
riesgo de ser víctima de tortura y otras violaciones a derechos humanos: la
creación de una Guardia Nacional militarizada y el aumento de la lista de
delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa”, señala el informe de la sociedad
civil.
La impunidad es otro de los aspectos
que destaca el informe sombra, pues de los 12 mil 968 expedientes abiertos que
dijo tener la Fiscalía Especializada en Tortura de la PGR como respuesta a una
solicitud de acceso a la información en enero de 2019 solamente 24 han sido
consignados ante un juez.
Casos
sobresalientes.
Refieren casos sobresalientes y
específicos sobre el actuar de militares y marinos que desde el gobierno de
Felipe Calderón realizan acciones de seguridad pública, y que el actual
gobierno determinó continuar. Algunos de los casos son las ejecuciones
extrajudiciales cometidas en 2014 por militares en Tlatlaya, Estado de México,
y las acciones derivadas de detenciones por el caso Ayotzinapa.
En este
último caso, la Oficina en México del
Alto Comisionado de la ONU examinó información sobre 63 personas detenidas en
Guerrero, obteniendo indicios de tortura en 51 de los casos, incluyendo uno en
el que se documentó la muerte de uno de los detenidos, Emmanuel Alejandro Blas
Patiño, quien habría fallecido a raíz de las torturas infligidas por personal
de la Secretaría de Marina.
Otro elemento de prueba sobre el
riesgo de militarizar acciones de seguridad pública es el informe de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), institución que entre diciembre
de 2006 y junio de 2017 registró 7 mil 869 quejas por actos de tortura, en las
que se señala a la Procuraduría General de la República (PGR), Secretaría de
Seguridad Pública Federal, Secretaría de Marina (Semar) y Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) como autoridades responsables. El 59 por ciento (4
mil 483 casos) señalan a la Sedena como autoridad responsable, seguida por la
PGR con mil 935 quejas y Semar con mil 32.
Pese a este
escenario, el gobierno de Andrés Manuel
López Obrador insistió en colocar como titulares de la Guardia Nacional a
militares en activo en proceso de retiro y retirados. En el informe entregado
al CAT, las organizaciones de la sociedad civil recomiendan que la seguridad
pública en México esté a cargo únicamente de instituciones y elementos civiles,
no de elementos militares y navales.
Desde diciembre
de 2014, el Relator Especial sobre la
tortura, Juan E. Méndez, recomendó al Estado mexicano retirar a las fuerzas
militares de labores relacionadas con la seguridad pública; la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo la misma recomendación tras su
visita al país, al haber constatado que en México la militarización ha tenido
como consecuencia el incremento de la violencia, de las violaciones a los
derechos humanos, así como el incremento de los niveles de impunidad.
Otro foco
rojo sobre el que se alerta a los expertos de la ONU que conforman el CAT, es
la reforma constitucional aprobada en febrero de este año, para aumentar la
lista de delitos de prisión preventiva automática, sin que exista alguna
evaluación de la necesidad de encarcelar a las personas imputadas.
Esta reforma al artículo 19 de la
Constitución incluye diversos delitos no violentos. Ello bajo el argumento de
que la prisión preventiva oficiosa favorece la seguridad pública. Las
organizaciones de la sociedad civil en su informe señalan que “la reforma
aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado tiene previsible impacto
negativo en poblaciones ya vulnerables a detenciones arbitrarias”, algunos de
estos sectores vulnerables son grupos indígenas, comunidades rurales y activistas
sociales.
Chiapas y
Jalisco.
En el
informe que analizarán los expertos de la ONU se encuentran casos especiales que dan cuenta de la impunidad con la
que actúan quienes cometen este delito. Se trata de la protección a
perpetradores de alto rango en Chiapas y Jalisco.
En el caso de Chiapas, de acuerdo a
lo documentado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas
(Frayba), se encuentra el nombramiento de funcionarios denunciados por tortura,
a quienes autoridades locales colocaron en puestos de alto rango en el gobierno
estatal.
Se trata de Jorge Luis Llaven Abarca,
quien luego de ser secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, fue nombrado
fiscal general por el actual gobierno de Chiapas que entró en funciones en
diciembre pasado.
Llaven
Abarca fue acusado como perpetrador
directo de actos de tortura y de ello dieron cuenta la CNDH y la Comisón
Estatal de derechos humanos, en sus recomendaciones 26/2002, 1/2002 y 7/2005.
También refieren a Raciel López Salazar, quien fue
procurador general de Chiapas en el periodo de 2009 a 2018, a pesar de ser una
persona denunciada y cuestionada por graves violaciones a derechos humanos.
Es la misma situación del
nombramiento y la ratificación del nuevo fiscal general del estado de Jalisco,
Gerardo Octavio Solís Gómez, quien fungía como procurador del estado en el
momento de la represión contra manifestantes en mayo de 2004, en el marco de la
III Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, celebrada en
Guadalajara.
Para las
organizaciones de la sociedad civil, estos
nombramientos son “una clara señal que el gobierno (mexicano) no sólo no
abordará la impunidad, sino que continuará con violaciones a derechos humanos,
encubriendo a perpetradores”, señala el informe entregado a los expertos de la
ONU.
Este
miércoles los representantes del
gobierno mexicano deberán argumentar ante los expertos de la ONU las acciones
implementadas para combatir actos de tortura, como la creación en 2017 de Ley
General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos y Degradantes (LGPIST), aún cuando no se han creado
Fiscalías especializadas en todos los estados – el plazo para este proceso
terminó hace año y medio- y tampoco se encuentra operando el Registro Nacional
del Delito de Tortura.
Los expertos
también escucharán y analizarán los
informes de las organizaciones de la sociedad civil, que están poniendo énfasis
en la impunidad que persiste. Las cifras así lo indican. A nivel federal, para
2018 había 11 mil 778 expedientes de averiguaciones en la Fiscalía
Especializada, pero solo 17 acciones penales y 36 personas sentenciadas,
algunas con sentencia absolutoria y casi todas las sentencias condenatorias
revocadas en apelación. En los estados de la República, para 2016 se tenían registradas
3 mil 214 denuncias, y solo 8 causas penales judicializadas.
Al término de las audiencias que
durarán tres días, el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas emitirá
al gobierno mexicano observaciones tendientes a superar la problemática, cuya
aplicación, señalan organizaciones, dependerá también de la voluntad política
de la administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
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