A nombre del Frente
Vecinal Poniente, el abogado Ricardo Galván presentó un juicio de amparo
colectivo en contra de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca.
Los inconformes
impugnaron la autorización que dio la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para
la construcción de dos vasos reguladores y la perforación de un túnel en el
Desierto de los Leones, en la delegación Cuajimalpa, sobre el río Tacubaya y la
presa Tacubaya.
De acuerdo con Galván, del despacho Gama Abogados &
Consultores, los vecinos se ampararon contra la edificación del referido
proyecto porque no se realizó la consulta respectiva para cambiar el uso de
suelo en términos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) y el artículo 50 de la Ley Ambiental y de Protección a la Tierra de la
Ciudad de México.
En su tramo 3, el
proyecto ferroviario incluye la colocación de 88 zapatas (estructuras para
soporte de columnas) sobre el río Tacubaya y encima del acuífero cuya
manifestación es el manantial Santa Fe, en la delegación Álvaro Obregón, que
dota de agua al pueblo originario del mismo nombre.
Esas aguas potables
tienen comunicación con la vegetación y las aguas subterráneas de la Sierra de
las Cruces, donde actualmente se construye el tramo 2, por lo que proveen de
servicios ambientales a la capital del país.
El abogado destacó que lo
más grave es que la SCT pretende construir su proyecto sobre la presa Tacubaya
y el drenaje de Tacubaya, además de que la vía férrea está proyectada para
edificarse a escasos metros de las viviendas y no existen dictámenes de
Protección Civil que avalen la movilidad de la zona.
Al justificar el
trazo ante la Semarnat, la empresa que realizó el proyecto, Senermex Ingeniería
y Sistemas S.A. de C.V., señaló que el Parque Insurgente Miguel Hidalgo y
Costilla, mejor conocido como La Marquesa, que abarca territorios de
Huixquilucan y Cuajimalpa, no es objeto de protección porque la Semarnat no ha
hecho una nueva valoración de ese Parque Nacional para determinar si conserva
cualidades ambientales y, por lo tanto, no se requiere del cambio de uso de
suelo.
“Es increíble que la
Semarnat haya aceptado esa interpretación de la normatividad ambiental para
aprobar el proyecto”, dijo el abogado, y precisó que las fianzas que
pagaron las empresas contratistas Caabsa e ICA fue para garantizar posibles
daños durante la construcción de la obra, no para garantizar el cumplimiento de
condicionantes, una de las cuales es el resarcimiento del daño.
“Es un proyecto que fue planeado entre la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y el gobierno del Estado de México, como lo
acreditamos con las actas de las licitaciones, sin la participación del
Gobierno de la Ciudad de México ni de los pueblos originarios”, indicó.
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