Ricardo
Ravelo.
Preso en
Estados Unidos por servir a los intereses del cártel de Sinaloa; acusado de
brindar protección a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” –quien compurga una
cadena perpetua en Estados Unidos por delincuencia organizada, Genaro García
Luna empezó a ser cuestionado en los primeros dos años del Gobierno de Felipe
Calderón por sus nexos con el narcotráfico.
Desde la
cárcel donde está recluido, ofreció pagar una fianza de dos millones de dólares
–la primera oferta fue de un millón de dólares — para que el fiscal de su causa
lo dejara en libertad, ya que argumenta que puede contagiarse del coronavirus.
Sin embargo,
las solicitudes de fianza –en la primera ofreció un pago de un millón de
dólares –le fueron rechazadas debido a que es considerado un personaje peligroso
que puede fugarse, ya que tiene amplios contactos políticos y criminales que lo
pueden ayudar a evadir la acción de la justicia, de acuerdo con los criterios
de las autoridades estadunidenses.
A continuación,
se relatan las acusaciones que en su momento le fueron hechas tanto a él mismo
como a sus colaboradores más cercanos que lo acompañaron desde que fue director
de la Agencia Federal de Investigación (AFI), en el gobierno de Vicente Fox, y
posteriormente como secretario de Seguridad Pública, en la administración de
Felipe Calderón. Tales acusaciones empezaron en el sexenio de Fox, donde García
Luna fue un estratega policiaco. Nadie imaginaba en aquel tiempo que ya tenía
nexos criminales, de acuerdo con los expedientes consultados.
Y es que
varios de sus colaboradores cercanos en la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP) fueron acusados de corrupción y de tener ligas con el narco desde el año
2008; sin embargo, García Luna nunca destituyó a ninguno de ellos, por el
contrario, los cobijó y los mantuvo en sus respectivos cargos.
Por ejemplo,
Mario Velarde Martínez, quien durante el gobierno de Vicente Fox fungió como
secretario particular de García Luna en la AFI tuvo tratos con el cártel de los
hermanos Beltrán Leyva. De acuerdo con las investigaciones de la extinta
Procuraduría General de la República, este personaje era parte de la red de
funcionarios que colaboraba con el crimen organizado.
En aquel
momento, Velarde era el quinto hombre cercano al entonces secretario de
Seguridad Pública que era investigado por la PGR. Entonces estaba adscrito a la
División Antidrogas de la Policía Federal en la SSP.
En la
averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/241/2008, integrada durante la llamada
“Operación Limpieza” –que permitió la captura de altos funcionarios de la SSP y
de la PGR por servir al crimen organizado, en particular al cártel de Sinaloa
–Alberto Pérez Guerrero, identificado como testigo protegido con el nombre de
“Felipe”, pormenorizó las complicidades de exfuncionarios policiacos con el
narco:
Según
“Felipe”, Velarde Martínez y Ricardo Gutiérrez –exdirector de la Interpol
México y quien fue arraigado durante el gobierno de Calderón por sus presuntos
nexos con el narco –tenían en común su amistad y presuntos negocios de venta de
información con José Antonio Cueto, señalado en ese tiempo como responsable de
reclutar e infiltrar a funcionarios para brindarle información a los hermanos
Beltrán Leyva sobre operativos, órdenes de aprehensión, investigaciones y
extradiciones.
Narra el
testigo “Felipe”:
“A
principios del año 2007, el licenciado Mario Arturo Velarde Martínez se
desempeñaba como director de área y es amigo cercano de Cueto, de la Dirección
General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol. Me pidió información
sobre dos asuntos de los cuales no recuerdo en las oficinas de Interpol, en los
que tenía conocimiento Cueto, por los cuales me dio Velarde Martínez la
cantidad de 4 mil dólares, de los cuales 2 mil entregué a Cueto”-
El mismo día
de esta declaración ministerial, realizada en la Embajada de México en Estados
Unidos, la Drug Enforcement Administration (DEA) entregó a la PGR una
fotografía del cercano colaborador de García Luna, quien ya formaba parte de
las investigaciones y de los expedientes oficiales.
La imagen
fue presentada al testigo protegido “Felipe”, quien lo identificó de entre
cinco fotografías de otros funcionarios que ya estaban siendo investigados
tanto en México como en Estados Unidos por servir al crimen organizado.
El testigo “Felipe”
identificó el rostro de Velarde Martínez. El testigo protegido tenía
información sensible: había sido agente de la PGR y su último cargo fue haber
sido comisionado de la Interpol en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México.
Por ello, conocía
a los colaboradores cercanos a García Luna ligados al narcotráfico, entre
otros, a Ricardo Gutiérrez, director de Interpol-México; Ricardo de la Guardia,
ex director de Despliegue Regional e Interpol; Miguel Colorado, ex coordinador
de Servicios Técnicos de la SIEDO –hoy SEIDO –y al capitán Fernando Rivera, ex
director adjunto de Servicios Técnicos de SIEDO.
Otros
fueron arraigados, pues ya se tenía datos y evidencias de sus ligas con el
cártel de Sinaloa y, en particular, con la célula de los hermanos Beltrán
Leyva. Sus nombres: Francisco Navarro, jefe de Operaciones Especiales de la
SSP; Enrique Bayardo del Villar, inspector adscrito a la Sección de Operaciones
de la PFP –éste fue ejecutado durante su etapa como testigo colaborador cuando
tomaba café en un Starbooks ubicado en la colonia Del Valle de la Ciudad de
México –; Gerardo Garay Cadena, entonces jefe de la Policía Federal ´Preventiva
y Ricardo Gutiérrez Vargas, director de Interpol-México.
La red
criminal.
Mario
Velarde negó los cargos y los nexos que le imputaron con el narcotráfico, pero
no fue suficiente: un testigo protegido de la DEA y de la PGR reveló que servía
a los intereses del cártel de Sinaloa.
El
testigo lo describió tal cual es físicamente. Dijo: “Mario Velarde Martínez es
de tez blanca, cabello negro corto y ondulado, mide un metro con 65 centímetros
de estatura, tiene entre 38 y 40 años de edad, es de ojos color negro, nariz
regular, con frente un poco pronunciada”.
Y añadió: “Tiene
un tic nervioso de estarse jalando los pellejos de los dedos pulgares y que casi
siempre tiene curitas en los dedos por ello y que cuando lo conoció el
declarante era el secretario particular del entonces titular de la Agencia
Federal de Investigación, pero después se fue como director de Enlace Externo
en Interpol y más tarde quedó bajo las órdenes de la licenciada Maribel
Cervantes, en la Policía Federal”.
Otro de los
colaboradores de García Luna –Ricardo Gutiérrez –fue indiciado porque dos
testigos protegidos lo acusaron de proteger los movimientos de Rey Zambada en
el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El testigo también dijo que
le vendía información a los Beltrán Leyva.
De
acuerdo con el testigo y las investigaciones que entonces realizó la PGR, el
exmilitar Roberto García –quien estaba adscrito a la Coordinación Técnica de la
SIEDO –fue comprado por el cártel de Sinaloa, pero cuando lo detuvieron pidió
acogerse al programa de testigos protegidos y fue identificado con el nombre de
“David”.
En aquella
ocasión, el testigo relató que once años atrás “El Rey Zambada” –hermano de
Ismael Zambada García –era conocido como “El licenciado Óscar” para tratar con
comandantes y funcionarios federales. Conocía a José Antonio Cueto desde los
tiempos de la Fiscalía Antidrogas (FEADS).
Dijo el
testigo: “Cueto conoció a todos los comandantes de la Policía Judicial
Antidrogas, esos comandantes le presentaron al licenciado “Oscar” –o sea Rey
Zambada – y añadió el testigo “David”.
“Óscar o
el licenciado Óscar cuando utilizaba el Aeropuerto para viajar le hablaba a
Cueto y él llamaba a Ricardo Gutiérrez, que era titular de Interpol México para
que no pasara por ningún filtro de revisión; en específico, se trataba de gente
que venía de Colombia, aunque no sé los nombres, pero se venían a ver con
Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo Guzmán”,
Por otra
parte, el testigo “Felipe” –cuyo verdadero nombre es Alberto Pérez Guerrero
– relató que el director de Interpol tenía problemas económicos y por eso
vendían información al crimen organizado e incluso le llegó a pedir un préstamo
de 300 mil pesos a Cueto, enlace de los Beltrán Leyva.
Según
“Felipe”, un abogado de narcotraficantes que tiene su despacho en
Guadalajara, de apellido Valenzuela o Valencia, le pagó dos asesorías que le
brindó Cueto para elaborar unos amparos. Primero pagó 30 mil pesos y en otra
ocasión le dio de 4 a 6 mil dólares.
Dijo: “Al
pretender entregarle ese dinero (a Cueto) me pidió que le entregara 2 mil
dólares a Ricardo Gutiérrez Vargas, director General de Interpol, lo que
realicé directamente en su oficina ubicada en Torre Pedregal sobre Periférico
Sur, enfrente del hotel Camino Real por el Pedregal y al recibir este dinero
Gutiérrez Vargas me dijo que gracias, este ya sabía que esto era de parte de
José Antonio Cueto; oficinas donde el emitente prestaba sus servicios.
“Esta
entrega de dinero a Gutiérrez se repitió en una segunda ocasión sin saber qué
cantidad, ya que era un sobre que Cueto me entregó y me dijo que se lo diera al
director de Interpol refiriéndome que era dinero”.
“Felipe” también
expuso en aquel testimonio que entre abril y mayo de 2007 Gutiérrez le dio un
sobre cerrado con información que le pidió llevar al domicilio de Cueto en
Valle Escondido, Atizapán, y así lo hizo.
Estos ex
colaboradores de García Luna fueron procesados por sus nexos con el crimen
organizado. Cuando estaban en funciones fueron protegidos por García Luna.
Todos ellos tenían nexos con Rey Zambada, quien ahora es uno de los testigos clave
en el juicio que enfrentará el ex Secretario de Seguridad Pública en Nueva
York.
Cabe
aclarar que todos los señalamientos incriminatorios en contra de los ex
funcionarios –tanto los que operaban con García Luna como los que despachaban
en la extinta PGR –formaron parte del expediente conocido como “Operación
Limpieza”. La mayoría de ellos, sin embargo, fueron exonerados aparentemente
por falta de pruebas; otros fueron encarcelados y recobraron su libertad. Ahora
los testigos protegidos que hicieron las acusaciones testificarán en contra de
García Luna. Es el caso de Rey Zambada y otros que dicen conocer detalles sobre
la forma en que el ex Secretario de Seguridad Pública brindó protección al
crimen organizado, en particular, el cártel de Sinaloa.
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