El pasado 29 de junio, el gobernador
de Jalisco, Aristóteles Sandoval, anunció que retomará la construcción de la
presa El Zapotillo y que tendría una pared de concreto de 105 metros de altura,
pese a que hace cuatro años una resolución de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) ordenó que la obra tuviera un nivel no mayor a 80 metros, para
evitar la desaparición de tres poblados: Temacapulín, Acasico y Palmarejo.
“No los vamos a poner en riesgo, no
está en mis manos, no hay otra solución posible: una cortina de menos altura
(que salve de la inundación a las tres localidades) es un mito, es un falso
debate”, justificó el gobernador tras su anuncio.
En 2013, vecinos de Temacapulín
obtuvieron el amparo de la Suprema Corte que no impedía la construcción de la
presa, pero ordenaba mantener su pared de concreto en una altura máxima de 80
metros, con un límite de inundación para que estos poblados continuaran
existiendo. Las obras quedaron detenidas.
Con la presa
El Zapotillo se pretende acumular y llevar agua de la Cuenca del Río Verde a la
capital del estado, Guadalajara, así como a la vecina ciudad de León,
Guanajuato. Sin embargo, su construcción implicará que
tres comunidades queden sumergidas bajo el lago artificial.
El principal aval con el que
Aristóteles Sandoval defiende su decisión para retomar la obra es un estudio de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que concluyó que una presa de
tales dimensiones sí es viable en la zona, siempre y cuando los tres poblados
sean desmantelados.
El gobernador tomó estos dichos como una aprobación al proyecto sepultado hace
cuatro años, y anunció que la
construcción de El Zapotillo será hará con una cortina 25 metros más alta que
lo autorizado por la SCJN.
Explicó que
“recurrir a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
(UNOPS) permite que hoy, en mi gobierno, tomemos una postura oficial y
definitiva con respecto al conflicto de la cuenca del Río Verde”, es decir, que la presa se concluya, y que
alcance una altura de 105 metros.
Pero los pobladores de las tres
comunidades, agrupados en el “Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo“advirtieron
que el estudio de la ONU, en realidad, se trata de un documento no vinculante,
pagado por el mismo gobierno estatal.
Los habitantes de las comunidades
afectadas denunciaron que el gobernador de Jalisco pagó 4.6 millones de dólares
a la organización internacional por dicha resolución, monto que luego el mismo
Aristóteles Sandoval confirmó.
Además,
denunciaron que el estudio “a modo” solo tomó en cuenta variables técnicas
sobre la viabilidad de la obra, y nunca contempló variables sociales,
culturales ni ambientales. Según detallaron los pobladores, el nuevo diagnóstico ni siquiera consideró
anteriores posicionamientos que otros organismos de Naciones Unidas han dictado
en contra de la construcción de la presa El Zapotillo.
Otras
posturas en Naciones Unidas contra El Zapotillo.
En 2011, por ejemplo, el relator
especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier de
Schutter, denunció que a estas tres localidades “se les está ofreciendo una
nueva vivienda, pero a donde se les está proponiendo la reubicación es
imposible que continúen con sus prácticas agrícolas (…) En el derecho
internacional no se prohíben los desalojos a favor del interés público, pero
hay condiciones que se tienen que cumplir”, explicó.
Añadió que no se debe afectar los
medios de subsistencia, pero los pobladores aseguran que estos requisitos no se
están cumpliendo.
Otros
representantes de la ONU, que han demandado a las autoridades no imponer el
proyecto de El Zapotillo, son los relatores especiales sobre Vivienda, sobre
Derecho al Agua, el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos y la
Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos.
El pasado 8 de julio, de hecho, la
misma rectora del Centro Universitario de Los Altos de Jalisco (perteneciente a
la Universidad de Guadalajara), Mara Nadiezhda Robes, cuestionó los resultados
del estudio de UNOPS-gobierno del estado, y convocó a expertos de la UdeG, de
la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional
a realizar un nuevo estudio, independiente, “para llegar a conclusiones
científicamente verdaderas, pero que también concentren el principio de justicia
social: el agua no sólo es un problema biológico y técnico, también es un
problema social”.
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