Julio Astillero.
Carlos
Manuel Urzúa Macías no se quedó con las ganas de precisar, con nombres,
apellidos y señalamientos directos, las razones de su salida de la obviamente
estratégica Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Concedió una
muy reveladora entrevista a Hernán Gómez Bruera (recién salido de la experiencia
difícil, pero aleccionadora, de su fallido programa La maroma estelar, en Canal
Once), que fue publicada en la edición en curso de la revista Proceso y, con
ella, surtió de metralla política y económica más escandalosa a los adversarios
de la autodenominada Cuarta Transformación (4T). Lo que muchos opositores han
batallado en posicionar como argumento político, ha sido avalado ahora por el
economista que ha vuelto a la vida académica en la Escuela de Gobierno y
Transformación Pública (EGAP) del Tec de Monterrey, en su nueva sede en
Mixcoac, en la Ciudad de México.
El
destinatario principal de los dardos del doctor en economía Urzúa fue el
polémico empresario Alfonso Romo (aunque también le tocó una preocupante dosis
al históricamente impresentable Manuel Bartlett, director de la Comisión
Federal de Electricidad). Respecto a Romo, el ex secretario Urzúa documentó lo
que en la práctica fueron las propias advertencias que el ahora jefe de la
oficina presidencial había hecho sobre sí mismo, muy en concreto durante una
entrevista que en mayo de 2018 tuvo en Milenio Televisión con Azucena Uresti:
“Mira. Él (AMLO) me ha estado proponiendo como jefe de gabinete; como
coordinador del gabinete; como todo. Yo, la verdad, y lo digo con mucho
respeto, yo no voy a ser nada que tenga yo conflicto de interés. Yo le decía el
otro día a Andrés Manuel, de broma, ‘Ya no digas que voy a ser jefe de
gabinete, porque no voy a ser’. Por qué... ¿Te acuerdas del caso de las
toallas-gate? Imagínate tú, yo con los negocios que tengo, mañana mi grupo
financiero hace una colocación de papel de Pemex... ¡No! Me van a crucifi...
¡Si Anaya me está crucificando por algo que no dijo Andrés Manuel! Tú
imagínate. Entonces yo tengo que ser muy cuidadoso por la reputación que le
debo a mis negocios, a mi familia, al mismo país, al mismo gobierno. Sería... habría
mucha suspicacia. Entonces, yo prefiero ayudarle de otra forma que no tenga
conflicto”.
Romo tuvo
razón sobre sí mismo: se ha convertido en un evidente ejemplo de conflicto de
intereses. Sólo por dar un pequeño botón demuestra: el 4 de agosto del año
pasado, ya con López Obrador a punto de ser declarado presidente electo y Romo
como designado para jefe de la oficina presidencial, el tabasqueño visitó los
laboratorios de la empresa Agromod, de Romo, en Chiapas, especializada en
producción de plantas tropicales, todo con vistas al arranque del programa de
siembra de árboles maderables y frutales en un millón de hectáreas sureñas.
El caso del
médico Carlos Lomelí ha sido ampliamente documentado y denunciado, desde varios
años atrás. Vendedor de medicinas y productos médicos a gobiernos con los que
mantuvo relación política, Lomelí fue un inversionista práctico en el mismo
terreno político y electoral, siempre ligado al obradorismo y a algunas de sus
personas cercanas. La prosperidad económica de Lomelí motivó incluso
averiguaciones sobre negocios oscuros. Recién derrotado en Jalisco como
aspirante a gobernador, el médico fue habilitado como superdelegado de la 4T,
para confrontar al ganador, Enrique Alfaro.
En Baja
California, Jaime Bonilla Valdez ha sido otro empresario con gusto por la
inversión en política. La pretensión de ser gobernador por tres años más de los
votados en urnas ha hecho pública a nivel nacional esa combinación de ambición,
intereses y compromisos que a escala estatal ha sido constantemente difundida,
en especial respecto a potenciales negocios muy redituables que cuentan con el
visto bueno del morenista muy defendida por otra empresaria metida a la
política, Yeidckol Polevnsky.
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