Por Arturo Ángel.
La Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda identificó nuevos
vínculos entre pagos del DIF de Veracruz por más de 220 millones de pesos a
múltiples empresas fantasma, y cuentas presuntamente ligadas a su expresidenta
Karime Macías y su círculo cercano.
Ello
gracias al seguimiento de operaciones bancarias a través de una intrincada red
de compañías y posibles prestanombres, que además arroja indicios del posible
destino del dinero: hay desde retiros en efectivo, hasta transferencias al
Reino Unido, país al que se fue Macías tras la detención de su hoy exesposo
Javier Duarte.
Estos
hallazgos derivaron ya en dos denuncias penales presentadas por el titular
de la UIF, Santiago Nieto, que dieron pie a la apertura de nuevas carpetas de
investigación en contra de Macías y demás involucrados. A diferencia de casos
previos iniciados en su contra por ilícitos como fraude o defraudación fiscal,
en esta ocasión se le investiga directamente por delitos de corrupción.
La
primera denuncia fue presentada por la UIF en marzo pasado ante la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR en contra de Macías y otras
87 personas físicas, así como 32 empresas posiblemente fantasma.
La
segunda denuncia fue promovida el pasado 8 de abril ante la Fiscalía General de
Justicia de Veracruz y es más amplia, pues se procedió en contra de la
expresidenta del DIF Estatal y 92 personas más, así como en contra de 36
compañías fachada.
De acuerdo
con la información a la que Animal Político tuvo acceso, en ambos casos las
denuncias señalan a Macías como la principal beneficiaria de un posible desvío
de recursos públicos desde el DIF Estatal que asciende a 224 millones 25 mil
477 pesos, perpetrado entre 2012 y 2016.
Para
desviar los recursos el DIF Estatal – por supuesta instrucción de Macías –
habría simulado múltiples licitaciones con empresas legalmente constituidas
pero incapaces de realizar servicio alguno, es decir empresas fantasma, para
que estas obtuvieran los contratos y pudieran facturar los pagos.
En respuesta
a ello, la defensa de Karime Macías dijo a este medio que lo anterior es
imposible dado que el cargo de su clienta era honorífico y no participaba en
procesos de contratación, y confiaron en que haya una investigación “objetivo y
sin tintes políticos”.
Cabe
señalar que las empresas identificadas por la UIF en sus denuncias pertenecen a
la misma red de compañías fachada creadas por un conocido despacho de
contadores en Veracruz que, de acuerdo con investigaciones periodísticas
publicadas por Animal Político junto con la organización Mexicanos contra la
Corrupción y la Impunidad (MCCI), recibieron más de 3 mil 600 millones de pesos
de una decena de dependencias del gobierno de Veracruz.
¿Dónde quedó
el dinero?
Para
sustentar sus denuncias la UIF presentó a las fiscalías una amplia red de
vínculos en la que consiguió relacionar, a través de transferencias bancarias y
de posibles prestanombres, a Karime Macías y su entorno con las empresas
involucradas en este desfalco, y a su vez con el posible destino que tuvo el
dinero.
Los
detalles relacionados con las rutas del dinero y las conexiones descubiertas es
información clasificada y forma parte de las investigaciones.
Pero en
cuanto a los vínculos de personajes clave cuyo perfil ya es conocido
públicamente la denuncia destaca, por ejemplo, el hilo conductor relacionado
con una persona de nombre Astrid Elías Mansur, exdirectora del DIF Estatal en
el sexenio de Duarte. Ella forma parte del grupo de 25 personas en contra de
las cuales ya se solicitaron órdenes de aprehensión por su participación en las
licitaciones simuladas con empresas fantasma.
Lo que
llama la atención a los investigadores es que Astrid es familiar cercano de un
empresario de nombre Moisés Mansur Cysneiros, quien desde hace mas de tres años
es prófugo de la justicia luego de que un juez federal ordenó su arresto, por
su presunta participación en operaciones de lavado de dinero de Javier Duarte.
El nexo
cobra relevancia porque Mansur Cysneiros era el propietario de una tarjeta
American Express que utilizó Macías para realizar diversas compras en el
extranjero, por un monto cercano a los 10 millones de pesos.
En ese
contexto la UIF sospecha que, a través de los Mansur, Macías consiguió
desplazar recursos públicos fuera de su cauce legal y posteriormente
aprovecharlos para compras personales.
La
anterior es solo una de múltiples hipótesis que el trabajo de inteligencia
plantea sobre el destino que pudo tener el dinero desviado con la red de
empresas fantasma.
En la red
presentada en la denuncia, la UIF identifica el vínculo entre lo ocurrido en el
DIF de Veracruz con una empresa fantasma de nombre Logística ASISMEX, que en su
momento fue sancionada por el INE por financiar gasto electoral no reportado en
la campaña presidencial del expresidente Enrique Peña Nieto.
Este nexo
fue detectado también en una investigación periodística publicada por Animal
Político y MCCI. Logística ASISMEX no recibió directamente contratos del
gobierno, pero pertenece a la misma red de empresas fachada en la que si se
ubican más de 30 compañías que recibieron pagos del DIF de Veracruz y de otras
dependencias estatales.
De manera
similar y a través del seguimiento de diversas transferencias, la UIF detectó
múltiples retiros en efectivo que posiblemente corresponden a dinero
inicialmente desviado del DIF Estatal, e incluso se identificaron
transferencias hacia el extranjero utilizando diversas triangulaciones con
posibles prestanombres.
Entre
esos movimientos se ha identificado con interés especial transferencias hacia
cuentas en el Reino Unido, ya que ese fue el país al que Macías eligió irse
luego de que Javier Duarte fuera detenido en Guatemala.
Las
indagatorias de la UIF también identificaron como líneas de interés la
adquisición o enajenación de cuatro propiedades en el círculo de la exprimera
dama de Veracruz, como otro posible uso del dinero desviado.
Defensa
niega nexos ilegales y pide indagatoria sin tintes políticos.
Cuestionados
sobre este hecho la defensa de Karime Macías aseguró que no tienen conocimiento
formal de las denuncias presentadas por la UIF, pero descartaron cualquier
beneficio ilegal que ella hubiera obtenido de los desvíos investigados en el
DIF Estatal, ya que no tenía injerencia en procedimientos de contratación pues
no era funcionaria.
“Resulta
imposible que obtuviera beneficio alguno por el cargo honorífico (Presidenta
del DIF) que ostentaba; incluso resulta jurídicamente insostenible que ella
pudiera siquiera haber ordenado a las personas facultadas para disponer de
dichos recursos, ya que, insisto, no tenía facultades para hacerlo”, dijo Pablo Campuzano, abogado de la
defensa.
En ese
contexto, el abogado subrayó la importancia de que las fiscalías General de
la República y la de Veracruz atiendan cualquier imputación con “objetividad” y
sin tintes políticos como consideraron que ocurrió en años anteriores. “No
tenemos otra petición para las autoridades, más que se resuelva conforme a
Derecho”, concluyó.
Los casos
pendientes.
Con
independencia de las nuevas investigaciones iniciadas por las fiscalías tras
las denuncias de la UIF, Karime Macías enfrenta ya dos procesos penales en
curso a nivel federal y en Veracruz.
La
primera acusación, que dio pie a la solicitud de extradición de Macías que se
encuentran en curso, está relacionado con pagos por 110 millones de pesos del
DIF de Veracruz a varías empresas fantasma. Por este caso un juez de dicha
entidad giró una orden de aprehensión en su contra por el delito de fraude
específico.
Actualmente
el procedimiento de extradición detonado por este caso se encuentra en curso, y
se prevé que sea a mas tardar en noviembre cuando la justicia británica defina
si la concede o la niega.
A este caso se
suma una segunda orden de aprehensión girada apenas en febrero pasado en contra
de Macías, por el delito de defraudación fiscal.
Esta
acusación deriva de una investigación iniciada desde 2017 por la entonces PGR,
que detectó ingresos no reportados ni declarados relacionados con la exprimera
dama de Veracruz, pero que se retrasó por la resistencia de la Secretaría de
Hacienda para presentar la denuncia formal en el sexenio pasado.
Se trata
de una orden de aprehensión que no se ha podido cumplimentar dado que Macías
está fuera del país.
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