Por Mathieu
Tourliere.
Hoy, mientras el gobierno federal declaraba la
fase de 3 de la emergencia sanitaria por covid-19, la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) entregó a la empresa paraestatal Fonatur
Tren Maya, S.A. de C.V. la asignación para operar y explotar el Tren Maya, un
megaproyecto cuyas obras deberían arrancar a principios de mayo, en pleno
climax de la pandemia por coronavirus, según instruyó el presidente Andrés
Manuel López Obrador.
A partir de
hoy, Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V., una filial del Fondo Nacional de
Fomento al Turismo (Fonatur) –dirigido por Milardy Douglas Rogelio Jiménez
Pons– cuenta con un plazo de un año para entregar un Proyecto Ejecutivo acabado
y tiene hasta 48 meses para terminar la construcción del megaproyecto.
La SCT también
otorgó a la empresa paraestatal el derecho de usar y aprovechar las
infraestructuras para realizar actividades comerciales paralelas, como negocios
inmobiliarios u “hoteles, oficinas, centros comerciales, restaurantes u otros
similares o análogos, y que deberán iniciar dentro de los primeros cinco años
de vigencia de esta asignación”.
Mediante un
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la SCT otorgó
a Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V. la asignación para remodelar la antigua vía
férrea de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), así como los derechos
para prestar el servicio público de transporte ferroviario de carga y de
pasajeros durante los próximos 30 años.
El decreto establece
que Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V., realizará el transporte de carga y
pasajeros de manera equitativa, respetando las disposiciones legales relativas
al medio ambiente y al desarrollo urbano; también le instruyó a facilitar el
transporte a las “comunidades aisladas” considerando para ello “al menos un
carro”.
La
publicación del decreto en el DOF muestra que el gobierno hizo caso omiso a la
carta que 194 de las organizaciones más importantes del país dirigieron hoy a
López Obrador, en la que le urgieron a suspender la construcción del
megaproyecto durante la emergencia sanitaria.
Sostuvieron
que tanto el sistema de justicia como el de transparencia se encuentran
congelados, lo que hace imposible a las comunidades opositoras a interponer
amparos para defender sus derechos u obtener información sobre el megaproyecto.
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