El ombudsman estatal solicitó a la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres la declaración de la alerta de
género, debido a la inacción del gobierno estatal que ha permitido que este
problema haya crecido en la entidad de manera preocupante.
Y es que a pesar de que Oaxaca ocupa
el primer lugar a escala nacional en delitos cometidos contra la mujer, lo
preocupante es que no existe un registro sistematizado respecto del
comportamiento de la violencia contra ellas, además de que es evidente la falta
de datos estadísticos que podrían revelar la verdadera magnitud del fenómeno.
Arturo
Peimbert Calvo, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de
Oaxaca, formalizó en días pasados la solicitud para la declaratoria de la
alerta de violencia de género, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
32 y 33 fracciones I, II, III y IV del Reglamento a la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En respuesta, el Instituto Nacional
de las Mujeres (Inmujeres) ya inició una serie de acciones para la conformación
de un grupo de trabajo que deberá estudiar y analizar la situación que guarda
el territorio sobre el cual se señala que existe violación a los derechos
humanos de las mujeres.
En el documento, con copia al
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el ombudsman Peimbert
Calvo señaló que un contexto histórico de marginación, rezago, pobreza y
exclusión imperante en el estado generó un ambiente propicio para el incremento
de los índices de la violencia de género, sobre todo considerando que Oaxaca
ocupa el primer lugar a escala nacional en delitos cometidos contra la mujer.
También
considera que la falta de un registro sistematizado es un obstáculo que
dificulta la mejor comprensión de la problemática de la violencia de género.
En su
solicitud, Peimbert Calvo hace un
llamado urgentemente a las instancias y autoridades con injerencia en el tema,
al tiempo que también hace suyas las constantes exigencias de las mujeres, de
activistas y feministas y de la sociedad civil organizada, con el fin de que se
adopten las medidas pertinentes para prevenir, investigar y sancionar las
conductas delictivas relacionadas con la violencia de género en la entidad.
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