Salvador
Camarena.
El lunes
pasado podría marcar el inicio de la definición de un modelo de coexistencia
armónica, y para beneficio del ciudadano, entre los tradicionales taxis y las
plataformas electrónicas para viajes de pasajeros. O podría marcar sólo una
estampa más del colapsado modelo de movilidad que padecemos.
Los
taxistas están enojados con la llegada de las plataformas y por eso paralizaron
la mañana del lunes buena parte de la capital. Pero quiénes son los que están
enojados y realmente por qué están enojados.
¿Están
enojados los choferes de taxis, explotados históricamente por abusivos dueños
de las unidades? ¿Están enojados líderes corruptos de taxistas porque en efecto
con el nuevo gobierno capitalino se les reducen márgenes de coyotaje por los
cambios en trámites? ¿Están enojados los concesionarios, exfuncionarios
incluidos?
Y, ¿están
enojados por Uber y plataformas similares o por otras razones?
Según
operadores de fondos de inversión en empresas tecnológicas, para Uber, la
Ciudad de México es el segundo mercado más importante del mundo, sólo detrás de
São Paulo.
Otra manera
de ponerlo es que para esa empresa las cuatro plazas más importantes serían las
dos urbes ya citadas más Río de Janeiro y Nueva York. Esta comparación, sin
embargo, debe tener en cuenta que los viajes en México no representan en dólares
la misma cantidad: nuestro país es más barato.
Pero el
panorama queda claro. Uber y sus 250 mil asociados en la República Mexicana
ha logrado un posicionamiento contundente. El propio Andrés Lajous, secretario
de Movilidad de la CDMX, dijo esta semana que el gobierno no se plantea la
cancelación de las plataformas que, por supuesto, van más allá de Uber.
Si no se
van a cancelar esas opciones, lo que encima va en concordancia no sólo con la
realidad sino con decisiones de la Suprema Corte, que desde 2017 ha determinado
que es legal no aplicar la normatividad de los taxistas a los servicios que
prestan las plataformas, entonces qué van a hacer los taxistas que están
metidos en este entuerto.
Observadores
del tema de la movilidad creen que los gobiernos emanados de Morena tienen
una gran oportunidad, que han dado en los primeros meses de su gestión pasos
adecuados, pero que la duda subsiste: ¿podrán crear un modelo que eleve la
calidad del servicio de los taxis y al mismo tiempo recompense adecuadamente a
choferes y dueños de esas unidades, mientras compiten con las apps de
transporte privado?
La
respuesta pasa por el hecho de que los taxistas, los tres componentes
–choferes, líderes y dueños de placas y/o concesiones– quieran lo mismo. Si
quieren encontrar una salida, el Gobierno de la ciudad ya había apuntado pasos
en el sentido correcto, el de poner el piso parejo entre plataformas y taxis,
al proponer y lanzar apps para que los taxistas también puedan ofrecer
predictibilidad, seguridad, etcétera.
Pero si
los líderes de los taxistas inconformes pretenden que desaparezcan las apps en
México, ahora bajo el argumento de que son extranjeras, pues ni gente que es
talibán del transporte público como Lajous intentaría dar marcha atrás al reloj
de la innovación.
Por eso, el
Gobierno de la ciudad ofreció revisar la legislación que invocan los
inconformes, que no es de movilidad sino de inversión extranjera. Y nada más.
Los
taxistas podrían aprovechar la disposición de los gobiernos de Morena para
evolucionar: pero, a saber, si estarán dispuestos a los sacrificios que ello
implica: pagar impuestos sobre la renta, remunerar adecuadamente y con
prestaciones a sus choferes, renunciar todos ellos a depredar al cliente, y
someterse a regulación que no parta de clientelismo, corrupción y chantajes.
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