El
hundimiento de una sección en el Paso Exprés Cuernavaca ocurrido el pasado 12
de julio, con saldo de dos personas muertas, puso al descubierto, una vez más, el tinglado de relaciones entre la
clase política y el reducido grupo de poderosos contratistas gubernamentales
con beneficios transexenales.
Favoritismo en contratos de obra y
otras prebendas de larga data, observaciones por corrupción que, cuando han
llegado a documentarse por instancias oficiales logran evadirse, son
características de Epccor S.A. de C.V., la versión más reciente del conglomerado
de la familia Gutiérrez Cortina, cuyo empoderamiento e impunidad se remonta al
salinismo.
Dicha
empresa, asociada con Aldesa –trasnacional de capital español que en años
recientes se ha visto implicada en el escándalo de donativos ilegales al Partido
Popular en su país de origen–, fueron las beneficiarias del contrato para
construir el Paso Exprés que, como la mayoría de las obras inauguradas por Peña
Nieto en lo que va de 2017, registró severas observaciones por corrupción.
En su edición 2112, correspondiente
al pasado 22 de abril, Proceso documentó que, de las obras inauguradas por Peña
Nieto en el primer trimestre del año, sólo escaparon a las observaciones que no
revisó la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El reportaje destacaba el Paso
Exprés, inaugurado por Peña Nieto el 5 de abril, como uno de los más
escandalosos, por el cúmulo de irregularidades.
Y es que, entre la adjudicación del contrato en
noviembre de 2014 y la entrega de la autopista en abril pasado, ocurrieron
numerosas irregularidades en la obra, las cuales causaron alrededor de 250
accidentes, provocaron la muerte de al menos 21 personas y dispararon el costo
del proyecto: de mil 45 millones de pesos acordados, la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) terminó pagando 2 mil 213 millones de pesos
(mdp).
Además, en
la revisión de la cuenta pública 2015,
la ASF detectó que la SCT autorizó pagos por 441 mdp, respecto a los cuales
detectó 270.5 mdp que debían recuperarse y 31.8 mdp erogados sin la
comprobación correspondiente. En total: 302.3 mdp, equivalentes a casi la
cuarta parte de los recursos asignados al Paso Exprés en 2015.
El monto de 270.5 mdp irregular
reflejó, según la ASF, sobrepagos a Aldesa y Epccor, modificaciones irregulares
de precios, así como pago de mano de obra, materiales y equipos injustificados.
No fue todo.
De acuerdo con testimonios recogidos en la zona aledaña al hundimiento, desde
hacía semanas se había puesto en alerta a la delegación estatal de la SCT y a
otras instancias gubernamentales de desperfectos por los que temían un derrumbe.
Fueron desoídos y, el jueves 13, al
plantearle a Peña Nieto lo anterior, sólo dijo que no adelantaría juicios y
suspendería a los responsables de supervisar e inspeccionar el desarrollo de la
obra en lo que transcurrían las investigaciones.
Para entonces,
el titular de la SCT, Gerardo Ruiz
Esparza y los contratistas ya habían ofrecido su propio juicio, su “verdad
histórica”.
Aldesa y
Epccor se deslindaron del mortal socavón. En un comunicado, el consorcio
aseveró que el incidente fue producto de las “intensas lluvias” que acumularon
basura y agua en una alcantarilla, lo que colapsó el sistema de drenaje y
provocó la grieta. Insistió en que no fueron responsables del incidente, pues
tanto la alcantarilla como el drenaje se encuentran “a más de 15 metros por
debajo de la autopista”. Exactamente la misma posición externada por Ruiz
Esparza en el lugar de los hechos y aun antes de que se consiguiera el rescate
de los dos cuerpos.
Largo
historial
Desde el sexenio de Carlos Salinas de
Gortari, la familia Gutiérrez Cortina, propietaria de Epccor, se ha visto
envuelta en escándalos de favoritismo, corrupción e impunidad.
Originarios de Aguascalientes,
relacionados con la elite salinista, durante aquel sexenio consiguieron
concesiones carreteras y hasta incursionaron en el rescate y culminación del
World Trade Center de la Ciudad de México, un episodio que terminó en pleito
con los dueños originales. Luego, ante la crisis de 1995, consiguieron ser
rescatados por el Fobaproa.
Junto con
Tribasa, la empresa de David Peñaloza, los
Gutiérrez Cortina a través de su empresa Gutsa, consiguieron la autopista
León-Lagos de Moreno (en asociación con ICA) y la Autopista del Sol (con
Tribasa).
Ampliamente
documentado por Proceso en los años noventa, las denuncias de la familia Suárez y De Paula, contra Gutsa, incluyeron
el señalamiento a salinistas hoy involucrados en el contratismo y al frente de
trasnacionales, así como de servicios y consultoría financieros.
Por ejemplo,
entre las presiones para vender su inversión, que los dueños originales del WTC
hicieron, destacaban las amenazas de Guillermo Ortiz, hasta hace poco alto
ejecutivo de Banorte, dirigida hoy por la familia Hank y convertida en la
principal prestamista gubernamental del país. También Carlos Ruiz Sacristán,
hoy directivo de Sempra Energy y miembro del consejo de administración de la
polémica española OHL México. Inclusive, Francisco de Paula, llegó a señalar un
parentesco político entre Aspe y los Gutiérrez Cortina, entre otros. (Proceso
1133)
El jerarca, Juan
Diego Gutiérrez Cortina, es suegro de Jaime del Conde Ureta, un político
hidrocálido relacionado con grupos ultraconservadores. Fue diputado federal por
el PAN de 2003 a 2006 y, posteriormente, suplente de Santiago Creel en el
Senado.
Fue justo en los albores del sexenio
foxista, cuando Gutiérrez Cortina con su empresa Gutsa, enfrentó uno de los
muchos escándalos que han marcado su trayectoria, cuando se detectaron
múltiples anomalías en la construcción y funcionamiento de la llamada
megabiblioteca José Vasconcelos fue cerrada temporalmente antes de que
transcurriera un año desde su apertura, “debido a que la cimentación del
edificio presentaba una complicación” (Proceso 1585).
Como ocurrió
con el Paso Exprés, la mega-biblioteca
se elevó de mil millones de pesos que se tenían programados a 2 mil 200 mdp. A
ese episodio siguió la construcción de la terminal para vuelos internacionales
(T2) del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
La revisión de la cuenta pública 2005
por la ASF encontró que la construcción de los edificios de la T2 registraba
omisiones y actos irregulares (Proceso 1589).
A lo
anterior siguió la primera
inhabilitación dictada por la secretaría de la Función Pública (SFP) contra
Gutsa, por irregularidades y pagos indebidos en obras de la Autopista del Sol
y, finalmente, devino escándalo la construcción de la Estela de Luz, una torre
proyectada por el gobierno de Felipe Calderón para conmemorar el Bicentenario.
Conocida entre los capitalinos como
“la Suavicrema” por su elemental trazo, la obra se le asignó a Gutsa por cerca
de 400 mdp, pero ni entregó a tiempo y el costo se duplicó. La sanción fue que
la empresa quedara inhabilitada hasta 2015.
Gutiérrez Cortina no se arredró y
unos meses después constituyó Epccor, la empresa con la que pronto regresó al
contratismo gubernamental al amparo del gobierno de Enrique Peña Nieto. El acta constitutiva, publicada por
Newsweek Aguascalientes, permite observar que ahora, junto con él, son
accionistas sus hijos Juan Diego, José Miguel e Ignacio Gutiérrez Sainz.
Ese medio
hidrocálido, dirigido por Manuel Appendini, ha dado un seguimiento puntual a otra de las obras obtenidas por
Epccor: la edificación del Nuevo Hospital Hidalgo, en Aguascalientes, que ya
también plantea irregularidades.
Lo mismo
ocurre con las principales obras obtenidas por Epccor, de acuerdo con los
informes de la ASF, por ejemplo, el
puente atirantado La Concordia en Chiapas, presenta un desfalco por 43 mdp.
En la última
década, Gutiérrez Cortina y sus hijos Juan Diego, José Miguel e Ignacio
Gutiérrez Sainz, incorporaron distintas empresas con los mismos apoderados, entre
ellos, Álvaro Alcántara Silva.
Constituyeron la empresa Concesiones
Integrales, S.A. de C.V. el 5 de diciembre de 2013. Apenas 72 horas después,
Rafael Moreno Valle, entonces gobernador de Puebla, entregó a esta empresa el
manejo del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP)
por 30 años, mediante una maniobra que muchos calificaron de ilegal.
En julio de
2014, la Procuraduría Federal del Consumidor clausuró las oficinas de la
empresa ante las repetidas quejas que recibió, motivadas por los incrementos
excesivos de las tarifas del agua, y en 2016, esta dependencia recibió 103
quejas contra la misma empresa –la cifra más alta de ese año–, por cobros
indebidos y negligencia en el servicio.
Aldesa, con
tufo mexiquense.
La española Aldesa, representada en
México por Agustín Tejedor Ureta, ingresó en el mercado mexicano en 2007,
durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, a través de una concesión para
construir y cobrar peajes en la carretera Arriaga – San Cristóbal de las Casas.
Un año más
tarde, obtuvo un magno contrato por 3
mil 453 millones de pesos para la construcción de la carretera Durango –
Mazatlán, aunque el costo resultó mucho mayor: en su página de Internet, la
empresa sostiene que el presupuesto de la obra se elevó a 6 mil millones de
pesos.
Al amparo de
contratos de obra pública y privada, los negocios de la empresa crecieron de
manera sostenida en el país, y en su reporte trimestral global de noviembre
pasado, Aldesa se presentó como una de las diez empresas constructoras más
importantes de España y de México.
En este
documento presumió que, durante los primeros nueve meses de 2016, sus
resultados de operación crecieron en un 24.3% en comparación con el mismo
periodo del año anterior: de 246 millones de euros en 2015, pasó a 306 millones
de euros el siguiente, una suma que supera 6 mil millones de pesos. Es más: de
acuerdo con este informe, el mercado mexicano se convirtió en su principal
fuente de negocios, incluso antes de España.
En 10 años de presencia en México, la
empresa obtuvo por lo menos 32 contratos del gobierno federal — principalmente
de la SCT, de Capufe y de la CFE– por un monto total que rebasa los 14 mil
millones de pesos.
Además, posee acciones en una veintena
de empresas que operan en 23 estados, según consultas a las bases de datos
públicas Compranet y el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT).
Participó, en numerosas obras de
carreteras –excavó túneles para la autopista Toluca – Naucalpan, concesionada a
Grupo Higa, empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú–, construyó terminales
aeroportuarios –en Los Cabos, Guadalajara y Cancún– y obtuvo contratos para
proyectos energéticos en Baja California Sur, Quintana Roo, Yucatán y Chiapas.
De entre los
polémicos contratistas mexiquenses, Hinojosa Cantú no es el único socio de
Aldesa, pues en Perú tiene proyectos con OHL.
Su relación con las administraciones
de Enrique Peña Nieto empezó en 2009, cuando el entonces gobernador mexiquense
le concedió la construcción de la sede del Tecnológico Esmeralda Bicentenario,
en Atizapán, por un costo superior a los 250 millones de pesos. La Universidad
Autónoma del Estado de México (UAEM) ocupa ahora el edificio.
En julio de
2015, la empresa –a través de su filial
Proacon– se asoció con Promotora y Desarrolladora de México (Prodemex)
–propiedad de Olegario Vázquez Aldir–, y juntas ganaron la licitación para
realizar la primera etapa de la ampliación de la polémica Línea 12 del metro de
la Ciudad de México, que unirá las estaciones de Mixcoac con Observatorio.
El contrato,
por mil 679 millones de pesos, establecía que los trabajos debían arrancar ocho
días después de la firma –realizada el mismo mes de julio–, y terminar el 31 de
diciembre de 2016. Sin embargo, pasaron nueve meses hasta que las máquinas
empezaran a excavar y en enero pasado faltaba todavía el 85% de las obras de la
primera etapa, indicó Edgar Tungüi, secretario de Obras y Servicios
capitalinos.
Otro megaproyecto del sexenio
otorgado a Aldesa fue la construcción de la primera etapa del Túnel Emisor
Poniente II, en el Estado de México.
El 3 de
enero de 2014, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio el contrato a la
constructora española, en consorcio con Regiomontana de Construcción y
Servicios, SAPI de CV –de Humberto Armenta González–, por mil 795 millones de pesos. Las obras debieron terminar en marzo
pasado, pero en junio les faltaba todavía un 10%.
Aldesa obtuvo un contrato de obra pública de mil
242 millones de pesos en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México (NAICM). En consorcio con el grupo mexiquense Jaguares Ingenieros
–dirigido por Moisés Zecua Muñoz–, la empresa española construirá la torre de
control del megaproyecto más destacado del sexenio de Peña Nieto.
En el NAICM,
Eppcor se asoció con Sacyr, otro gigante de la construcción español, para ganar
el contrato de instalación de la losa de cementación del Centro de Transporte
Terrestre. No sólo comparten proyectos objetivos, sino también prácticas y
fallas.
El pasado 25 de diciembre, dos trabes
de acero de 68 y 69 toneladas cayeron sobre el eje 20 del Distribuidor Vial
Alfredo del Mazo, escasos dos días después de haberse instaladas. Un motociclista murió aplastado. La obra estaba a cargo de Jaguares
Ingenieros y la SCT anunció enseguida que investigaría los hechos, como lo hizo
con el Paso Exprés.
El auge de
estas dos empresas en el sexenio es notable. Sólo por lo que corresponde a sus
contratos con la SCT se pudo establecer que, en lo que va del sexenio de Peña Nieto, Epccor consiguió 5 contratos
que suman mil 490 mdp, mientras que Aldesa, posee 13 contratos por un monto de
2 mil 900 mdp.
A partir de una revisión a la
información pública, fue posible saber que estas empresas tienen contratos con
Pemex, CFE y varias dependencias y entidades federales, pero no fue posible
determinar los montos de sus contratos ni el objeto, pues no aparecen en la
información que debe publicarse en el Portal de Obligaciones de Transparencia
ni en la plataforma Compranet.
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