Por Emir
Olivares Alonso.
La
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se unió al exhortó que hace un
par de días expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hicieron
al gobierno mexicano para ratificar el llamado Acuerdo de Escazú.
El organismo
nacional indicó que el pronunciamiento de los especialistas de la ONU es
coincidente con diversos llamados que la propia CNDH ha hecho para que el
Estado mexicano asuma el oficialmente llamado Acuerdo Regional sobre el Acceso
a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos
Ambientales en América Latina y el Caribe.
Esto
debido a la relevancia del tratado regional para garantizar que la población en
general, las organizaciones de la sociedad civil y las personas defensoras de
derechos humanos puedan participar en la protección y defensa del medio
ambiente.
El lunes, a
través de una carta dirigida al titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel
López Obrador, los expertos de la ONU de 17 mecanismos de defensa del medio
ambiente, de derechos humanos, de libertad de expresión, de pueblos indígenas y
afrodescendientes, entre otros, le urgieron ratificar dicho Acuerdo “como una
cuestión prioritaria”, antes del próximo 27 de septiembre.
Lo propio,
dijo la CNDH, se ha solicitado desde el organismo nacional desde el 4 de
marzo de 2018, en que se adoptó dicho instrumento en la ciudad de Escazú, Costa
Rica.
La CNDH "reitera
que ante el peligro que enfrenta la biodiversidad en nuestro país por los
graves problemas que representan la degradación y pérdida de ecosistemas,
sobreexplotación de especies para consumo o comercialización, contaminación,
cambio climático y los procesos de urbanización, es necesario que las
autoridades competentes realicen y transparenten los estudios ambientales antes
de emprender obras y construcciones; consideren la participación de pueblos y
comunidades indígenas conforme a los estándares internacionales y establezcan
una política preventiva en materia de biodiversidad ante la urgente necesidad
de conservar todo aquello que contribuya a contar con un ambiente sano".
Destacó
la importancia de la protección de los recursos y áreas naturales mediante una
perspectiva de derechos humanos que permita garantizar el derecho a un medio
ambiente sano y que ésta permee en el desarrollo y bienestar de todas las
personas, y puntualizó que deben encontrarse formas de asegurar que el
desarrollo del país no se lleve a cabo a expensas de su población ni tenga
repercusiones perjudiciales para las personas o comunidades, su ambiente o
condiciones de vida, por ende debe añadirse la necesidad de capacitar y
difundir información sobre el medio ambiente, en especial para conocer la
problemática del país en que vivimos.
El Ejecutivo
federal, planteó la CNDH, debe atender el exhorto urgente de los expertos de
la ONU para que el Senado de la República, ratifique el Acuerdo de Escazú, cuyo
objetivo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y
el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación
pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la
justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de
las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de
cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio
ambiente sano y al desarrollo sostenible. De hacerlo, "mostrará en los
hechos su compromiso con los derechos humanos".
El organismo
nacional subrayó la relevancia del artículo 9 del Acuerdo de Escazú, que
establece diversas obligaciones para reconocer, proteger y promover todas las
prerrogativas de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales,
quienes constituyen el segundo grupo más vulnerable y proclive a perder la vida
a causa de sus actividades.
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