Los altos índices de
homicidios dolosos, que sitúan a esta entidad como la más violenta del país,
transgreden toda lógica de un estado democrático y social de derecho, advirtió
el ombudsman estatal Sabino Hermilo Flores Arias, al rendir su informe anual
ante los representantes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Aunque dijo haber observado que las distintas instancias de
los tres órdenes de gobierno han respondido atacando algunos aspectos de los
problemas existentes en materia de violencia, “no han tenido los resultados que
serían deseables”.
Ante el gobernador
priista José Ignacio Peralta Sánchez, los diputados locales y los integrantes
del Supremo Tribunal de Justicia, Flores Arias señaló que gran parte de la
sociedad “se encuentra desesperanzada, pues cada vez espera menos y desconfía
más de las instituciones”.
A lo anterior,
añadió, se suma una percepción generalizada sobre la existencia de impunidad,
corrupción, así como la falta de cumplimiento de la ley, lo que debilita a las
instituciones democráticas y divide a la sociedad.
El presidente de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) señaló que si la
criminalidad es uno de los fenómenos más corrosivos de los derechos humanos,
las fallas en la seguridad pública potencializan ese deterioro hacia niveles
más profundos de descomposición social.
Por ello, consideró
necesario se investiguen a fondo, y en el marco de los procedimientos legales,
los actos de corrupción al interior de las corporaciones policiacas, a la vez
que deben ser atendidas las demandas de mejoramiento de las condiciones de
equipamiento, capacitación y jornadas de servicio que les permitan brindar
mejores resultados.
Flores Arias aclaró que “contra lo que sostienen algunos”,
la CDHEC no es una institución defensora de delincuentes y por ningún motivo
ese organismo es vía idónea para que alguien pretenda alcanzar impunidad.
“Defendemos seres humanos, como cualquiera de nosotros, sin
prejuzgar sobre responsabilidad alguna, pues de hacerlo así estaríamos violando
la presunción de inocencia y, lo que es más grave, atribuyéndonos facultades
que sólo competen al órgano judicial”, precisó.
En su intervención, el mandatario José Ignacio Peralta
mencionó que pese a las restricciones financieras, su gobierno se esforzará
para responder a la necesidad de la CDHEC de ofrecer una mayor cobertura de
atención.
El jefe del Ejecutivo dijo que la cultura de los derechos
humanos influyó en la concepción del sistema de justicia penal, propiciando un
modelo distinto que ya está siendo aplicado en el país.
“Es cierto, aún existen algunos retos pendientes, pero
podemos congratularnos del cambio cualitativo experimentado en el lapso que
media entre unos cuantos años”, expresó.
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