En un documento de 15 cuartillas
enviado a la Secretaría General del Congreso de la Unión, la Fiscalía General
del Estado (FGE) solicitó un juicio de procedencia contra el exlíder estatal
del PRI, Alberto Silva Ramos, acusado de desviar más de mil 500 millones de
pesos cuando fungió como coordinador general de Comunicación Social del
exgobernador priista Javier Duarte de Ochoa.
En un
comunicado, la dependencia a cargo de Jorge Winckler Ortiz responsabilizó a Silva Ramos de desviar recursos públicos durante el periodo
comprendido entre 2014, 2015 y siete meses del 2016. Además, lo acusó de los
presuntos delitos de coalición, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber
legal.
Actualmente,
Alberto Silva -exsecretario de
Desarrollo Social y exsecretario particular de Duarte de Ochoa- despacha como
diputado federal del PRI, al lado de Tarek Abdalá, extesorero del exmandatario
veracruzano. Éste también tiene un juicio de procedencia iniciado por la FGE
pero que no prosperó en San Lázaro.
También es
compañero de curul de Jorge Carvallo -quien ocupó los mismos cargos que él como
secretario particular y de Desarrollo Social en la administración duartista-,
aunque hasta el momento no se le ha hecho ningún señalamiento de ilegalidad.
Incluso, comparte labor legislativa con Erick Lagos,
exsecretario de Gobierno duartista; Edgar Espinoso, oficial mayor de la
Secretaría de Educación estatal; y Tomás Landeros, exlegislador local priista.
Estos tres últimos son señalados por priistas de pactar con el gobierno de
Miguel Ángel Yunes para entregar información comprometedora de Duarte de Ochoa
a cambio de impunidad.
La FGE indicó que con Silva Ramos en Comunicación
Social se ordenó pagar a medios de comunicación y no reportar dichos gastos al
Congreso local la cantidad de mil 567 millones 771 mil 359 pesos y 50 centavos.
Según la dependencia, se desviaron recursos públicos para los que no existía
presupuesto suficiente.
Actualmente,
la primera coordinadora de Comunicación
Social que tuvo Duarte, Georgina Domínguez Colio, se encuentra bajo prisión
preventiva de un año, acusada de peculado, coalición y desvío de recursos
públicos. (Proceso 2117, “La vicegobernadora de Veracruz, también saqueó cuanto
quiso”).
Recluidos en el penal de Pacho Viejo
están el exsecretario de Seguridad Pública (SSP), Arturo Bermúdez Zurita; y el
exsecretario de Obras Públicas (SIOP), Francisco Valencia.
Vía
telefónica, asesores de Alberto Silva comentaron
a Apro que el juicio de procedencia aún no llegaba a su curul y que, por el
momento, el legislador priista y cercano colaborador de Javier Duarte se
abstendría de hacer declaraciones. No obstante, aclararon que “de ninguna manera
huiría del país.
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