Adela
Navarro Bello.
Antes que el Nuevo Sistema de
Justicia Penal, garantista y permisivo, hubiese entrado en vigor en México, los
delincuentes, y particularmente los criminales de alto perfil, fuesen
narcotraficantes o provenientes de la clase política, salían de los casos de
investigación ministerial básicamente por dos cuestiones: primero porque su
poder adquisitivo les permitía contratar a los mejores abogados para su
defensa, segundo porque el Ministerio Público (sea el caso Federal o Estatal)
en nuestro país es una de las instituciones menos capacitadas, menos eficaces,
más amañadas y con hartos intereses, de tal suerte que integran averiguaciones
previas que fácilmente se tumban frente a un Juez, también permisivo.
Es el sistema ministerial y judicial
en México algo que no funciona de manera eficiente. Por eso vemos y leemos de
casos como los narcotraficantes Joaquín Guzmán Loera y Benjamín Arellano Félix,
ambos extraditados a la Unión Americana, que en nuestro país no alcanzaron a
ser sentenciados por narcotráfico e incluso por el asesinato del Cardenal Jesús
Posadas y Ocampo (y siete personas más) en el cual participaron ambos.
O políticos como el Ex Presidente
Luis Echeverría, y su director de la Federal de Seguridad, Miguel Nazar Haro, a
quienes se les iniciaron procesos por la guerra sucia en México, y quienes
fueron exonerados irremediablemente.
A veces es la corrupción, en
ocasiones la falta de preparación, pero de manera sistemática el Ministerio
Público Federal falla.
En estos días estamos siendo testigos
de esa falta de capacidad y compromiso por parte del Gobierno de la República
para fortalecer y preparar al Ministerio Público. Y lo estamos viendo en uno de
los casos que más han indignado a la sociedad mexicana: la investigación que se
lleva a cabo contra Javier Duarte de Ochoa, el paradigma de la corrupción
mexicana.
Ahora se
sabe por qué esa actitud socarrona del preso que fue en Guatemala, y su
condescendencia para ser extraditado a México, tiempo desde el que, es
evidente, su pléyade de abogados inició la ruta legal que habrían de seguir, frente a una Procuraduría General de la
República, y particularmente en este caso, en una de tres condiciones:
ineficiente, amañada, cómplice.
De las ligas de Javier Duarte de
Ochoa con Enrique Peña Nieto se ha dicho mucho, de sus excesos más, de los
millones de dólares que en efectivo sacaba a su antojo de las arcas
veracruzanas, y recientemente de los mil millones que destinó para gastos de
campaña del PRI precisamente en el 2012 cuando el hoy Mandatario Nacional era
candidato a esa posición. Pero estas y otras tropelías no son investigadas de
manera firme y adecuada, ni en la PGR, ni en la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, ni en el propio Gobierno de Veracruz. La ineficacia de las
instituciones procuradoras de justicia va de la mano de la complicidad y la
impunidad. Esto no
puede explicarse de otra manera.
El hecho es
que en la primera audiencia de Javier Duarte en México los tres representantes
del Ministerio Público Federal, los
abogados Martha Ramos Castillo, Nelly Magaly Alvarado y Pedro Guevara Pérez,
hayan sido enviados por parte de la PGR, sin preparación, en pleno
desconocimiento del expediente, sin experiencia y además sin capacidad
cognoscitiva.
El relato
del reportero Arturo Ángel en Animal Político, sobre lo que atestiguó al acudir
a la audiencia inicial contra Javier Duarte ante el Juez de Control en el
Reclusorio Norte, Gerardo Moreno García,
es una crónica de pifias oficiales y oficiosas por parte de los tres fiscales,
para regocijo de los abogados del ex Gobernador y de él mismo, como de
desesperación y sorna por parte del Juzgador.
El Juez Moreno reprendió una y otra
vez a los tres fiscales ante la desinformación que sobre el caso padecieron,
además puso en duda la actuación de las instituciones, de la Procuraduría
General de la República al haberlos enviado sin fundamentos sobre el caso, y de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de donde no enviaron a un
representante a pesar que de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP
salió la investigación de la cual se genera la orden de aprehensión contra
Duarte por el desvío de 438 millones de pesos.
Al finalizar
la audiencia, anota el reportero, los
tres fiscales sólo pudieron acreditar, con mucho esfuerzo, el desvío de 38.5
millones de pesos de la Secretaría de Educación del Gobierno de Veracruz cuando
Duarte fue Gobernador.
La PGR la
titula Raúl Cervantes, y la SHCP, Antonio Meade, ambos muy cercanos al presidente
de la República, ambos también con intenciones de continuar en la carrera
política con la ayuda de Peña Nieto, el primero que va tras la Fiscalía General
de la Nación, el segundo aspira a la Presidencia de la República en la elección
de 2018.
Entonces tenemos a dos peñistas
Secretarios de Estado, investigando a un ex Gobernador priísta, señalado de
desviar del Gobierno de Veracruz, mil millones de pesos para la campaña de
Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República ¿Se puede esperar menos?
¿Puede el sistema político mexicano ser más cínico?
Esta situación de evidente colusión
en la audiencia inicial de Duarte por parte de las instituciones encargadas de
acusarlo, llamó la atención del Juez, tanto que directo les dijo a los tres
abogados del Ministerio Público que no los conocía, que era la primera ocasión
que los veía, que era evidente la dificultad que tenían para encontrar los
datos que la defensa les pedía, y cómo ante las preguntas de Duarte y los
suyos, cayeron en contradicciones hasta rebajar el desvío probado de 438
millones a 38.5 millones. También se sorprendió el Juez cómo a diferencia de
otros investigados en el caso de corrupción del Gobierno de Veracruz, esta
ocasión fueron personas sin preparación y faltó el representante de la Hacienda
Pública.
Leyendo la nota del reportero Arturo
Jorge, no se requiere ser experto en derecho para saber que tanto en la PGR
como en la SHCP fueron omisos en la audiencia, beneficiando con ello a la
defensa de Javier Duarte, quien ya no sonrió ni mantuvo su actitud guasona, sino que se comportó
con seriedad de abogado y junto a los suyos deshizo a los Fiscales.
Ante la burla de lo que fue la
audiencia inicial de Duarte, los mexicanos no terminarían de sorprenderse,
cuando una Juez de Distrito de Amparo concedió la suspensión provisional a dos
órdenes de aprehensión giradas por jueces de Veracruz contra Duarte por los
delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado,
tráfico de influencias, y coalición.
Si Duarte no
recupera la libertad ante la deficiente actuación del Ministerio Público y de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo hará por el Nuevo Sistema de
Justicia Penal, a menos claro, que, a diferencia de la actuación de las dos
instituciones en la audiencia inicial, finalmente logren probar el lavado de
dinero y la delincuencia organizada.
Los peñistas Raúl Cervantes y Antonio
Meade parecen operar con la incapacidad de los funcionarios que enviaron, o
dejaron de enviar a la audiencia, a favor de la defensa de Duarte, en el caso
de corrupción más grande del que se tenga conocimiento y prueba –hasta el
momento- en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y precisamente contra un Priísta
que, en su calidad de Gobernador, fue el más peñista de todos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.