Criaderos de zánganos.

Francisco Ortiz Pinchetti.

A salvo del escrutinio ciudadano y de los medios de comunicación, los congresos locales de las 32 entidades federativas de la República, encabezados por la Asamblea Legislativa de la capital, se han convertido en el más suculento botín de los políticos mexicanos. Ahí, un total de mil 125 diputados de todos los partidos medran “legalmente” a través de dietas, comisiones, bonos, igualas, apoyos de todo tipo, sin tener que rendir cuentas a nadie.

Y cada uno de esos zánganos nos cuesta a los mexicanos más de 12 millones de pesos al año. En promedio. Porque en el caso de la Ciudad de México cada Diputado local cuesta al erario 28.8 millones de pesos. Esta suma, para dar una idea, equivale a unos ¡360 mil salarios mínimos!

Además, los integrantes de nuestras legislaturas estatales tienen abiertas las posibilidades para “negocios” de todo tipo, al amparo de complicidades que les aseguran la impunidad, como el cobro de “moches” a alcaldes, el tráfico de subsidios y programas especiales, y la “limpia” de cuentas públicas, como quedó en evidencia recientemente con el video escándalo de San Luis Potosí.

Del despilfarro inaudito que implica el funcionamiento de esas entidades legislativas que navegan en la opacidad dio cuenta hace unos días el “Informe Legislativo 2017” realizado por Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Según el estudio recogido por SinEmbargo, agárrense, los congresos locales de México son los terceros más costosos e ineficaces del mundo, solo por debajo de Nigeria e Italia. Además, el presupuesto que se destina a cada Diputado es mayor al de países como Holanda, Francia y Colombia.

El documento analiza la composición, manejo de recursos y desempeño legislativo de los 32 congresos locales (31 congresos y una asamblea legislativa), tomando en cuenta el presupuesto anual de la dependencia y lo compara con algunos países del mundo. Y destaca que en los últimos 40 años el número de legisladores locales en México se triplicó, al pasar de 369 a mil 125 diputados.

El derroche es escandaloso: en el presente ejercicio los congresos locales ejercerán en conjunto unos 13 mil 660 millones de pesos, cifra superior al presupuesto anual asignado al estado de Baja California Sur, por ejemplo. Dicha cifra –un promedio de 402 millones de pesos por congreso al año– representa el presupuesto acumulado de 746 municipios del país en 2013. Y lo peor es que tamaña erogación no sirve para nada.

Adicionalmente, los congresos estatales gastaron en 2016 otros mil 355 millones de pesos en dádivas, señala el IMCO. Indica que 17 de ellos destinaron recursos para actividades no legislativas a cargo de los diputados locales, y que se etiquetan como “ayudas sociales”. Esas ayudas, por cierto, a menudo empleadas para promoción personal o partidista con fines electorales.

Los órganos legislativos estatales, además, están dominados generalmente por mayorías incondicionales del gobernador en turno y de su partido. El informe confirma al respecto que a pesar de que se supone son una pieza fundamental en el sistema de pesos y contrapesos, en 22 de ellos se aprobaron en 2016 más del 80 por ciento de las iniciativas del gobernador y de esos estados, ocho congresos aprobaron el 100 por ciento. Viles levanta dedos.

En el Informe se determina ineficiencia, rebase ilegal del monto asignado, discrecionalidad en los recursos y opacidad, al grado de que en dos terceras partes de los congresos no se hace público el Presupuesto de Egresos ni el número de leyes aprobadas en un año. Un saqueo.

La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México (ALDF aun) es el colmo del despilfarro y el cinismo. Cada legislador cuesta 28.8 millones de pesos anuales, casi el doble que uno federal. Tiene a 28 personas a su servicio y goza de prestaciones, recursos y canonjías prácticamente ilimitadas. Los coordinadores legislativos de los diferentes partidos manejan recursos millonarios a su arbitrio, sin rendir cuentas. Reparten comisiones, chambas, prebendas, proyectos, lo que acrecienta su fuerza política. Todo es dinero y poder.

Mantener a cada uno de esos diputados cuesta a cada capitalino 215.98 pesos al año, lo que la convierte en el congreso más caro de la República. Incluso, resulta más cara que los órganos legislativos de 97 naciones.

La ALDF tiene un presupuesto de mil 903 millones de pesos para 2017, 4.5 veces el promedio nacional, que está en 423 millones. Incluso, es más costosa por legislador comparada con las cámaras bajas de Japón, Israel, Alemania, Bélgica, Francia y otros 92 países.

Nuestros diputados locales de todo el país trabajan, en promedio, 81 días al año. Y es un decir. No es casual que, según el propio informe, sólo un 17 por ciento de los mexicanos se siente representado por su legislador. La inmensa mayoría ni lo conoce.

Lo más grave de todo es que además de ser madriguera de saqueadores, nuestros congresos estatales resultan inmejorable hábitat para la formación de nuestros políticos de todos los colores, los que mañana serán diputados federales, gobernadores, funcionarios públicos de alto nivel. Son la mejor escuela. Ahí, muy trajeaditos y olorosos a lavanda, aprenden las mañas, la manera de cobrar sin trabajar, la habilidad de negociar recursos, cargos y programas; la forma de adquirir tamaña cara dura para aparecer en público como paladines de la democracia, la justicia y la honestidad mientras hacen marranada y media en lo oscurito. Y se alistan para saltar a otro hueso.