Julio Astillero.
El pasado 16
de septiembre, mientras mexicanos de variadas tendencias políticas se
congratulaban de la equilibrada y muy bien llevada ceremonia global del Grito
de Independencia en la capital del país, la noche del 15, y compartían los
primeros comentarios sobre el tradicional desfile conmemorativo de ese 16, en
Culiacán se reunía Uttam Dhillon, director interino de la siempre serpenteante
y artera Drug Enforcement Administration (DEA), con funcionarios mexicanos
encabezados por el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel.
Como
resulta explicable, la reunión fue privada, pero no secreta. El reportero
Marcos Vizcarra, de la respetada revista impresa y portal electrónico Ríodoce,
consignó que en esa sesión participaron, además de Dhillon (nombrado en el
cargo un día después de la victoria electoral de AMLO: el 2 de julio de 2018),
los comandantes Maximiliano Cruz Ramos, de la novena Zona Militar, Carlos Ramón
Carrillo del Villar, de la tercera Región Militar, y representantes de la
Guardia Nacional y la Secretaría de Marina (es decir, las cúpulas del gobierno
federal tuvieron que estar muy bien informadas de este encuentro). El temario
dado a conocer oficialmente habló de un esfuerzo de las autoridades sinaloenses
por mostrar que se registraba un avance en el combate a las drogas, a tal grado
que, entre otros pedimentos, se solicitaba el retiro del aviso de alerta a los
estadunidenses que deseasen viajar a tierras sinaloenses (https://bit.ly/2oxyS1d).
En el mismo
mes de septiembre, pero de 2018, el gobierno de Estados Unidos había
solicitado la aprehensión de Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín
Guzmán Loera, El Chapo, y el inicio, a partir de tal detención, de un proceso
para extraditarlo al país vecino. No hay constancia o indicio alguno de que en
esa extraña reunión de la DEA en Culiacán se hubiera hablado de esa orden de
aprehensión pendiente.
Sin embargo,
con el olfato periodístico ejercitado durante décadas reporteando sobre esos
asuntos, el director de Ríodoce, Ismael Bohorquez, escribió el 1º de este mes
en su columna Altares y Sótanos: ¿Qué buscan al venir a Sinaloa ahora en papel
de supervisores? No estamos hablando de cualquier lugar, sino de la cuna del
narcotráfico en México. Y lo hacen justo dos meses después de la sentencia a
Joaquín Guzmán Loera en Brooklyn, NY. ¿Significa que hay una nueva relación
entre el gobierno mexicano y Estados Unidos en materia de combate a las drogas?
¿Cambia la estrategia de uno y otro país? (...) Debieron hacer una evaluación
de riesgos al promover esa reunión, pero apenas ellos lo saben. En otros
tiempos se hubiera tomado como un jugar con fuego. A menos que las reglas hayan
cambiado (https://bit.ly/2mA38rG ).
Por razones
aún imprecisas, en Culiacán se jugó con fuego. Y fuerte. Muy fuerte. El
gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sufrido el mayor desgaste en el
curso de su primer año al mando, que aún no se cumple; reconoció que avaló la
decisión de liberar al hijo de El Chapo, aunque estableció que no fue él quien
la tomó, sino el gabinete de seguridad. El secretario de seguridad y protección
ciudadana, Alfonso Durazo, mintió al atribuir los hechos a un patrullaje
militar e hizo penosos malabares para retardar lo más posible la aceptación de
que habían soltado al mencionado Ovidio. El secretario de la Defensa Nacional
aceptó errores impensables y el Ejército y la Guardia Nacional quedaron en
grave entredicho.
¿Errores,
filtraciones de alto nivel, traiciones, caos calculado? Lo cierto es que el
gobierno de López Obrador pudo librar, con alto costo, un escenario (creado por
impericia y descontrol internos o por cálculo de sus adversarios) que pudo
terminar en un baño de sangre y habría abierto la puerta a que sus adversarios
proclamaran ingobernabilidad.
Y, mientras Bertha
Luján avanza en el tablero sucesorio de Morena como candidata preferida en las
alturas, y a Mario Delgado (principal opositor) le suspenden la asamblea
distrital en la que aspiraba a ser electo como congresista.
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