La
primera semana de septiembre, la depresión tropical Fernand dejó severos daños
en el noreste mexicano y, el caso de Nuevo León, fue especialmente llamativo
por las consecuencias del meteoro, pero principalmente por las declaraciones
del gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
Un día
después de que las lluvias cesaron, el político expriista, que se ha
promocionado como El Bronco en sus diferentes aventuras políticas, proclamaba
que los daños ascendían a 7 mil 500 millones de pesos y que esa sería la
cantidad que solicitaría al Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
Las lluvias
por “Fernand” se registraron entre el 3 y el 5 de septiembre, pero el cálculo
de 7 mil 500 millones estaba listo para la noche del viernes, una cuantificación de daños
realizada aun con lluvias aisladas pero suficiente para que el mandatario
estatal expusiera la mañana del 7 de septiembre que esa era la cifra que
necesitaba. Sobra decirlo, nadie podría cuantificar un desastre natural en 24
horas.
El Fonden se
convirtió, como mucho en la administración pública, en una caja chica de los
gobernadores coludidos con altos funcionarios de la secretaría de Gobernación
para usar el Fonden que, por sus características, está sujeto a pocos
controles. Un gobernador solía hacer una cuantificación y un área de la
Coordinación Nacional de Protección Civil se encargaba de autorizar la cuantía,
los recursos fluían en adjudicaciones directas sin verificación de lo adquirido
en los diferentes rubros a los que suele destinarse el fondo.
Se trata más
que de una sospecha de corrupción identificada desde hace tiempo, basta googlear
las palabras Fonden-despensas-bodega, para que numerosas notas periodísticas
aparezcan dando cuenta de casos en los que los apoyos para desastres fueron
almacenados con presuntos fines electorales.
Esa es
apenas la primera parte, se trata de aquello que tiene que ver con la atención
inmediata a damnificados por un desastre natural: despensas, colchonetas,
cobijas, alimentación. Las reglas de operación son mañosas, pues se establecen
parámetros que sólo puede cumplir algún proveedor que, por tratarse de
adjudicaciones directas en atención a una emergencia, quedaban a
discrecionalidad de los servidores públicos de la federación y la entidad de
que se trataba.
Además, está
aquello que tiene qué ver con la atención inmediata, como reparar caminos vitales
o abastos de agua. Otra vez la discrecionalidad. Y, finalmente, sigue la
reconstrucción que implica obra y como se sabe, donde hay obra, sobra.
Por el
ejercicio fiscal 2017, la Auditoría Superior de la Federación revisó 26 mil
millones de un total de 33 mil millones que ejerció el Fonden. Al revisar la
forma en que se ejercieron los recursos, en un año en el que además de los
desastres por inundación se registraron los terribles sismos del 7 y el 19 de
septiembre, resultó que había 7 mil 567 millones de pesos que se ejercieron de
manera injustificada.
Aun peor. La
ASF concluyó que la forma en que se entregaban subsidios y apoyos para la
atención de desastres naturales, era ineficaz, ineficiente y costosa y alertó
sobre eventuales casos de corrupción; ausencia de reglas claras y un diseño
institucional débil.
Aunque hasta
ahora la normatividad es la misma, un dato llamó la atención en la
conferencia de prensa matutina del lunes 14 de octubre. El coordinador Nacional
de Protección Civil, David León Romero, expuso primero que se han otorgado 34
declaratorias de emergencia y 16 por desastre, un total de 50 declaratorias, en
contraste con las 112 de 2018.
Esas
declaratorias han significado una erogación por 793 millones de pesos durante
2019, en contraste con los 42 mil millones de 2017 y los 14 mil millones de
2018.
El
instrumento implica disciplina para no declarar desastre cuando no lo es ni asignar recursos que no
corresponde a los daños, como parece ser el caso de lo solicitado por Rodríguez
Calderón que, en el censo de verdad que se está realizando, Protección
Civil-Fonden han cuantificado daños por 360 millones de pesos, esto es 20 veces
menos de lo pedido por El Bronco.
Aunque el
resultado de lo realizado en la actual administración es encomiable, hacen
falta reglas más claras, una reforma que haga confiables los procedimientos y
evite el robadero de otros momentos a costa de los damnificados. Un asunto de
certeza. Y, naturalmente, faltan procesos de investigación exhaustivos para que
aquellos que hicieron negocio con los desastres naturales –asunto este que
ofende como pocos—no siga quedando impune.
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