Por Álvaro
Delgado.
La Secretaría de Gobernación (Segob) involucró
al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en la presunta ejecución
extrajudicial del ciudadano Giovanni López, quien fue detenido por policías del
municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, presuntamente por no utilizar
cubrebocas, y apareció muerto horas después.
“El hecho
se da en el contexto de las medidas restrictivas implementadas por el
gobernador de Jalisco para hacer frente a la pandemia (de covid-19), que
incluyen el uso de la fuerza pública y que llevó a la comisión de abusos por
parte de la autoridad”, subrayó la dependencia, aludiendo al gobernador del partido Movimiento
Ciudadano.
Y dio a
conocer que, de acuerdo con información proporcionada por familiares de la
víctima, “los elementos ministeriales se llevaron detenido a quien
identificaron como trabajador de la construcción y que al día siguiente fue
reportado como fallecido”.
El
subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas,
también condenó que, según un video que circula en redes sociales, una persona
en situación de calle haya sido detenida en Tijuana, Baja California, y
falleció supuestamente en custodia de la policía municipal, el pasado 28 de
febrero.
“Ante la
presunta ejecución extrajudicial y clara violación a los derechos humanos en
ambos casos, esta Subsecretaría condena los hechos en los que se recurre a la
fuerza pública para hacer cumplir las medidas preventivas por la pandemia o
ante la detención arbitraria que afecta a la población, particularmente a las
personas más vulnerables”, subrayó Encinas.
En el caso
de Jalisco, tras la difusión masiva del video en el que se aprecia la
detención del trabajador de la construcción, que al día siguiente apareció
muerto con señales de tortura y un balazo en un pie, el gobernador Enrique
Alfaro ordenó una investigación.
A través de
la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, la Secretaría
de Gobernación solicitó información de las carpetas de investigación por el
probable uso excesivo de la fuerza pública en Ixtlahuacán de los Membrillos,
Jalisco, y Tijuana, Baja California.
Encinas
destacó que, ante el establecimiento de las medidas sanitarias a causa del SARS
CoV-2, se requiere un ejercicio de responsabilidad colectiva para proteger la
salud pública, y refrendó que las autoridades de todos los órdenes de gobierno
tienen el deber de garantizar las condiciones para que éstas se lleven a cabo,
protegiendo en todo momento los derechos de las personas.
El
subsecretario conminó a las autoridades estatales y municipales a no caer en
acciones de intolerancia. “No se deben fomentar discursos discriminatorios
basados en prejuicios y estereotipos, por lo que exigimos desde esta
subsecretaría a la autoridad judicial esclarecer ambos casos y llegar hasta los
responsables de estos lamentables hechos”, recalcó.
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