Por Patricia
Mayorga.
Jueces
federales de Morelos y del Estado de México han negado al menos 15 amparos
promovidos por el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, contra 21
órdenes de aprehensión en su contra por delitos de enriquecimiento ilícito y peculado
agravado.
El Juzgado
Octavo de Distrito de Morelos rechazó el último amparo y ratificó la
instrucción para detener al exgobernador, prófugo de la justicia.
Jorge
Espinoza Cortés, consejero jurídico del gobierno de Chihuahua, informó que
las órdenes de aprehensión contra Duarte han sido libradas por diferentes
jueces del fuero común y uno del federal.
El
exmandatario huyó a Estados Unidos a finales de 2016, luego de que el
gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, informó públicamente que su
gobierno realizaba investigaciones contra Duarte y otros exfuncionarios que
formaron parte de la red de corrupción para desviar dinero público.
Según
Corral, Duarte ha sido ubicado en Texas y Nuevo México, pero hasta ahora no se
ha logrado concretar su detención, a pesar de las solicitudes de extradición.
El desvío
de más de MIL 200 millones de pesos habría ocurrido a través de las secretarías
de Hacienda, Salud, Educación y Cultura, Comunicaciones y Obras Públicas, y
Desarrollo Rural, y mediante la Unión Ganadera División del Norte, propiedad de
Duarte.
En mayo
pasado, Javier Corral anunció que había nuevas investigaciones de corrupción
en contra de su antecesor y destacó la buena coordinación con el gobierno
federal.
A César
Duarte Jáquez le llegó la Cuarta Transformación, porque ahora sí hay buena
coordinación y voluntad política del gobierno federal para extraditarlo, dijo
entonces.
Ante
representantes de medios de comunicación en Chihuahua, reiteró que el
expresidente Enrique Peña Nieto protegió a Duarte a través de la Procuraduría
General de la República, hoy Fiscalía, instancia que –subrayó– está para hacer
cumplir la ley.
También
dio a conocer que tendrá una reunión con la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE) para afinar la solicitud formal de extradición que el gobierno de México
hará al de Estados Unidos, con base en una nueva investigación que entregarán a
la Fiscalía General de la República.
Precisó
que se trata de una nueva etapa del proceso que iniciaron hace dos años, pero
encontraron una obstaculización creciente porque el gobierno de Peña Nieto
violentó la ley y prefirió cubrir con “el manto de la impunidad a su excompañero
de partido”.
Aseveró
que dilataron órdenes de aprehensión y formularon de forma incorrecta las
peticiones. “Nunca expresaron con claridad al gobierno de Estados Unidos la
voluntad de traer a Duarte a los tribunales de México”.
El
panista sostuvo que ahora hay una extraordinaria relación con la Fiscalía
General de la República y su titular, Alejandro Gertz Manero, quien –abundó– ya
dispuso un seguimiento puntual de la información que entregará el gobierno de
Chihuahua, para coordinarse con la SRE, dependencia que solicitará al
Departamento de Estados Unidos la extradición.
También indicó
que ya afinan detalles para proceder penalmente en contra del extitular de la
Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, por entorpecer el
proceso.
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