Enrique
Galván Ochoa.
Se le hizo
poco un lugar en el Senado y lo dejó. Se le hizo poco ser gobernador de Baja
California por dos años y quiere cinco. Jaime Bonilla, un millonario con
cuestionados negocios en medios de comunicación, se lanzó a la aventura de
comprar votos de los diputados de la Cámara local para que aprobaran una
modificación a la Constitución estatal con el fin de cumplir su deseo. Aunque
dice a los cuatro vientos que lo apoya López Obrador, el Presidente pintó su
rayita: Si me hubiesen consultado, como era antes, y hubiese yo autorizado,
como era antes, que se pusieran de acuerdo (legisladores de todos los partidos)
y aprobaran esa reforma, ¡cómo estaría hoy, se me caería la cara de vergüenza,
sin autoridad!, dijo en una mañanera. Por su lado, la Comisión Nacional de
Honor y Justicia de Morena, presidida por Héctor Díaz-Polanco, rechazó el
cochupo. Escribió en Twitter: No hay que darle muchas vueltas al tema. La
pretensión de que el gobernador recién electo en Baja California se quede más
de los dos años de la convocatoria comicial es totalmente inmoral, ilegal y
grotesca. Igualmente, el Tribunal Federal Electoral en su momento falló en
contra de la pretensión del ambicioso millonario. Hay varias salidas, la más
radical es la que propone el diputado Porfirio Muñoz Ledo: decretar la
desaparición de poderes una vez que Bonilla haya tomado posesión. Aunque parece
complicada, y lo es, probablemente sea la que más conviene a Baja California,
porque Bonilla aún antes de tomar posesión ya demostró su poco respeto a la
Constitución. Una pregunta que amerita respuesta: ¿por qué tanto interés del
empresario por apoderarse del gobierno? Está en quiebra. Los pasados 30 años ha
tenido sólo gobiernos panistas que arruinaron a la administración pública y no
resultaron mejores que los anteriores priístas. Pero es frontera y sobran los
negocios periféricos.
Caballo
troyano.
Aunque López
Obrador declaró formalmente abolido el neoliberalismo el pasado 18 de marzo,
resulta que tenía un caballo de Troya en su propio gabinete. (¿Cuántos más se
ocultan por ahí y ni sabemos?). El ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa,
tecnócrata y neoliberal, resultó ser un defensor de las compañías
trasnacionales que están actuando en daño de los intereses del país. Se
pronunció contra la cancelación del aeropuerto de Texcoco y de la revisión de
los contratos de las gaseras. Ya le puso nombre a los conflictos de interés:
Alfonso Romo, jefe de la oficina de la Presidencia. En la entrevista con
Proceso, señala que tiene intereses en la casa de bolsa Vector, al mismo tiempo
que maneja información financiera del gobierno. Pasaron siete meses y días
desde que Urzúa se hizo cargo de Hacienda. ¿Por qué hasta ahora se atreve a
hablar?
¿Feminista?
En el
Senado. Ricardo Monreal insiste en que debe ser una mujer quien ocupe la
presidencia de la Cámara. ¿Será de ese tamaño su feminismo o es que quiere
desbancar a Martí Batres? Se quedaría sin contrapeso. Batres dio su informe de
labores el sábado, reunió a personajes del gabinete presidencial, del Poder
Judicial, del gobierno de la Ciudad de México y un gran número de senadores. La
Cámara alta ha sacado adelante un buen número de iniciativas en muy poco
tiempo. También asistió un personaje que en contadas ocasiones hace apariciones
públicas: el fiscal general Alejandro Gertz Manero. Todos querían saludarlo y
tomarse una selfie con él. Por algo será.
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