Dolores
Padierna.
Un
“tercer país seguro”, según las leyes de nuestro vecino del norte, debe
proporcionar cuidados, seguridad y un proceso jurídico adecuado a los
solicitantes de asilo.
Durante
todo su gobierno, Trump ha mantenido abiertos un buen número de litigios con el
Congreso y en las cortes sobre una gran variedad de temas. La estrategia
trumpiana ha sido buscar los vericuetos de las leyes para detener sus efectos o
darles la vuelta.
Organismos
de derechos humanos han presentado quejas ante instancias internacionales. Pero
hasta ahora las denuncias o quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos o el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados no han
tenido otro efecto más que hacer más visible el drama de los abusos cometidos contra
los migrantes.
Los
expertos consideran que dado que el gobierno de Trump es aparentemente inmune
al descrédito internacional, los defensores legales de los migrantes pisarían
un terreno más firme si obligaran a la administración del magnate a probar, en
los tribunales de EU, que Guatemala o México reúnen los requisitos para
acuerdos de “tercer país seguro”.
En 1967,
tras la ratificación de la Convención sobre los Refugiados, el Congreso de EU
creó un sistema para procesar las solicitudes de asilo. En 1980 emitió la Ley
de Refugiados, que establece las reglas para ser “elegible”. De entrada,
incluye como posible solicitante de refugio a “cualquier extranjero que esté
físicamente presente en EU”, aunque también fija excepciones.
La ley no
será aplicable si el fiscal general determina que el solicitante puede ser
trasladado “de conformidad con un acuerdo bilateral o multilateral, a un
país... en el que la vida o la libertad del extranjero no se verían amenazadas
por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en
particular u opinión política, y donde el extranjero tendría acceso a un
procedimiento completo y justo para determinar una solicitud de asilo o
protección temporal equivalente...”.
Según las
leyes del vecino (8 USC 1231), un “tercer país seguro” es aquel con el que
existe un acuerdo bilateral o multilateral (ojo, no se exige la formalidad de
un tratado, sino solamente un acuerdo).
Una
nación puede ser “tercer país seguro”, según la ley citada, siempre y cuando en
el país de acogida no estén en riesgo ni la vida ni la libertad del solicitante
(una vara más alta que el “miedo creíble” a la persecución que la propia ley
establece en otro de sus apartados).
Ese
“tercer país seguro”, lo que EU quiere sea México, debe dar al extranjero
“acceso a un procedimiento completo y justo para determinar una solicitud de
asilo o una protección temporal equivalente”.
Donald Trump
no pretende solucionar la crisis migratoria. Por el contrario, su interés es
mantenerla viva e incluso profundizarla porque eso le permite ondear la bandera
del defensor de EU frente a sus seguidores de cara a la búsqueda de su
reelección.
En esa
guerra electoral se dicen medias verdades y muchas mentiras. Hemos llegado a la
situación absurda de que el gobierno EU quiera a México como “tercer país
seguro”, cuando el mismo gobierno de EU ha declarado, vía el Departamento de
Estado, que tanto en México como en Guatemala los migrantes son víctimas de
secuestros, extorsiones y violencia debido a su “pertenencia a un grupo social
particular”.
En el
Congreso, los demócratas han puesto su grano de arena. A fines de junio,
presidentes de tres importantes comités de la Cámara de Representantes enviaron
una carta al secretario de Estado, Mike Pompeo, en la cual afirman que ni
México ni Guatemala cuentan con mecanismos adecuados de protección y asilo.
La medida
unilateral anunciada por el gobierno de Trump implica que los migrantes podrán
solicitar asilo sólo si su petición ha sido rechazada previamente por otro
país.
México ha
rechazado, en voz del canciller Marcelo Ebrard, la medida unilateral de EU y ha
sostenido que mantendrá su tradicional política de asilo.
El 22 de
julio se cumple el plazo de 45 días establecidos en el acuerdo que dio un respiro
a la crisis. Trump se adelantó porque todas sus acciones tienen un solo
objetivo: la reelección.
El camino
será largo y tortuoso porque, eso ya lo deberíamos saber, con Trump no hay
acuerdo ni plazo fatal que valgan.
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